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jueves, 17 de enero de 2013

Ardelio Vargas en el INM, bofetada a defensores de derechos: Solalinde




Ardelio Vargas en el INM, bofetada a defensores de derechos: Solalinde
Se debió nombrar a una persona versada en derechos humanos, no a un policía, sostiene
Yadira Llaven
La Jornada de Oriente
Periódico La Jornada
Jueves 17 de enero de 2013, p. 7
Puebla, Pue., 16 de enero. El nombramiento del policía Ardelio Vargas Fosado al frente del Instituto Nacional de Migración (INM) es una bofetada para los centroamericanos y para los defensores de derechos humanos en México, afirmó el sacerdote Alejandro Solalinde Guerra, Premio Nacional de Derechos Humanos 2012.
Durante los dos años recientes, Vargas Fosado fue secretario de Seguridad Pública en Puebla, bajo las órdenes del gobernador panista Rafael Moreno Valle Rosas, y reprimió a campesinos, comerciantes y maestros, por lo cual la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió una recomendación dirigida a él.
En Migración se debió poner a una persona versada en derechos humanos y con amplia solvencia moral, pero jamás a un policía, señaló el coordinador del albergue Hermanos en el Camino, ubicado en Ixtepec, Oaxaca, durante su visita al municipio de Rafael de Lara Grajales, que está en la ruta de los migrantes.
La designación confirma que la defensa de las garantías de los migrantes pasó a segundo término en México. Es la mayor decepción; el gobierno no define políticas públicas claras en la materia, agregó.
Relató que en el municipio de San Pedro Cholula –donde el martes anterior recibió un homenaje y copia de la cédula real del ayuntamiento– concedió el beneficio de la duda a quien fuera a ser designado nuevo titular del INM, pero hoy todo se desplomó, cuando nos enteramos de que se puso a un policía con recomendaciones de derechos humanos, que no ha sido nada amable con los defensores de los migrantes ni con la Iglesia católica en Puebla.
Solalinde Guerra criticó que el gobierno de Enrique Peña Nieto siga la misma línea de Estados Unidos, porque criminaliza al indocumentado, cuando los migrantes sólo son personas con irregularidades administrativas, mas no son delincuentes.
El sacerdote católico explicó que si el gobierno federal quiere darle un rostro nuevo al INM tiene que quitarle las funciones de seguridad, pues no debería tener la facultad de detener y encarcelar a indocumentados en los puestos migratorios.
–¿Cómo califica la actuación del INM en el sexenio reciente?
–El trato hacia los transmigrantes y defensores de derechos humanos ha sido de lo peor, y contra mí persona también. Yo tuve dos denuncias de dos delegados de Migración; por cierto, uno del estado de Puebla, a cargo de Rocío Sánchez, por trabajar en favor de los indocumentados.
Además, Solalinde lamentó que autoridades municipales y la policía local estén coludidas con la delincuencia organizada para secuestrar a los migrantes.
Sostuvo que México está nadando en la corrupción, y hay que volver a la fortaleza de la comunidad.
Durante su visita, el sacerdote nombró al municipio de Rafael de Lara Grajales pueblo defensor de los derechos humanos.
Piden consolidar una política de Estado que atienda los aspectos vulnerables en la materia
Fabiola Martínez
Un colectivo de organizaciones civiles defensoras de migrantes advirtieron que la Secretaría de Gobernación debe mostrar, con acciones, que dará un enfoque distinto a este sector, que no se sustente, como ha ocurrido hasta ahora, en la seguridad.
Acerca del nombramiento de Ardelio Vargas al frente del Instituto Nacional de Migración (INM), Nancy Pérez, coordinadora de Sin Fronteras, precisó que si los perfiles de los anteriores comisionados no dieron los resultados esperados, tampoco está garantizado que con los antecedentes de este funcionario (Centro de Investigación y Seguridad Nacional, Agencia Federal de Investigaciones y Policía Federal Preventiva) se atienda al organismo, el cual se encuentra en crisis. Sin embargo, dijo, le concede el beneficio de la duda.
El colectivo pidió que se convoque de inmediato a sesión del Consejo consultivo de política migratoria de la Secretaría de Gobernación y del Consejo ciudadano del INM, los cuales no se han reactivado desde su presentación, en noviembre pasado.
Nancy Pérez advirtió que el INM es un organismo que continúa en crisis, por lo cual confía en que no se retrase más la convocatoria a estos consejos.
Las organizaciones civiles firmantes en el documento difundido este miércoles partimos de la base de otorgar un voto de confianza (a Ardelio Vargas), pero ello es sólo un momento para pedir una atención clara del Ejecutivo para un cambio en esta materia, dijo en entrevista.
En el comunicado, las organizaciones civiles que realizan trabajo permanente de apoyo a los migrantes en el país señalan que el tema debe ser atendido con un enfoque regional y afirman que debe consolidarse una política de Estado que atienda los aspectos vulnerables asociados a la migración. Además de que se garantice a los extranjeros que ingresan a México la protección de sus derechos fundamentales.
El nombramiento del comisionado del INM, después de mes y medio (de iniciado el sexenio de Enrique Peña), es una señal de alarma. La falta de liderazgo en una institución en crisis, como el instituto, puede tener consecuencias de gravedad, se advierte en el boletín de las organizaciones no gubernamentales.
Hacen un llamado al gobierno federal a retomar de inmediato el diálogo y a facilitar la participación de los grupos en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 en aspectos relacionados con la migración.
Piden que se reconozca la labor de los defensores de los derechos humanos de los migrantes y que se adopten medidas para prevenir que éstos sean hostigados y criminalizados, así como dar respuesta integral a las personas en tránsito que son víctimas de un delito.
El pronunciamiento fue firmado por más de 40 organizaciones civiles y activistas

