Batres ofrece apoyo a trabajadores de Mexicana

El dirigente de Izquierda Social del PRD, Martí Batres Guadarrama, ofreció a los trabajadores de Mexicana de Aviación, quienes se mantienen en plantón frente a la SCT desde hace un año, ser el vínculo con partidos de izquierda, movimientos sociales y sindicatos para mantener la lucha por la reactivación de la aerolínea y la recuperación de sus empleos.

Al visitar el campamento, como dirigente social vinculado al Movimiento Regeneración Nacional que dirige Andrés Manuel López Obrador, Batres se comprometió también a buscar algunos apoyos para ayudar a las trabajadoras que son madres de hijos pequeños y que tras un año sin ingresos desde que se declaró la quiebra de la empresa, enfrentan situaciones complicadas.

En entrevista, el ex secretario de Desarrollo Social y aspirante a la candidatura para jefe de Gobierno advirtió que elegir un mal candidato a dicho cargo podría generar riesgos a la izquierda para volver a ganar el Distrito Federal.

Dijo que son tres las condiciones para volver a ganar la ciudad: buen programa, buen candidato y la unidad de todas las izquierdas.

Presuntos paramilitares asesinan a comunero y activista en Michoacán

De 2008 a la fecha han sido ultimados 23 campesinos nahuas, según organizaciones civiles

En imagen de archivo, Pedro Leyva Domínguez, activista asesinado ayer en las inmediaciones del territorio recuperado de Xayakalan, MichoacánFoto Arturo Campos Cedillo

Ernesto Martínez Elorriaga y Raúl Torres

Corresponsal y La Jornada Michoacán

Periódico La Jornada
Sábado 8 de octubre de 2011, p. 27

Morelia, Mich., 7 de octubre. La comisión por la defensa de los bienes comunales de la población nahua de Santa María Ostula, municipio de Aquila, informó que el activista Pedro Leyva Domínguez, participante en la lucha por la recuperación de tierras contra los pequeños propietarios de la comunidad de La Placita, fue asesinado la noche del jueves por un grupo de paramilitares.

El cuerpo del miembro de la guardia comunal de Ostula, y representante ante el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, fue encontrado en el poblado de Xayakalan, perteneciente al predio que los comuneros de Ostula recuperaron el 29 de junio de 2009, tras una larga lucha con los pequeños propietarios.

El crimen de Leyva Domínguez ocurre a unos días que la comunidad concluya una consulta interna a fin de de analizar y tomar decisiones en torno de la negociación que el gobierno de Michoacán y la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), mediante el Programa de Atención a Conflictos Sociales del Medio Rural, sostienen con las partes para intentar dar certeza jurídica al poblado, sobre la posesión y propiedad del territorio y lograr una compensación económica a los pequeños propietarios que se dicen afectados.

Sin embargo, la consulta en Santa María Ostula no ha podido ser concluida, debido a la ola de violencia que se ha desatado contra sus líderes, por lo que en la comunidad se reorganizó la policía comunitaria tradicional y se nombró una guardia comunal ejercer su derecho a la autodefensa.

La comunidad ha denunciado acciones de contrainsurgencia a manos de grupos de narcotraficantes, paramilitares y policías; además, acusa que existe una fuerte presión para obligarlos a abandonar las tierras recuperadas y romper el acuerdo de asamblea que determinó no permitir la instalación de casillas en la comunidad durante los comicios del próximo 13 de noviembre noviembre para renovar la gubernatura, el Congreso y 113 ayuntamientos.

El pasado 27 de octubre, Leyva Domínguez asistió a la ciudad de México a una audiencia con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y diversas organizaciones, como las que integran la Red Nacional Todos los Derechos para Todos, la Asociación Nacional de Abogados Democráticos y los representante de los gobiernos federal y estatal de Michoacán, a fin de abordar, entre otros temas, el de la seguridad de las autoridades comuni-tarias, debido al temor y riesgo que enfrentan desde que se recuperó el territorio de Xayakalan.

Más de dos años de crímenes

El comunicado de la comisión señala que Leyva Domínguez fue cobardemente asesinado por paramilitares que operan en la región al servicio de los grupos de la delincuencia organizada, que desde hace más de dos años persiguen, asesinan y desaparecen a integrantes de la comunidad y de los pueblos vecinos con total impunidad.

La violencia y las agresiones contra los miembros de la comunidad nahua de Santa María Ostula continúan ante los ojos cómplices de los gobiernos federal, estatal y local, sostiene.

En un comunicado, la Agrupación Jalisciense de Apoyo a Grupos Indígenas exigió que el gobierno de Michoacán y el federal cumplir con las medidas dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, referente a la presentación con vida de los desaparecidos.

Además solicitaron que cese el hostigamiento militar y paramilitar contra líderes del poblado y las autoridades civiles y agrarias, y que el Programa de Atención a Conflictos Sociales del Medio Rural de la Secretaría de la Reforma Agraria finalmente dé solución al conflicto.

De la misma forma pidió garantías para la operación de la policía comunitaria y su guardia comunal y se respete la decisión de los nahuas de Ostula de no participar en el proceso electoral de Michoacán.

Origen del conflicto

El conflicto tuvo su origen en la ejecución de un fallo presidencial de 1964 que dotó a Santa María Ostula de 19 mil 32 hectáreas, entre las que se incluyeron presuntas propiedades particulares, sobre las cuales los comuneros realizaron actos de dominio en 2003.

En respuesta, los pequeños propietarios interpusieron una controversia agraria en el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 38, con sede en la ciudad de Colima, por 359 hectáreas.

El tribunal determinó que se debían respetar 277 hectáreas a los propietarios particulares por haber acreditado su tenencia con escrituras, pero también ordenó entregar a la comunidad 83 hectáreas en poder de los particulares.

Ambas partes se inconformaron e interpusieron recurso de revisión en el Tribunal Superior Agrario, que confirmó su sentencia. La comunidad promovió amparo ante el quinto tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito, que ordenó al Tribunal Superior Agrario reponer el procedimiento, el cual actualmente se encuentra en trámite.

