Demandan desechar iniciativa de cambios constitucionales sobre derechos humanos

Demandan desechar iniciativa de cambios constitucionales sobre derechos humanos

El priísta Francisco Arroyo pretende degradar tratados internacionales en la materia

Emir Olivares Alonso

 

Periódico La Jornada
Martes 8 de enero de 2013, p. 11

Defensores de las garantías fundamentales demandaron a los diputados federales desechar la propuesta de modificación al artículo primero de la Constitución presentada por el legislador Francisco Arroyo Vieyra (PRI), porque pone en peligro los avances logrados con la reforma de derechos humanos de 2011.

En un pronunciamiento público difundido a través de diferentes plataformas tecnológicas, más de 120 personalidades relacionadas con la defensa de estas garantías y decenas de organismos civiles calificaron deregresiva la iniciativa del priísta.

Los signatarios del documento dirigido a los legisladores detallan que la propuesta de reforma plantea que en caso de existir contradicción entre la Constitución y los tratados internacionales de los que México sea parte –que la misma Suprema Corte puso a nivel de la Carta Magna– en materia de derechos humanos, debe prevalecer el texto constitucional.

Personalidades como Miguel Concha, John Ackerman, Gloria Ramírez, Édgar Cortez, Rolando Cordera, Santiago Corcuera, Miguel Sarre, Michel Salas, y organismos como la Cátedra Unesco de Derechos Humanos de la UNAM, el Centro Miguel Agustín Pro Juárez y la Red Todos los Derechos para Todas y Todos, entre otros, resaltaron que las reformas constitucionales en materia de derechos humanos del 10 de junio de 2011 “representan un cambio de enorme relevancia para el sistema de protección y garantía de esos derechos en nuestro país.

“No es una exageración cuando se dice que el nuevo texto del artículo primero implica un ‘cambio de paradigma’ sobre el entendimiento de los derechos humanos como límite y obligación al poder público, pues incorpora al texto constitucional una serie de reglas y criterios de interpretación que deberán atender todas las autoridades en sus relaciones con los particulares.”

Las modificaciones de 2011 alcanzanuna sistematización jurídica de todas aquellas normas que tienen carácter fundamental por tratarse de derechos humanos y que no se encuentran en el texto principal. Ello implica que las garantías reconocidas por la vía de tratados, y que ya forman parte del orden jurídico mexicano, adquieren protección y reconocimiento constitucional.

Para quienes firman el documento la iniciativa del diputado priísta establece una jerarquía legal para la interpretación, “con lo cual retrocede en el avance normativo al dejar de garantizar la protección más amplia para la persona y deja sin sentido el reconocimiento constitucional del principio pro personaey la interpretación conforme a tratados, pues, al establecer que debe prevalecer el texto constitucional, desnaturaliza y nulifica los criterios constitucionales de interpretación”.

Asimismo, retrocede en el número y la amplitud de la protección de las garantías fundamentales reconocidas, ya que con dicha reforma sólo existirán para todos fines prácticos los que estén reconocidos en la Constitución; contraviene el principio constitucional de progresividad en la interpretación de las obligaciones de garantizar, promover, proteger y respetar esos derechos, y excluye a la Constitución Mexicana del grupo de cartas magna de avanzada en América