Omitió Calderón expedir los reglamentos de más de 40 leyes: reporte del Senado




Omitió Calderón expedir los reglamentos de más de 40 leyes: reporte del Senado
Andrea Becerril
 
Periódico La Jornada
Jueves 17 de enero de 2013, p. 12
El ex presidente Felipe Calderón incumplió durante su sexenio con la obligación constitucional de expedir los reglamentos de más de 40 leyes aprobadas por el Congreso, lo que obstaculiza la aplicación de éstas.
Deberá ser ahora el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto el que expida los reglamentos, sin los cuales es complicado ejecutar y complementar cabalmente las normas contenidas en las reformas y nuevas leyes aprobadas por el Poder Legislativo.
De acuerdo con un reporte del Senado, entre las leyes que Calderón dejó sin las disposiciones reglamentarias necesarias –según señala el artículo 98 de la Constitución– están la de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y de Periodistas, contra la Trata de Personas, de Registro de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, General de Cambio Climático y de Salud en Materia de Cuidados Paliativos.
Entre esas más de 40 leyes aprobadas por el Legislativo y promulgadas por el Ejecutivo hay varias cuyo plazo para publicar el reglamento venció hace años.
La más antigua es la reforma a la Ley General de Cultura Física y Deporte, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de abril de 2007, cuyo reglamento debió emitir Calderón el 9 de julio de ese año.
Están también sin reglamento la Ley Federal de Extinción de Dominio, por la que el ex presidente se confrontó con el Partido Revolucionario Institucional, al señalar que los legisladores del tricolorno aprobaban ese ordenamiento –encaminado a acelerar el proceso para que bienes y propiedades del crimen organizado pasen a manos del Estado– con la rapidez que él quería.
Según el documento del Senado, el rezago dejado por Calderón incluye la nueva Ley General de Turismo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de junio de 2009, cuyo reglamento, que deberá incluir la restructuración administrativa de la dependencia, debió estar listo el 14 de diciembre de 2009.
También quedó sin expedir el reglamento destinado a la operación de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la protección y asistencia de las víctimas de esos ilícitos –cuyo plazo venció en diciembre de 2012–, así como el de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que debió estar listo el 28 de noviembre de 2011.
La reforma que adiciona el artículo 41 de la Ley General de Salud y reforma el artículo 98 de la misma, publicada el 14 de diciembre de 2011, no puede ponerse en práctica porque no se ha expedido el reglamento con las disposiciones para la integración y funcionamiento de los comités hospitalarios de bioética y las características que deben tener los nosocomios.
Entre las leyes que carecen de reglamento hay cinco en las que no se señala expresamente plazo al Ejecutivo, aunque, se precisa en el reporte del Senado, eso no releva al Ejecutivo federal de la obligación de expedirlo.
Entre ellas se ubica la reforma a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (PGR), que se promulgó el 29 de mayo de 2009. Casi cuatro años después, la dependencia opera con su viejo reglamento, de junio de 2003.
Es el mismo caso de la reforma a la Ley Federal de Sanidad Vegetal, promulgada en julio de 2007; de la nueva Ley Federal de Extinción de Dominio, de mayo de 2009, y de la Ley Federal para el Control de Sustancias Químicas susceptibles de Desvío para la Fabricación de Armas Químicas.
Peña Nieto deberá expedir, además de los más de 40 reglamentos faltantes, otros cuatro que vencen este año, entre ellos el de la recién promulgada Ley General de Víctimas. En esta última, el titular del Ejecutivo cuenta con un plazo de seis meses para hacerlo a partir del pasado 9 de enero, cuando se promulgó