Cabe señalar que según organizaciones civiles de julio de 2008 a la fecha han sido privados de la vida 23 comuneros nahuas. Además, han sido secuestrados o desaparecidos de febrero de 2010 a la fecha, Gerardo Vera Orcino, Javier Martínez Robles, Francisco de Asís Manuel, Máximo Magno Valladares y Enrique Domínguez

Asumirá la CNDH caso de presa por homonimia

Culiacán, Sin. La Comisión Estatal de Derechos Humanos turnó a la CNDH el caso de Graciana Meza Beltrán, quien estuvo presa tres meses por tener el mismo nombre de una persona involucrada en delitos contra la salud. Juan José Ríos Estavillo, presidente del organismo, señaló que hay elementos para presumir que hubo anomalías en el proceder de agentes federales adscritos a la Procuraduría General de la República, y del Ministerio Público, por no investigar ni detectar que se trató de una homonimia.

Exhiben anomalías de ex líder priísta

Chihuahua, Chih., 7 de octubre. Un diario local publicó este viernes una lista de 14 propiedades, que supuestamente tienen un valor superior a 50 millones de pesos, registradas a nombre de los hijos de Noel Salgueiro Nevárez, el mismo día y en la notaría pública número tres, cuyo titular es el ex dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y ex secretario general de Gobierno Sergio Granados.

Por segundo día consecutivo fueron colocados narcomensajes en distintos puntos de la capital en relación con la detención de El Flaco Salgueiro, lugarteniente de Joaquín Guzmán Loera, en los cuales se acusa a policías estatales y municipales de brindarle protección y participar en los levantones y ejecuciones ordenados por el cártel de Sinaloa.

El Diario de Chihuahua documentó que el 30 de enero de 2007 fueron inscritas en el Registro Público de la Propiedad 14 propiedades a nombre de tres hijos de Noel Salgueiro, correspondientes al fraccionamiento de un predio de más de 900 hectáreas ubicado en el ejido Nombre de Dios.

Todo el trámite lo realizó la notaría tres, de Sergio Granados, y quedó registrado en marzo de 2008, cuando el notario ya fungía como secretario general de Gobierno en la administración de José Reyes Baeza Terrazas y había iniciado la Operación Conjunta Chihuahua.

Interrogado sobre el asunto, el gobernador César Duarte aseveró que su gobierno coadyuvará con la Procuraduría General de la República a ubicar todas las operaciones que había efectuado Noel Salgueiro en la entidad y a profundizar en las investigaciones.

Este viernes, en la capital, fueron colocadas dos mantas más, en las cuales el cártel de Juárez señala e identifica por apellidos a varios mandos policiacos estatales y municipales en la protección de las actividades delincuenciales de Salgueiro.

Los mensajes, colocados en la cerca de un centro de espectáculos en la avenida Tecnológico y otro en la avenida Los Nogales, ambas de alta circulación vehicular, dicen: “Colaboradores del gobierno corruptos que están en la nómina del cártel de Sinaloa realizan levantones bajo las órdenes directas de la célula del Flaco Salgueiro: Aguilera y sus hijos, Solares, Valencia Rocha, Ranulfo, hermanos Ituarte, De Santiago Zúñiga, Segovia, Eleazar Rascón Payín. Elementos del grupo Gamma: Rentería, Huerta Versosa y Javier Díaz. Y nuestras autoridades lo siguen ocultando. Atte. NCJ

Valls: las reformas sobre derechos humanos abonan a la democratización

Con las reformas constitucionales en materia de amparo y derechos humanos el Poder Judicial Federal (PJF) tiene y tendrá un papel fundamental en la búsqueda por alcanzar una auténtica democratización y acceso universal a la justicia en el país, aseveró el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Sergio Valls Hernández.

Al ofrecer la conferencia magistral Las recientes reformas constitucionales en materia de derechos humanos, en la Universidad Autónoma del Estado de México, el ministro señaló que para concretar este papel fundamental del PJF los jueces tenemos la importante, trascendente e ineludible encomienda de aplicar las reformas bajo los principios en materia de derechos humanos y cumpliendo con las obligaciones que como autoridades tenemos.

Señaló que la relación entre el Poder Judicial Federal y los jueces locales debe darse bajo los principios de independencia, ética y respeto mutuo, por lo que es tarea de todos los jueces prepararse para resolver de la mejor manera los problemas que se presenten, a fin de servir a la ciudadanía, toda vez que el futuro del nuevo amparo está en la interpretación congruente que hagan en cada caso que les toque conocer.

El ministro explicó que tras las nuevas reformas constitucionales en la materia el papel de los jueces ya no implica la simple aplicación de la ley, sino el deber de velar por el respeto a los derechos humanos de todas las personas; sin embargo, aclaró, esto no lo podemos hacer suplantando las funciones del legislador o del poder constituyente.

Valls subrayó que, en principio, esta tarea puede parecer intimidante, ya que la realidad hizo cambiar nuestro esquema de resolución de conflictos y hace adecuarnos a un nuevo sistema.

Para ampliar su argumento citó al constitucionalista italiano Gustavo Zagrebelsky: Los jueces debemos tomar una actitud de modestia respecto de las experiencias de otros, en relación con nuestros problemas. No creer que estamos solos en nuestro camino como jueces y presumir que somos los mejores. Debemos tomar una posición de prudencia para aprender de los éxitos y los errores de los demás.

Bajo este presupuesto, dijo, la jurisprudencia supranacional no implica la degradación del sistema jurídico, sino un complemento en beneficio de los derechos humanos

Se suman otros dos indígenas a la huelga de hambre de presos de la otra campaña

San Cristóbal de las Casas, Chis., 7 de octubre. Este viernes cumplen nueve días en huelga de hambre los presos indígenas de la otra campaña en el Centro de Reinserción Social de Sentenciados (Cerss) número 5 de este municipio. A las siete personas en ayuno total desde el 29 de septiembre, y cuatro en ayuno de 12 horas diarias, se han sumado dos, una en el Cerss 14 de Cintalapa (El Amate) y otra en el Cerss 6 de Motozintla.

La asamblea de adherentes a la otra campaña en Chiapas se pronunció este jueves por la liberación de los presos en lucha, quienes permanecen en el patio del penal sin ingerir alimentos. El pasado día 3, Juan Collazo Jiménez, preso en Motozintla y miembro de los Solidarios de la Voz del Amate, y Enrique Gómez Hernández, de la misma organización en el penal del Amate, se declararon en ayuno y se sumaron a las exigencias los los huelguistas.

La otra campaña denuncia en particular el acoso y las amenazas que está sufriendo Rosa López Díaz por parte de funcionarios del Cerss 5 y de la Fiscalía Especializada en Protección a los Derechos de la Mujer. Es intimidada con la intención de que desista del ayuno, y la amenazan constantemente con quitarle a su hijo de dos años y tres meses de edad, quien vive con ella en el penal. La presionan fotografiándola y la condicionan para que firme papeles cuyo contenido desconoce.

