iudad de México.- El crimen organizado, autoridades migratorias, e incluso la policía, se aprovechan de la vulnerabilidad de los migrantes, especialmente de los indocumentados que a su paso por el país son víctimas de violaciones como secuestro, robo, extorsiones, abuso sexual, trata, tráfico y hasta asesinatos.
Los estados de Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Veracruz, Tamaulipas, Sonora y Baja California, son los que representan mayor riesgo en la ruta de los migrantes para llegar a los Estados Unidos.
De acuerdo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y organismos no gubernamentales como Amnistía Internacional y el albergue Hermanos en el Camino, concuerdan con que el secuestro es el principal peligro que enfrentan los migrantes. Y la organización Movimiento Migratorio Mesoamericano, indica que 3 de cada 10 casos de violencia y delitos contra migrantes se cometen entre Orizaba y Córdoba, en Veracruz.
La CNDH señala que entre septiembre del 2008 y febrero del 2009 fueron secuestrados 9 mil 758 migrantes; llegaron a 11 mil 33 los secuestrados entre abril y septiembre del 2010, cifra que representa un 74% más que todos los secuestros denunciados en México de 2006 a 2012.
En la propuesta de un punto de acuerdo, la senadora panista Mariana Gómez del Campo Gurza, al que se sumaron los legisladores Humberto Mayans, del PRI; Adán Augusto López, del PRD; Layda Sansores Sanromán, de Movimiento Ciudadano y Ana Gabriela Guevara, del PT, demandan el establecimiento de una Fiscalía Especial que investigue y persiga los delitos contra migrantes.
"Se habla de que rescatan a migrantes secuestrados, pero no hay un sólo caso de detenidos", dijo la legisladora campechana de Movimiento Ciudadano, Layda Sansores.
"Queremos que sea una Fiscalía autónoma, con mayores facultades, porque ahora no se investigan ni castigan los delitos contra migrantes", precisó.
En el punto de acuerdo que se presentará ante la Comisión Permanente, se cita que según datos del Instituto Nacional de Migración, entre 2007 y 2010 ingresaron por la zona sur 1.9 millones de personas, de los cuales 657 mil lo hicieron de manera irregular y en 2010 fueron cerca de 140 mil personas.
En el documento se cita la masacre ocurrida en el municipio de San Fernando, Tamaulipas en agosto del 2010 cuando sicarios secuestraron a un grupo de migrantes que viajaban en camiones con miras a reclutarlos y que ante su negativa, 72 de ellos fueron asesinados. A más de dos años de este suceso, sigue sin esclarecerse.
En el caso de las mujeres migrantes, los datos son alarmantes. Según Amnistía Internacional, 6 de cada 10 mujeres migrantes sufren abuso sexual durante su viaje a los Estados Unidos.
De acuerdo al Instituto de Derechos Humanos "Ignacio Ellacuría", de la Universidad Iberoamericana, la principal violación que sufren las mujeres migrantes se relaciona con el abuso sexual. La mayoría provienen de Honduras, El Salvador y Guatemala y sus edades oscilan entre los 14 y 18 años. Otro grupo importante es el de los 24 a 34 años de edad.
Los senadores precisan que a pesar de los maltratos físicos y sicológicos de que son objeto los migrantes, no están dispuestos a denunciar las violaciones, debido al temor que tienen de que sean las mismas autoridades las que los deporten.
Pero además, en el país hay ausencia de reglas precisas que permitan a los migrantes contar con un debido proceso y representación legal sin costo.
Si bien algunos estados ya crearon comisiones, procuradurías y/o fiscalías especializadas con el fin de proteger los derechos humanos de los migrantes en su cruce por el territorio nacional, dichos esfuerzos no son del todo exitosos debido a la falta de coordinación interinstitucional y por la falta de una Fiscalía Especializada responsable de atender, investigar y sancionar de manera eficaz y expedita a los responsables de la comisión de delitos en contra de este grupo vulnerable.
