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viernes, 1 de febrero de 2013

Comienza juicio a 54 capturados en la Costa Chica




Comienza juicio a 54 capturados en la Costa Chica
Acuerdan no revelar identidad de víctimas ni de testigos
Se respetarán garantías, aseguran
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Cincuenta y cuatro personas acusadas de diversos delitos fueron presentadas ayer ante una asamblea comunitaria en el ejido El Mezón, municipio de Ayutla, GuerreroFoto Víctor Camacho y Sergio Ocampo
Sergio Ocampo Arista
Corresponsal
Periódico La Jornada
Viernes 1º de febrero de 2013, p. 39
Ayutla de los Libres, Gro., 31 de enero.Representantes de 69 comunidades de seis municipios de la Costa Chica crearon hoy el tribunal popular que juzgará a las 54 personas presuntamente vinculadas con la delincuencia organizada que fueron detenidas en retenes que los pobladores de Ayutla de los Libres y Tecoanapa instalaron el 6 de enero.
En una asamblea efectuada en la comunidad El Mezón, habitantes y autoridades de los municipios de Ayutla de los Libres, Tecoanapa, San Marcos, Cruz Grande, Copala y Cuautepec acordaron que el 22 de febrero se inicie el desahogo de pruebas a favor y en contra de los detenidos, en el poblado de Buenavista.
Luego de presentar a cada uno de los detenidos y mencionar los delitos que se les imputan, una mujer leyó ante pobladores, comisarios municipales y ejidales, comandantes y policías ciudadanos, que los acusados serán juzgados en juicio público que se inicia el día de hoy. Su actuación se regirá por los principios de inmediatez, oralidad, imparcialidad e independencia, y con pleno respeto a los derechos humanos.
Descartan penas corporales
El tribunal, dijo, “recibirá las pruebas, testimonios, documentos y demás pruebas de cargo que presentarán las víctimas, y por razones de seguridad, la identidad de las víctimas y testigos se mantendrá en reserva. Los detenidos rendirán su declaración y presentarán las pruebas que demuestren su inocencia, y sus familiares podrán fungir como defensores, aportando los elementos de prueba y haciendo los alegatos.
“Al término de las exposiciones orales de las partes y de la aportación de sus pruebas, el tribunal sesionará el tiempo necesario y presentará su veredicto, condenando o absolviendo a los detenidos. El tribunal popular será el único facultado para la imposición de las penas, quedando estrictamente prohibido imponer sanción corporal alguna.
Los detenidos que resulten culpables serán llevados a un proceso de reeducación itinerante en los pueblos que conformen nuestro movimiento por el tiempo que determine nuestro tribunal, previo juicio popular, concluyó.
Aguirre anuncia comisión oficial
En Chilpancingo, el gobernador Ángel Aguirre Rivero anunció que este viernes se instalará una comisión para la paz y desarrollo de los pueblos indígenas, en particular para analizar “la entrega de los (54) detenidos que se encuentran en el municipio de Ayutla, particularmente en El Mezón, donde de acuerdo con sus usos y costumbres habrán de presentar a estas personas que, dicen ellos, cometieron diversos delitos, y que deberán de ser sometidos a las leyes y a las instituciones debidamente establecidas.
Hoy por la mañana tuve una plática con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, con quien acordé constituir esta comisión. El gobierno federal va a designar a Jaime Martínez Veloz como enlace con los pueblos indígenas, adelantó.
Aseguró que esta comisión, que se instalará en Casa Guerrero, es una propuesta aceptada por la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, esta última con influencia en la Costa Chica. En ella participarán también los alcaldes de esos municipios.
Sin embargo, solicitó a los representantes de esas comunidades que designen una comisión que dé seguimiento al proceso al que serán sometidos los detenidos, para que éstos tengan garantía plena, y a los que no se demuestre algún delito tendrán que liberarlos de inmediato.
Aguirre aseguró también que ya está lista la redacción del decreto que enviará al Congreso del estado, mediante el cual se dará legalidad a las policías comunitarias como coadyuvantes en labores de seguridad

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