Queremos dejar constancia del trato vejatorio y arbitrario que nuestros compañeros han padecido en prisión en el transcurso de los años de encierro. La dispersión, la mala alimentación, el inadecuado acondicionamiento de las instalaciones penitenciarias, el régimen de hacinamiento. También [queremos] denunciar el hecho de que todos fueron brutalmente torturados durante su detención, y casi siempre repitiéndose el mismo patrón de golpes, amenazas; cubrirles el rostro para crear mayor desorientación e impacto sicológico; bolsas de plástico en la cabeza con intención de asfixiarlos, y como culminación, descargas eléctricas.

La asamblea de adherentes chiapanecos a la otra campaña subraya que los derechos de estos reclusos fueron completamente violados durante sus declaraciones en el Ministerio Publico, no tuvieron acceso a un abogado ni a traductores que conociesen su lengua y sus costumbres.

La otra campaña se pronuncia por la liberación de los presos de la Voz del Amate, Solidarios con la Voz del Amate, Voces Inocentes y de la comunidad organizada de Mitzitón, haciendo énfasis en la liberación del profesor Alberto Patishtán Gómez, privado de libertad desde hace más de 11 años por delitos que jamás cometió y que fueron prefabricados desde instancias gubernamentales.

Prohibición levantada

Por su parte, los presos que realizan la protesta denunciaron en un manuscrito que las autoridades carcelarias han impedido la visita de médicos para valorar el estado físico de los ayunantes. El director del Cerss sancristobalense argumentaba que cumple órdenes del subsecretario general de los Cerss, pero esta mañana, el vocero de la Voz del Amate, Alberto Patishtán, informó vía telefónica que al parecer dicha prohibición fue levantada.

Seguiremos adelante, sostuvo el vocero tzotzil, pues nuestra misión es decir la verdad. En referencia a las expresiones de solidaridad que han recibido de Francia, el España, Estados Unidos y nuestro país, llamó a sus simpatizantes a no cansarse. Todos estamos invitados a defender al ser humano, a seguir trabajando por ese lado porque en cada esquina están las injusticias, como es el caso de los encarcelamientos que impugnan con su protesta

BAILE DEL GOBIERNO LEGÍTIMO‏

ompañer@:

Te envío la invitación para el baile del Gobierno Legítimo que celebra el día viernes 14 de octubre a partir de las 20:30 horas, con la intención de recabar fondos. El costo es de $100.00 cada uno.

El evento es en el Salón Icaro ubicado en Amado Nervo esquina Lauro Aguirre, Col. Agricultura a una cuadra del mero Normal.

Si te interesa tengo boletos en la Cámara estoy en el edificio B, 1 en el PT, por esta esta vía o al 54225004 o con Lucia Galán en el 42124417 en las oficinas de San Luis Potosí 71, Col. Roma.

Es una muy noble causa. Asiste y diviértete.

Saludos, Josefa

CARTON DE LA JORNADA

El Estado no debe comprometerse moralmente para salvaguardar derechos humanos: ombudsman

Inauguran seminario para reflexionar sobre el principio y el final de la vida Guillermo Montalvo Fuentes Foto: Guilermo Montalvo Fuentes México DF, septiembre 27 de 2011. Para salvaguardar los derechos humanos de todas y todos es fundamental que el Estado no se comprometa moralmente con una posición, lo que quiere decir que debe estar por encima, al lado o por debajo de la moral pública, para que así sean respetadas todas las posibles morales coexistentes en una sociedad como la nuestra, aseguró el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Luis González Placencia. El titular del organismo subrayó que en materia de interrupción legal del embarazo, eutanasia, suicidio asistido y maternidad subrogada, es derecho de las personas decidir y no del Estado a través de imposiciones. Por tal motivo, señaló que pronunciamientos como el hecho recientemente por Felipe Calderón, Jefe del Ejecutivo facional, “polarizan” a la sociedad, cuando al contrario, dijo González Placencia, es necesario armonizar una posición clara de respeto a los derechos fundamentales. Cabe recordar que recientemente Calderón Hinojosa manifestó una postura de “privilegio a la vida”, en torno al debate que se lleva a cabo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y donde se discute acerca de la inconstitucionalidad de las reformas en los estados de Baja California y San Luis Potosí, las cuales cierran la posibilidad a la interrupción legal del embarazo en sus territorios. Las declaraciones del ombudsman capitalino surgieron durante la inauguración del seminario interdisciplinario “Reflexiones éticas acerca del principio y el fin de la vida”, convocado por la CDHDF, el Colegio de Bioética, el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) y la organización civil Católicas por el Derecho a Decidir. El objetivo del seminario es discutir, desde una perspectiva laica y científica, temas como la interrupción legal del embarazo y la eutanasia, para lo cual se contará con la participación de defensores y defensoras de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, además de funcionarios, profesionales y estudiantes de la salud, el derecho y la filosofía. La actividad se realiza en el marco del Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y El Caribe, conmemorado cada 28 de septiembre, e instaurado por el movimiento feminista desde hace 21 años, con el objetivo de incrementar los servicios de interrupción del embarazo legales en la región.

Restringir derechos humanos, práctica discriminatoria: ministro Luis María Aguilar

Si un espermatozoide fecunda a un óvulo, nacerá un ser humano y no un perrito o un gatito”: Sergio Aguirre Anguiano

Leonardo Bastida Aguilar

México DF, septiembre 26 de 2011.

El derecho a la vida es fundamental y lo tiene toda persona por el hecho de serlo, por lo que el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Luis María Aguilar, consideró que ninguna constitución estatal debe definir los derechos fundamentales, ya que este es un deber de la legislación federal.

Explicó que una ley ordinaria no puede rebasar el efecto de una ley federal, lo cual detentaría el principio de supremacía de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Comentó que las constituciones estatales sólo regulan el funcionamiento orgánico de las entidades federativas, pero no definen derechos fundamentales.

En el marco de la discusión de la acción de inconstitucionalidad 11/2009 promovida por la Procuraduría de los Derechos Humanos y de Protección Ciudadana de Baja California contra los poderes Legislativo y Ejecutivo por las invalidez del artículo 7 de la constitución política de esa entidad, el cual señala que desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes hasta su muerte natural o no inducida.