El punto de acuerdo exhorta al Procurador General de la República para que a la brevedad y de acuerdo a sus facultades, emita el acuerdo de creación de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos en contra de los Migrantes
Los estados de Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Veracruz, Tamaulipas, Sonora y Baja California, son los que representan mayor riesgo en la ruta de los migrantes para llegar a los Estados Unidos.
De acuerdo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y organismos no gubernamentales como Amnistía Internacional y el albergue Hermanos en el Camino, concuerdan con que el secuestro es el principal peligro que enfrentan los migrantes. Y la organización Movimiento Migratorio Mesoamericano, indica que 3 de cada 10 casos de violencia y delitos contra migrantes se cometen entre Orizaba y Córdoba, en Veracruz.
La CNDH señala que entre septiembre del 2008 y febrero del 2009 fueron secuestrados 9 mil 758 migrantes; llegaron a 11 mil 33 los secuestrados entre abril y septiembre del 2010, cifra que representa un 74% más que todos los secuestros denunciados en México de 2006 a 2012.
En la propuesta de un punto de acuerdo, la senadora panista Mariana Gómez del Campo Gurza, al que se sumaron los legisladores Humberto Mayans, del PRI; Adán Augusto López, del PRD; Layda Sansores Sanromán, de Movimiento Ciudadano y Ana Gabriela Guevara, del PT, demandan el establecimiento de una Fiscalía Especial que investigue y persiga los delitos contra migrantes.
"Se habla de que rescatan a migrantes secuestrados, pero no hay un sólo caso de detenidos", dijo la legisladora campechana de Movimiento Ciudadano, Layda Sansores.
"Queremos que sea una Fiscalía autónoma, con mayores facultades, porque ahora no se investigan ni castigan los delitos contra migrantes", precisó.
En el punto de acuerdo que se presentará ante la Comisión Permanente, se cita que según datos del Instituto Nacional de Migración, entre 2007 y 2010 ingresaron por la zona sur 1.9 millones de personas, de los cuales 657 mil lo hicieron de manera irregular y en 2010 fueron cerca de 140 mil personas.
En el documento se cita la masacre ocurrida en el municipio de San Fernando, Tamaulipas en agosto del 2010 cuando sicarios secuestraron a un grupo de migrantes que viajaban en camiones con miras a reclutarlos y que ante su negativa, 72 de ellos fueron asesinados. A más de dos años de este suceso, sigue sin esclarecerse.
En el caso de las mujeres migrantes, los datos son alarmantes. Según Amnistía Internacional, 6 de cada 10 mujeres migrantes sufren abuso sexual durante su viaje a los Estados Unidos.
De acuerdo al Instituto de Derechos Humanos "Ignacio Ellacuría", de la Universidad Iberoamericana, la principal violación que sufren las mujeres migrantes se relaciona con el abuso sexual. La mayoría provienen de Honduras, El Salvador y Guatemala y sus edades oscilan entre los 14 y 18 años. Otro grupo importante es el de los 24 a 34 años de edad.
Los senadores precisan que a pesar de los maltratos físicos y sicológicos de que son objeto los migrantes, no están dispuestos a denunciar las violaciones, debido al temor que tienen de que sean las mismas autoridades las que los deporten.
Pero además, en el país hay ausencia de reglas precisas que permitan a los migrantes contar con un debido proceso y representación legal sin costo.
Si bien algunos estados ya crearon comisiones, procuradurías y/o fiscalías especializadas con el fin de proteger los derechos humanos de los migrantes en su cruce por el territorio nacional, dichos esfuerzos no son del todo exitosos debido a la falta de coordinación interinstitucional y por la falta de una Fiscalía Especializada responsable de atender, investigar y sancionar de manera eficaz y expedita a los responsables de la comisión de delitos en contra de este grupo vulnerable.
El punto de acuerdo exhorta al Procurador General de la República para que a la brevedad y de acuerdo a sus facultades, emita el acuerdo de creación de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos en contra de los Migrantes
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