Morena presenta programa de austeridad para ahorrar 300 mil millones de pesos




Morena presenta programa de austeridad para ahorrar 300 mil millones de pesos
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Martí Batres, entre otras iniciativas, propuso vender el actual avión presidencial para obtener unos ocho mil millones de pesos. Lo acompañó Bertha LujánFoto Luis Humberto González
Alma E. Muñoz
 
Periódico La Jornada
Jueves 17 de enero de 2013, p. 14
El presidente nacional del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Martí Batres, presentó ayer el programa nacional de austeridad, con el cual el gobierno podría ahorrar 300 mil millones de pesos, y con ello dar marcha atrás a la posibilidad de generalizar el impuesto al valor agregado (IVA) y extenderlo a medicinas y alimentos. En conferencia de prensa, destacó que la propuesta del movimiento rebasa por mucho los 120 mil millones de pesos que, estimó, se obtendrían con el IVA, y dijo que con los recursos del programa de Morena se podrían financiar importantes proyectos en el país, como la construcción de una refinería, crear más universidades y en general fortalecer el gasto productivo y social.
Consideró que la intención de aumentar y generalizar ese impuesto no tiene que ver con la búsqueda del desarrollo nacional, sino fundamentalmente va acompañada de esa pretensión de privatizar el petróleo y llenar el hueco que eso dejaría en el gasto público.
Anunció que emprenderán una campaña de concientización para que la gente sepa cómo se verá afectada con la aplicación del IVA a medicinas y medicamentos, particularmente las clases populares.
El esquema que presentó Martí Batres –sobre la base de lo que ha planteado con anterioridad Andrés Manuel López Obrador– incluye la disminución de salarios de todos los funcionarios de los poderes federal y estatales, así como de organismos autónomos.
Por otra parte, eliminar privilegios, como la compra de vehículos destinados al uso personal de servidores públicos, terminar con los sobresueldos, salarios paralelos, otro tipo de ingresos ocultosy seguros médicos privados, así como limitar el número de viajes al extranjero.
Propuso cancelar el gasto para espionaje y guardias personales –estos últimos contemplando la excepción para funcionarios de las áreas de procuración de justicia y seguridad pública– y disminuir el destinado a la compra de armamentos y equipos militares.
Asimismo, Batres planteó analizar la reducción del presupuesto destinado a los partidos políticos, acompañado de la prohibición de entregar regalos, objetos, alimentos o bienes materiales en general en campañas electorales, y hacer una revisión global del gasto destinado al Fobaproa, al que este año se destinarán 130 mil millones de pesos para el pago de intereses, porque “la deuda de ese fondo –contraída hace 14 años– ya se pagó completa (700 mil millones de pesos)”. Sin embargo, resaltó que se debe una cantidad similar por concepto de intereses.
De entre su lista de propuestas, destacó poner a la venta el actual avión presidencial, con lo cual, afirmó, saldrían por lo menos ocho mil millones de pesos