Si los estados definieran los derechos humanos, se generaría que los derechos no fueran iguales para todos y tendrían un significado distinto para cada habitante del país. Sólo se aplicarían a un número limitado de mexicanos, lo cual resultaría una práctica discriminatoria, porque no podrían acceder todos a ellos, dijo el ministro, quien aseveró que el tema del derecho a la vida y la definición de este es competencia de la legislación federal y por tanto, sólo debe estar asentado en la Ley Suprema.

Por su parte, el ministro Sergio Aguirre Anguiano, se manifestó en contra de la postura adoptada por el proyecto que plantea la inconstitucionalidad de las reformas al artículo 7 de la Constitución Política de Baja California.

Planteó que el proyecto da a entender que “si no nace, (un individuo) eres una cosa”, pues para él toda vida humana tiene como principio la fertilización del óvulo y termina con la muerte, por lo que la vida tiene un origen natural y no es “una ficción jurídica”.

“Es lógico que si un espermatozoide fecunda a un óvulo, nacerá un ser humano y no un perrito o un gatito”, concluyó.

De ser necesario, acudiremos a CIDH a defender derechos de las mujeres , Inmujeres SLP

Leonardo Bastida Aguilar

México DF, septiembre 26 de 2011.

En caso de que la resolución de la acción de inconstitucionalidad promovida por el Congreso Estatal de San Luis Potosí (SLP) contra la reforma que penaliza el aborto en la entidad sea negativa en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), acudiremos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mencionó Teresa de Jesús Mendoza Rivera, directora general del Instituto de las Mujeres de San Luis Potosí.

Entrevistada tras la presentación de la serie documental Expedientes, las mujeres en la mira, en la Cineteca Nacional, la funcionaria potosina comentó que espera un fallo positivo por parte de los ministros de la SCJN, ya que a pesar de las críticas que se le han hecho al proyecto del ministro Fernando Franco, la realidad es que en San Luis Potosí (SLP) “ si una mujer tiene colocado el dispositivo intrauterino o toma algún anticonceptivo puede ser procesada y apresada, pues las leyes facultan al Ministerio Público para poder hacerlo”.

Para la titular de Inmujeres SLP, las leyes contra el aborto en la entidad carecen de razón e indicó que la doble moral existente en los estados del centro del país ha causado muchos daños, por lo que trabaja en la aplicación de la Norma Oficial Mexicana 046 en su entidad, la cual permite brindar a mujeres víctimas de violencia sexual la anticoncepción de emergencia o interrumpir su embarazo, pero en caso de que no se les pueda garantizar esto a las mujeres, iniciaría la búsqueda de justicia fuera del país.

El pasado 13 de septiembre , el ministro Fernando Franco presentó un proyecto en relación con las acciones de inconstitucionalidad 11/2009 y 62/2009 presentadas por los gobiernos de Baja California y San Luis Potosí, que establecen se debe declarar la inconstitucionalidad de las reformas que protegen la vida prenatal por vulnerar la dignidad de las mujeres y sus derechos fundamentales, en particular su libertad y salud reproductiva.

Los documentos elaborados por el ministro señalan que aun cuando dichas reformas fueron elaboradas con la finalidad de proteger la vida prenatal, ningún estado podrá dejar de proveer el servicio de aborto en los casos previstos por la Norma Oficial Mexicana 046, ya que de lo contrario se violarían los artículos 1, 4 y 29 de la Constitución Política Mexicana, además del 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ratificado por el gobierno de México.

En tanto, el pasado jueves, académicos del Instituto de Investigaciones Jurídicas y de Investigaciones Filosóficas de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Instituto Tecnológico Autónomo de México, la Universidad Iberoamericana, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y el Grupo de Información en Reproducción Elegida presentaron un documento de amicus curae ante la SCJN.

El documento establece que en otros países, ante casos similares, las Cortes han determinado que la vida en gestación debe protegerse de forma compatible con los derechos de las mujeres.

A partir de hoy se discute en el pleno de la SCJN el proyecto del ministro Franco tras una semana de estudio por parte de los otros ministros. Para obtener un fallo positivo se requieren ocho votos a favor.

Abre la UNAM proceso para elegir rector; Narro confirma aspiración

Los interesados comparecerán ante los notables

El nombramiento, a mediados de noviembre

Emir Olivares Alonso

Periódico La Jornada
Viernes 7 de octubre de 2011, p. 40

Este jueves empezó formalmente el proceso para designar al rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para el periodo 2011-2015, con la emisión por la Junta de Gobierno (JG) de la convocatoria para elegir al universitario que encabezará la institución en los próximos cuatro años.

El órgano de la máxima casa de estudios exhortó a alrededor de 316 mil estudiantes, más de 36 mil académicos, 30 mil trabajadores administrativos y a personas externas –pero que mantengan alguna relación con la UNAM– a participar y manifestar su apoyo por quienes consideren que tienen méritos para ocupar el cargo.

Como informó La Jornada la semana pasada, la JG (conformada por 15 universitarios notables) hizo público el llamado a la comunidad de la institución para este proceso. Fuentes del organismo afirmaron que la noche del miércoles se decidió adelantar la convocatoria, pues originalmente estaba planeado que se diera a conocer el próximo lunes.

El documento difundido por la JG dice que con base en la fracción VII del artículo tercero constitucional, y con apego al artículo sexto, fracción I, de la Ley Orgánica de la UNAM, se hace público que con esta fecha inicia el procedimiento conducente al nombramiento de rector para el periodo 2011-2015, y convoca a los integrantes de la comunidad universitaria a que participen y se expresen con libertad y responsabilidad.

Refiere que la legislación universitaria dispone que para ser rector se necesita ser mexicano por nacimiento, mayor de 35 años y menor de 70, poseer grado superior al de bachiller, tener cuando menos 10 años de servicios docentes o de investigación en la UNAM, haberse distinguido en su especialidad, gozar de estimación general como persona honorable y prudente, y no ser miembro de la JG ni haberlo sido en los dos últimos años.

Como es costumbre, el proceso se dividirá en tres etapas: un periodo de auscultación entre la comunidad para sondear las preferencias, la selección y publicación de los nombres de quienes a juicio de este órgano cumplan los requisitos, y la comparecencia de quienes aparezcan en ese listado ante los 15 notables para exponer sus proyectos. Después la JG analizará adhesiones y propuestas para designar al rector.

