Qué espera, señor presidente?
La masacre en Ciudad Juárez y la liberación por falta de pruebas de los presuntos narcoalcaldes de Michoacán son dos ejemplos de que la tolerancia y la ineficiencia del gobierno ya otorgó a la impunidad su carta de naturalización en México.
“Fue el día más negro del sexenio”. Es el testimonio de los hombres cercanos a Ernesto Zedillo cuando recuerdan la masacre de Acteal, donde asesinaron a 46 indígenas. Era el 22 de diciembre de 1997. A la mitad de aquel sexenio.
Once días más tarde, Emilio Chuayffet renunció a la secretaría de Gobernación. Y cuatro días después, Julio César Ruiz Ferro, el gobernador de Chiapas, también dejó el cargo.
Dos sexenios después, también a la mitad del periodo, otra masacre conmueve a México. Es la de Ciudad Juárez, donde 16 jóvenes son acribillados en una fiesta y 12 más resultan heridos. Se da en los mismos días en que masacran a 10 en Torreón y cinco en Tepic.
La de Acteal era una lucha entre indígenas, dicen. La de Juárez era una lucha entre pandillas, también dicen.
Pero el de Ciudad Juárez no parece ser el día más negro del actual sexenio, aunque haya acaparado el titular principal de los noticieros internacionales.
Es un día más en rojo, teñido por la sangre de miles de mexicanos caídos desde que se le declaró la guerra al narcotráfico. Una guerra que, se insiste, “vamos ganando”.
Un día más en rojo, como aquel de la guardería de Hermosillo, en Sonora, en el que perdieron la vida 49 niños en un homicidio imprudencial que todavía hoy aguarda que se haga justicia, que todavía hoy no conoce de responsables oficiales.
¿Qué espera, señor presidente?
Y es que en México la impunidad ya tiene carta de naturalización. Nadie paga ni ineficiencias, ni atrocidades, ni complicidades.
Ineficiencias o complicidades como las que revela hoy Anabel Hernández al poner sobre la mesa los expedientes del caso Michoacán, en la misma semana en que los funcionarios detenidos por sus presuntos nexos con La Familia son liberados porque las acusaciones no se pudieron sostener.
Peor aún, cuando los expedientes de los presuntos “testigos protegidos” no solo exhibían los nombres de los que entonces fueron detenidos, sino también el del gobernador michoacano Leonel Godoy.
Entonces, ¿la justicia fue selectiva al perseguir a unos y perdonar a otros? ¿O es que acaso los “testigos protegidos” no fueron sino un pretexto para armar un operativo político que terminó por desplomarse ante la falta de sustento?
¿Se escuchó el secretario de Gobernación, abogado de profesión, cuando dijo que la liberación de los funcionarios michoacanos no era porque fueran inocentes, sino porque faltaron pruebas? ¿No es eso ser inocente?
¿Qué espera, señor presidente?
a César Nava, el presidente del PAN, admitió que el narcotráfico está por encima de la autoridad. Lo dijo cuando suspendió la elección interna de su candidato para Tamaulipas ante el temor de que el crimen organizado escogiera al candidato. Legitimó otra vez el dedazo azul.
Y si así están Tamaulipas, y Chihuahua, y Baja California, y Sinaloa, y Michoacán, y… ¿veremos el día en que suspendamos la elección presidencial para evitar que el narcotráfico nos imponga al presidente? ¿Legitimaremos una imposición?
Quizá Gerardo Ruiz Mateos, ex secretario de Economía, tenía razón cuando dijo en su gira por Europa que el próximo presidente podría venir del narcotráfico. Razón de más para insistir en la pregunta.
¿Qué espera, señor presidente?
Fuente: Reporte Indigo
Difusión: AMLOTV