Gobernación indaga a ex funcionarios que beneficiaron a casas de apuestas




Gobernación indaga a ex funcionarios que beneficiaron a casas de apuestas
Fabiola Martínez
 
Periódico La Jornada
Jueves 17 de enero de 2013, p. 15
La Secretaría de Gobernación analiza la posible comisión de irregularidades por parte de funcionarios de la administración pasada, por el manejo que dieron al permiso otorgado a Entretenimiento de México (Emex), propiedad de Arturo Rojas Cardona.
La posible ilegalidad radica en que con base en ese permiso (DGAJS/SCEVF/P-06/2005) las empresas que fungían como sus operadoras (Exciting Games y Producciones Móviles) fueron convertidas –en agosto de 2012– enpermisionarias por medio de unaresolución administrativa, es decir, por una decisión de los propios funcionarios de Gobernación y no de una orden del Poder Judicial, como sí ocurrió en tres casos más.
Es decir, las autoridades de Gobernación, ahora a cargo de Miguel Ángel Osorio Chong, analiza las circunstancias con base en las cuales sus antecesores convirtieron, de la noche a la mañana, a dos operadores en permisionarios, revelaron funcionarios consultados por este diario.
Exciting Games y Producciones Móviles forman parte de la supuesta red de corrupción en el negocio de los casinos, en la que habrían participado funcionarios, ex funcionarios y políticos panistas para la expedición de autorizaciones irregulares y/o falsas en beneficio de ciertos empresarios.
Tras el incendio en el casino Royale, en agosto de 2011, que dejó 52 muertos, Gobernación interpuso demandas penales y administrativas en contra de tres ex funcionarios (entre estos Roberto Correa Méndez, ex director de Juegos y Sorteos) y aseguraron que tenían evidencias acerca de que varios servidores públicos promovieroncriterios de excepción regulatoria, en favor de Juegos de Entretenimiento y Video de Monterrey.
Esta empresa cedió luego sus derechos a Juegos de Entretenimiento y Video de Cadereyta (involucrada en el incendio), misma que supuestamente era administrada por Correa y Juan Iván Peña Neder, quien en 2007 fue coordinador de asesores del entonces subsecretario de Gobierno, Abraham González. De ahí surge el litigio, en juzgados, entre Emex y sus operadoras porque, en los hechos, existían dos negocios que gestionaban la apertura de casinos a nombre de Producciones Móviles. Los abogados de Emex han dicho que su permiso fue clonado.
Talía Vázquez, ex esposa de Peña Neder, acusa a este abogado de violación tumultuaria (proceso que enfrenta en un penal federal) y también afirma que en febrero de 2011 Peña le dio a Roberto Gil Zuarth, entonces secretario particular del presidente Felipe Calderón y ahora senador del Partido Acción Nacional (PAN), 800 mil dólares para que cabildeara la apertura de un casino Royale en Querétaro.
En agosto de 2012, tres meses y medio antes de que concluyera el sexenio, Exciting Games y Producciones Móviles fueron convertidas en permisionarios, aunque según la información que hasta anoche estaba en la página de la dirección de Juegos y Sorteos de Gobernación, tanto Emex como las dos empresas en mención están clasificadas con el mismo permiso: DGAJS/SCEVF/P-06/2005.
El martes pasado, el último subsecretario de Gobierno de la administración pasada, Obdulio Ávila, dijo ante los medios que no se otorgaron nuevas licencias sino que el 15 de agosto de 2012 se transfirieron las que ya tenía Emex. Como el caso sigue en juzgados, hoy día las tres empresas referidas siguen apareciendo como permisionarias.
Ávila argumentó que las antes operadoras, hoy permisionarias, generaron derechos. Incluso, quien fuera titular de la Unidad de Gobierno, Carlos Reynoso, argumentó que pese a los problemas con Emex, ambos negocios argumentaron que no podían perder sus inversiones extranjeras porque, además, estaban amparadas por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Talía Vázquez dijo que la presunta irregularidad que indagan los responsables actuales de Juegos y Sorteos se puede constatar fácilmente con los documentos del SAT