En la primera etapa –que empezará este lunes y concluirá el 26 de octubre–, el órgano de gobierno recibirá las opiniones de los universitarios, quienes podrán hacer llegar sus planteamientos por escrito, firmados y con los nombres de las personas que consideren adecuadas para ocupar el cargo. Dichos documentos deben exponer y argumentar la propuesta.

Asimismo, cinco comisiones –de tres integrantes cada una– de la JG recibirán en horas hábiles a los universitarios que deseen manifestar de palabra sus argumentos y razones por los cuales “alguno o algunos universitarios distinguidos deben ser tomados en cuenta (para el cargo). Los nombres propuestos y las razones expuestas (…) serán comunicados por estas comisiones al pleno de la junta”.

Según se desarrolle el proceso de exploración, la propia JG podría adoptar cualquier otra forma que estime procedente para oír más opiniones. Una vez concluida esa etapa se darán a conocer los nombres de quienes, a juicio del organismo, cumplan óptimamente los requisitos de ley para acceder al cargo, dando paso a las entrevistas con los aspirantes, quienes tendrán que presentar sus proyectos de universidad ante los 15 notables.

Finalmente, a mediados de noviembre el organismo procederá a nombrar formalmente al rector para el siguiente cuatrienio, de conformidad con la legislación universitaria.

Diego Valadés, del IIJ, primero en apoyarlo; tendría respaldo de la mayoría de directores

Emir Olivares Alonso

Una vez publicada la convocatoria de la Junta de Gobierno (JG) para designar a quien ocupará la rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en el periodo 2011-2015, el actual rector, José Narro, manifestó su voluntad de participar en el proceso.

El rector José Narro Robles durante su discurso de ayer en el que dio a conocer su aspiración a ser relecto en el cargoFoto Marco Peláez

En un mensaje ante los medios de comunicación, el rector –quien de acuerdo con la Ley Orgánica de la institución tiene oportunidad de ser relecto para otro cuatrienio– aseveró que, de ser designado, pondré todas mis capacidades al servicio de la causa y me esmeraré para disminuir mis limitaciones al máximo.

Exhortó a tanto a quienes lo apoyen como a quienes consideran que es momento de un relevo en la conducción de las tareas de coordinación, a participar en el proceso. Afirmó que en caso de no ser elegido apoyará a su sucesor.

Si me conceden su respaldo, por supuesto que cuentan conmigo. Si piensan en otras opciones, me sentiré orgulloso de formar parte de esa posibilidad. Si se pronuncian por el cambio, quien resulte designado contará con todo mi respaldo; pueden estar seguros de que haré lo que me toca por ser consistente.

Previamente, en un encuentro privado, Narro informó su decisión a directores de facultades, escuelas, centros e institutos, quienes prácticamente en su totalidad se pronunciaron por que continúe en el cargo y le manifestaron su apoyo, de acuerdo con directivos presentes en la reunión.

En su mensaje, Narro recordó que haber sido nombrado rector hace cuatro años representa, por mucho, el mayor honor que se me ha conferido. Durante este tiempo he desempeñado las tareas inherentes a esa responsabilidad hasta el límite de mis capacidades.

Dijo que en meses recientes ha escuchado diversas opiniones y ha realizado un ejercicio de reflexión que lo ayudó a fortalecer su convicción de servir a la UNAM. Por ello, respondo con prontitud a la convocatoria de la JG y expreso mi interés por ser considerado en el proceso que hoy se ha iniciado. Si cuento con el apoyo de nuestra comunidad, con el ánimo de los egresados y de los sectores interesados en la vida universitaria, además de llegar a tener la confianza de los integrantes del órgano colegiado convocante, aseguro que pondré todas mis capacidades al servicio de la causa.

Subrayó que la comunidad y todos los mexicanos pueden tener la seguridad de que lo haría “con las más altas miras en mente y con la condición más acentuada de servir a esta gran institución, que es parte del orgullo nacional; que lo mismo nos identifica a quienes servimos y nos formamos en ella que a quienes se benefician del resultado de su labor.

Hay muchos universitarios y universitarias que reúnen las condiciones para cumplir a cabalidad el cargo, aceptó, por lo que confió en que en las próximas semanas lleguen varias propuestas a la JG.

Saldrá fortalecida

Señaló que en esta etapa de designación la UNAM resultará fortalecida, y se comprometió a que durante la misma cumplirá lo que como rector le corresponde: facilitar la libre expresión de todos los miembros de la comunidad, actuar en el marco de la conducta que el proceso reclama y por ser un digno participante junto a otros universitarios.

Narro –quien es el rector 40 en la historia de la institución– fue designado el 13 de noviembre de 2007, en sustitución de Juan Ramón de la Fuente, quien estuvo ocho años al frente de la institución. El próximo mes terminará las labores de su primer periodo.

Horas después de este anuncio, Diego Valadés, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, fue el primer universitario que abiertamente manifestó su apoyo para que la JG designe nuevamente a Narro.

El constitucionalista, quien hace cuatro años contendió por la rectoría, dijo que Narro ha hecho un trabajo notable y admirable en la defensa de la autonomía, de la universidad pública mexicana y de principios básicos como el Estado secular. Además que ha fortalecido la investigación y la presencia de la UNAM en el ámbito nacional con la creación de la nueva Escuela de Estudios Superiores en León, Guanajuato

En riesgo, nuevos campus del IPN por falta de presupuesto

No hay ningún avance en la inversión pública: Bustamante Díez

El Politécnico destinará 5 millones de pesos para instalar un nuevo sistema tecnológico de vigilancia para evitar robos en sus instalaciones. Imagen de archivo de los laboratorios del Cecyt 6, Miguel Othón de MendizábalFoto José Carlo González

Laura Poy Solano

Periódico La Jornada
Viernes 7 de octubre de 2011, p. 41

De no incrementarse en mil 116 millones de pesos el presupuesto destinado al Instituto Politécnico Nacional (IPN) para 2012, estarán en riesgo nuestros principales proyectos de infraestructura, informó Yoloxóchitl Bustamante Díez, directora general de esa casa de estudios.

Agregó que sin una reasignación presupuestal se comprometerían las obras en Zacatecas; el proyecto de un nuevo campus académico en La Paz, Baja California Sur, y el inicio de otro en Hidalgo, además de la conclusión de la sede en Veracruz. Sin recursos, peligra todo lo referente a obras, que es lo único que podemos suspender.

En entrevista, luego de suscribir un convenio de colaboración con la empresa General Motors para impulsar nuevos proyectos de capacitación y formación de ingenieros, indicó que no hay ningún avance en la inversión pública que se destina a educación superior en México, pues enfatizó que estas las instituciones públicas del sector desafortunadamente debemos seguir buscando la comprensión del Legislativo, para que nos apoyen con recursos extraordinarios.

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies), indicó, ha solicitado a la Cámara de Diputados 9 mil 560 millones de pesos para el sector, cantidad que de reasignarse nos ubicaría en el mismo nivel de financiamiento alcanzado en 2009, esto significa que hubo un decremento (presupuestal) en lo que formalmente nos fue adjudicado.

Luego de reconocer que existen pocas posibilidades que la actual legislatura pueda aprobar la aplicación de presupuestos plurianuales como demanda la Anuies, indicó que las instituciones de educación superior debemos seguir insistiendo en que necesitamos certidumbre financiera. Saber qué podremos hacer las universidades e institutos con los recursos que nos asignan es un reclamo serio, pues la incertidumbre en la que vivimos nos acota y limita.

Sin embargo, enfatizó que es lamentable que tengamos que invertir tanto tiempo y esfuerzo en cabilderar recursos, cuando esperaríamos que desde el principio estuviera claro que la política de apoyo a la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación es el camino por el cual este país debe transitar.

Asaltos y robos

Afirmó que incluso para los proyectos en materia de seguridad se requieren recursos de la reasignación presupuestal, pues indicó que son parte de las demandas presentadas para incrementar los recursos públicos al IPN, que este año cuenta con 11 mil millones de pesos.

Bustamante Díez dijo que se estima una inversión de cerca de 5 millones de pesos para instalar un nuevo sistema tecnológico de vigilancia, pues en todas las zonas del Distrito Federal, donde hay campus del politécnico hemos tenido incidentes de asaltos, robos de automóviles y computadoras, aunque muy pocos casos de agresiones personales.

La directora general del IPN aseguró que las instituciones públicas de educación superior requieren ampliar su financiamiento para garantizar condiciones de seguridad para sus comunidades universitarias, porque el verdadero problema no está dentro de las instituciones, sino afuera de ellas, pero nosotros no podemos contrarrestar lo que ocurre fuera de nuestras instalaciones, por eso requerimos de equipamiento que nos permita ampliar los perímetros de vigilancia

Vulgar oportunismo electorero de PRI y PAN: Batres

El ex secretario de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal, Martí Batres Guadarrama, acusó a diputados de PRI y PAN de querer golpearlo políticamente de cara a la contienda electoral de 2012 por la jefatura de Gobierno del Distrito Federal, porque ven en él a su adversario político.

En conferencia de prensa en el Palacio Legislativo de Donceles y Allende, en la que estuvo acompañado de asambleístas del PRD pertenecientes a Izquierda Social (IS) e Izquierda Democrática Nacional (IDN), el ex servidor público exhortó al priísta Fidel Suárez y al panista Rafael Medina a prepararse mejor, pues de lo contrario harán el ridículo, tras adelantar que procederá jurídicamente en su contra por falsa declaración.

El miércoles pasado, ambos diputados presentaron una denuncia penal en contra de Martí Batres en la procuraduría capitalina, por un supuesto fraude en la entrega de uniformes escolares.

El perredista consideró esa denuncia carente de todo sustento, fundamento y veracidad, y que expresa ignorancia y mala fe.

Llama mucho la atención que no haya habido cuestionamiento alguno de los diputados de PRI y AN, sino hasta ahora, cuando se avecina la coyuntura electoral de 2012, lo cual denota un vulgar oportunismo electorero, puntualizó.

Aseguró que la entrega de uniformes escolares se ha hecho con apego a la legalidad, como se constata en las más de cinco auditorías realizadas a dicho programa, en las que las autoridades de fiscalización no detectaron ninguna anomalía

Sinaloa: cierran 12 cárceles; 250 reos reubicados

Prisiones municipales incumplían requisitos de rehabilitación

Interno ahorcado en Morelia

Internos del penal de Salvador Alvarado, durante una visita de legisladores de Sinaloa, en imagen de archivoFoto Cortesía de El Debate de Sinaloa

Irene Sánchez, Ernesto Martínez Elorriaga y Carlos Camacho

Corresponsales

Periódico La Jornada
Viernes 7 de octubre de 2011, p. 33

El gobierno de Sinaloa cerró 12 cárceles municipales y reubicó a sus 250 internos en otros penales del estado, informó Francisco Manuel Cordova Celaya, secretario de Seguridad Pública estatal.

En respuesta a la recomendación 37/2011 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), recientemente fueron vaciadas y demolidas las cárceles de los municipios de Cosalá, Badiraguato, Salvador Alvarado, Choix, El Fuerte, Sinaloa de Leyva, Mocorito, Elota, San Ignacio y Escuinapa, dijo el funcionario.

Los penales de Rosario y Concordia se convertirán en museos, confirmaron los alcaldes Édgar González y Eligio Medina Ríos, respectivamente.

Esta medida obedece a la recomendación de mejorar la atención a los internos, lograr la readaptación social y evitar hacinamiento y violaciones los sus derechos humanos, agregó. La cárcel de Concordia sólo tenía siete reos y la de Cosalá ocho, pero en ambas había un número similar de vigilantes, lo que resultaba oneroso.

Los procesos de los internos continuarán en los penales de Ahome, Guasave, Angostura, Culiacán, Navolato y Mazatlán, donde otros 5 mil 798 internos purgan condenas, 30 por ciento por delitos del fuero federal.

Precisó que algunos presidios incumplían los estándares internacionales para la rehabilitación, pues había edificios de más de un siglo de antigüedad; además, existían trabas legales para reducción de penas o libertad anticipada, beneficios disponibles en las prisiones estatales.

Los traslados se hicieron con autorización del Tribunal de Justicia del estado y en coordinación con la la Procuraduría General de Justicia del Estado.

Juan José Rios Estavillo, presidente de la CEDH, criticó que en Sinaloa no haya una política penitenciaria que garantice respeto a los derechos de los presos, pero consideró un avance que el gobierno de Mario López Valdez haya atendido la recomendación de cerrar 12 de las 18 cárceles municipales del estado.

En Morelia, Michoacán, Vladimir García Andrés, un reo procesado por secuestro en el penal David Franco Rodríguez, fue encontrado ahorcado, informó la procuraduría estatal. Franco ingresó a la prisión en julio y se encontraba en el centro de observación y clasificación.

De la prisión estatal de Pachuca, Hidalgo, un reo se evadió a las tres de la tarde de ayer, justo cuando el gobernador Francisco Olvera Ruiz y su homólogo de Puebla, Rafael Moreno Valle, firmaban un acuerdo de colaboración en seguridad pública.

Elías Gallo González se fugó por la caseta 17, se supo extraoficialmente. La Procuraduría de Justicia del estado detuvo a dos custodios por su posible vinculación con la fuga, según la averiguación 12/DAP/443/2011s

"Emergencia" en materia de derechos humanos en el país

México vive una grave situación en materia de transgresión a los derechos humanos que resulta ya inaceptable, con impunidad casi generalizada y una opaca delimitación entre las jurisdicciones militar y civil, advirtió el presidente del Grupo de Amistad México-Alemania del Parlamento alemán, Jurgen Klimke.

Incluso, la parlamentaria Heiki Hansel, del partido La Izquierda, aseguró que ya no se puede hablar de un estado de derecho en México. Pidió a las instancias de gobierno tomar en serio los planteamientos y propuestas de las organizaciones en la materia y no criminizarlas.

En conferencia de prensa, siete parlamentarios alemanes, integrantes del grupo de amistad, presentaron algunas de las conclusiones de su visita de trabajo al país, en la que durante una semana fueron a varios estados y se reunieron con funcionarios del gobierno federal –entre ellos la procuradora general de la República, Marisela Morales–, legisladores mexicanos, cónsules alemanes y representantes de varios organismos civiles y de derechos humanos.

Klimke señaló que México es un socio muy importante para su país en todos los ámbitos y sectores, y que la situación de inseguridad, producto de la lucha contra el crimen organizado, no afectará las inversiones previstas por las empresas germanas.

Dijo que desde mayo pasado, cuando el presidente Christian Wulff visitó México, ambas naciones trabajan en la elaboración de un programa de transferencia de conocimiento en materia de seguridad interna, el cual espera que esté listo a finales de año.

Consideró que uno de los temas en que el país debe avanzar, en cumplimiento de la sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es en la delimitación entre las jurisdicciones civil y militar, tema vinculado directamente con el fuero castrense.

Derivado de los diversos encuentros, Klimke lamentó que en el país se den amenazas masivas contra los defensores de las garantías fundamentales y represalias contra las víctimas. Aquí se da una situación de impunidad casi generalizada, que en el caso de las violaciones a los derechos humanos asciende a 97 por ciento, confirmado por los mismos implicados. Esto es inaceptable.

Hansel se refirió a su encuentro con la procuradora Morales. Nos dijo que gran parte de las víctimas de violaciones a los derechos humanos forman parte de la esfera del crimen organizado. ¿Cómo puede decir que es gente involucrada con el crimen organizado, si 97 por ciento de los casos ni siquiera se persiguen y están sin esclarecer?, cuestionó.

Achacar todo al crimen organizado y criminalizar a las víctimas tampoco puede aceptarse. México –agregó– vive una emergencia nacional en materia de derechos humanos

Hay nexos entre narcos y el gobierno de Colima, revelan agentes destituidos

Quince de los 43 elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Colima destituidos la semana pasada por no aprobar los exámenes de control de confianza, amenazaron con revelar vínculos entre la delincuencia organizada y el gobierno estatal, si no son restituidos en sus cargos o liquidados conforme a la ley.

Callados no nos vamos a quedar, alguien tiene que decir las cosas que están pasando en Colima, y si somos nosotros, lo vamos a hacer, y si por esa razón vamos a tener represalias, estamos dispuestos a morir, advirtió Nivardo Padilla Arceo, quien durante 28 años fungió como comandante.

Los ex agentes se manifestaron ayer en el Congreso local, donde pidieron la intervención de los diputados para que los reinstalen en sus puestos o los indemnicen conforme a la ley.

Padilla Arceo aseveró que el subprocurador Marcos Santana no pasó los exámenes de control de confianza, y continúa en la dependencia. Que nos aclare el gobierno del estado por qué están siendo tan tendenciosos si estamos atacando a la delincuencia organizada, demandó.

Señaló que el gobernador Mario Anguiano Moreno no los ha querido recibir, a pesar de el haber solicitado una audiencia en palacio de gobierno.

Recordó que en febrero pasado, cerca de 45 policías fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Marina; luego recuperaron su libertad sin que les comprobaran nexos con el narcotráfico.

De esos 45 elementos, explicó, 10 fueron dados de baja la semana pasada a pesar de que había una orden de la misma dependencia federal para que ya no fueran nuevamente evaluados.

Después de algunos minutos, los ex policías se reunieron con diputados y el priísta Francisco Zepeda, presidente de la mesa directiva del Congreso, quien aseguró que revisarán el caso y en breve darán respuesta a sus planteamientos.

En este contexto, unos 800 elementos de las 33 corporaciones municipales de Morelos, de la Secretaría de Seguridad Pública estatal y la PGJE reprobaron el examen de control de confianza, reveló el secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, José Herrera Chávez.

Entrevistado al término de la sesión extraordinaria del gabinete de seguridad que tuvo lugar la mañana de este jueves en Casa Morelos, de la capital del estado, aceptó que de esos 800 uniformados no aptos, la mayoría sigue en funciones.

De los 8 mil efectivos policiacos que tiene Morelos, hasta ahora ha sido evaluado 70 por ciento. Herrera Chávez detalló que entre los 800 uniformados reprobados se encuentran los 42 mandos y submandos de 26 municipios que resultaron no aptos para desempeñar ese cargo.

A 11 de esos 26 ayuntamientos, la PGJE les inició un procedimiento administrativo porque existe la presunción de que los jefes policiacos reprobados están ligados con la delincuencia organizada.

Seiscientos de los policías que no pasaron las evaluaciones fueron policías rasos de los 33 municipios, de los cuales 200 ya fueron dados de baja o están en proceso de ser cesados.

De los examinados en la SSP –cuya cifra no precisó– 61 reprobaron, mientras que 74 policías ministeriales tampoco resultaron aptos para cumplir su función.

Por otro lado, el gobernador de Hidalgo, Francisco Olvera Ruiz, anunció que se reforzará la seguridad en la Huasteca de la entidad, principalmente en los municipios que colindan con Veracruz, sobre todo en materia de robo de autos y las acciones se coordinarán con la Policía Federal y el Ejército.

El mandatario signó con su homólogo de Puebla, Rafael Moreno Valle, una carta de intención, para poner en marcha estrategias en materia de infraestructura carretera, salud, educación y seguridad, sobre todo en las entidades del centro del país, afectadas por la delincuencia organizada.

Mientras, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nayarit, recomendó a la SSP de la entidad iniciar un procedimiento administrativo disciplinario contra el policía estatal Alfredo Morales Ramírez, quien a principios de año hirió de bala a un ciudadano en el municipio de Compostela, e indemnizar al afectado.

Juan Carlos Flores, Rubicela Morelos, Myriam Navarro y Carlos Camacho, corresponsales

Exigen ONG que la reforma sea efectiva

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y la Red Todos los Derechos para Todas y Todos urgieron al gobierno mexicano a cumplir con su obligación de emitir una nueva Ley de Amparo, como se comprometió a hacerlo con fecha límite del 4 de octubre.

Las organizaciones consideraron preocupante que el Congreso haya incumplido el plazo establecido para llevar a cabo dicha reforma, que serviría para hacer del amparo una herramienta útil y accesible en la defensa de los derechos humanos.

Mediante un comunicado conjunto, ambas organizaciones recordaron que el 6 de junio de este año se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se modifican o adicionan varias disposiciones de los artículos 94, 103, 104 y 107 de la Constitución mexicana, con el objetivo de reformar de manera integral el juicio de amparo.

Según la mencionada publicación, la fecha límite para aprobar esa reforma y expedir una nueva Ley de Amparo fue el pasado miércoles 4 de octubre.

Por tal motivo, las organizaciones firmantes urgieron al Poder Legislativo a tomar en cuenta las recomendaciones y sentencias formuladas por organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para que la reciente reforma constitucional en esa materia sea efectiva.

Señalaron en particular los casos de las indígenas Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, violadas y torturadas por elementos del Ejército Mexicano en 2002, para quienes el amparo no ha servido como un recurso efectivo de defensa.

En agresiones similares a las que sufrieron ambas mujeres, dijeron, esta herramienta legal no ha servido para impugnar la declinación de competencia en favor del fuero militar, ya que el artículo 10 de la Ley de Amparo es sumamente restrictivo.

Por tal motivo, las organizaciones exigieron que en la elaboración de la nueva Ley de Amparo se haga mucho más ágil, efectivo y accesible a este recurso; que pueda ser utilizado en eventos de detención arbitraria; que sea efectivo en casos donde la víctima quiera oponerse a que las autoridades civiles declinen competencia en favor de las militares, y que incorpore mecanismos para hacer plenamente justiciables los derechos colectivos

Se recrudece la persecución contra bases de apoyo zapatistas en los Altos de Chiapas

La ofensiva también pretende obstruir la educación autónoma que se imparte en la zona

Hermann Bellinghausen

Enviado

Periódico La Jornada
Viernes 7 de octubre de 2011, p. 20

San Cristóbal de las Casas, Chis. 6 de octubre. En comunidades tzeltales y tzotziles de los Altos se ha desatado una persecución contra las bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), y en particular contra la educación autónoma. Los hostigamientos, desencadenados por primera vez en junio y julio de 2010, se recrudecen ahora como síntoma de una inminente fiebre electoral que está adquiriendo en la región un claro carácter contrainsurgente.

Arguyendo diferentes pretextos, grupos oficialistas, bajo influjo clientelar de precandidatos y partidos, pretenden despojar a los zapatistas de sus tierras. Sucede en la selva, la zona Norte, Chilón y Ocosingo, en la forma de artificiales disputas por las tierras recuperadas por los zapatistas después de 1994.

En los municipios oficiales de Tenejapa y San Juan Cancuc, zapatistas pertenecientes al caracol de Oventic se encuentran amenazados y perseguidos en distintas comunidades. En Las Mercedes (Tenejapa), los priístas amagan con desalojarlos y expropiar sus tierras.

Según reportan las brigadas civiles de solidaridad que recorrieron diversas regiones autónomas en días pasados para recoger testimonios de las comunidades asediadas, en Las Mercedes la agresión fue acordada por miembros de la comunidad, que realizaron la división de las tierras de los zapatistas, a quienes se les ha privado de los servicios de agua y luz.

En junio del año pasado, las familias zapatistas explicaron formalmente a las autoridades de la comunidad y de la primaria oficial el inicio de una primaria autónoma, si bien se comprometieron a seguir cooperando con los trabajos y reuniones en beneficio de toda la comunidad. Días después, Miguel López Girón y dos hijos suyos fueron citados en la escuela oficial para informarles, de manera impositiva, que habían designado a uno de los hijos como comité de obras de educación. Miguel y sus hijos reiteraron que se iba a empezar la educación autónoma. El 13 de julio las autoridades oficiales y los militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) realizaron una asamblea, y acordaron amenazas y persecuciones para desalojar a las bases zapatistas. En agosto demandaron penalmente a estas familias bajo falsos delitos, añade el reporte. Al día siguiente la autoridad municipal intentó, sin éxito, arrestar a López Girón.

La junta de buen gobierno (JBG) de Oventic ha manifestado su disposición a dialogar. No así las autoridades oficiales de la comunidad, quienes agudizaron las provocaciones y levantaron acusaciones ante la Procuraduría Agraria. En abril de este año determinaron “que si ‘el zapatista’ no se presentaba al tribunal agrario, ellos mismos buscarían vigilar, perseguir, secuestrar o tratar de matar a Miguel”, abunda el reporte.

El 8 de julio de 2011, autoridades de Las Mercedes y sus seguidores cortaron los bajantes de luz de López Girón y María Intzin Méndez, a pesar de que la pagan y cuentan con sus recibos. El día 13 de ese mes, un centenar de priístas les cortaron el suministro de agua. Ahora, vigilados y perseguidos, les bloquean la carretera con piedras para impedir la entrada a su casas, en espera de la orden del mal gobierno y el tribunal agrario para dar paso al despojo y repartición de su tierra.

Ante ello, los indígenas zapatistas declararon: Estamos resintiendo que no tengamos luz, agua y tierra, pero vamos a seguir la lucha. Aunque nos quiten las tierras, si se logra de morir se va a morir, si se logra de vivir se va a vivir.

En tanto, en la comunidad de Cruztón, municipio autónomo San Juan Apóstol Cancuc, 13 familias zapatistas sufren represalias tras establecer allí una escuela autónoma. También privadas de luz y agua, los priístas les niegan acceso a la carretera y a los comercios del poblado

CARTONES DE LA JORNADA