Achacan a Calderón la crisis por deudas que enfrentan más de mil 500 municipios




Achacan a Calderón la crisis por deudas que enfrentan más de mil 500 municipios
Sergio Arredondo Olvera dice que no puede ser que todos los alcaldes sean desordenados
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El senador Ernesto Cordero (izquierda) participó en la reunión plenaria del grupo parlamentario del PAN, en San Andrés Cholula. En la imagen lo acompañan Agustín Carstens, gobernador del Banco de México, y el legislador Javier Lozano AlarcónFoto Notimex
José Antonio Román
 
Periódico La Jornada
Jueves 17 de enero de 2013, p. 16
La crisis de endeudamiento que enfrentan más de mil 500 municipios del país –de un total de 2 mil 461– no sólo se debe al modelo hacendario y fiscal excesivamente centralista que tiene el país desde hace décadas, sino fundamentalmente a la política del ex presidente Felipe Calderón de reducir las participaciones federales durante todo su gobierno, cifra que llegó a 15 por ciento en el último año de su gestión, aseguró el secretario de la Federación Nacional de Municipios de México (Fenamm), Sergio Arredondo Olvera.
Dijo que esta situación no tiene precedente en la historia moderna del país, aunque considera que la deuda, estimada en 2.2 por ciento del producto interno bruto (PIB), todavía se ubica dentro de los parámetros en los que se puede controlar. La deuda del gobierno federal es de 30.4 por ciento del PIB.
En entrevista, Arredondo advierte, sin embargo, que la actual estructura institucional y hacendaria del país está hecha para que el municipio literalmente fracase. Los alcaldes se han convertido en meros pagadores de nómina de personal, pues de cada peso que se recauda el gobierno federal se lleva 80 centavos, mientras el municipio, en el otro extremo, sólo recibe cuatro centavos. El resto se destina a los gobiernos estatales.
Centralismo e inequidad
Nuestro sistema es excesivamente centralista e inequitativo, y cuando hablamos de inequidad nos referimos también al equilibrio entre recursos y competencias. En todos los países del mundo, todos los órdenes de gobierno tienen competencias y van a acompañadas de los recursos para que cumplan esas responsabilidades. Aquí no. Los gobiernos municipales tienen una serie de responsabilidades, pero no tienen los recursos, dijo el secretario de la Fenamm, organismo que sin ser oficialmente partidista, agrupa a los alcaldes de filiación priísta e incluso a otros.
Explicó que si a esos escasos recursos que llegan a los municipios se les reduce más sus participaciones, la situación se hace insostenible. Son unos mil 500 municipios, de todos los tamaños, con problema de endeudamiento. No pueden ser desordenados todos los alcaldes, dijo.
Además, respecto al pago del predial –que es el único cobro que dejan a los municipios–, dijo que el principal moroso es el gobierno federal. Así, este impuesto no lo pagan las iglesias, delegaciones federales, refinerías, petroquímicas, autopistas, puentes nacionales e internacionales o aeropuertos.
En total, dijo, hay más de 200 mil inmuebles que no pagan el impuesto predial, que son instituciones, ya sea del gobierno federal o que el gobierno tiene concesionadas a privados. “Y en las concesiones, (el gobierno federal) les dice a los aeropuertos privados y a Telmex, por ejemplo, ‘no pagues los impuestos municipales’, y lo autoriza por escrito, en el título de concesión”.
Por ello, consideró urgente concretar una reforma hacendaria que vaya a fondo y que cambie este modelo centralista e inequitativo.
Desde su perspectiva, fue estapolítica restrictiva aplicada por el ex presidente Calderón la que desencadenó esta grave crisis de endeudamiento municipal. Incluso, explicó, al no ejercerse estos recursos, las secretarías de Estado terminaban enviándolos a Banobras, que a través de fideicomisos los distribuía discrecionalmente, principalmente a municipios panistas

La Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas, mera simulación, afirma activista




La Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas, mera simulación, afirma activista
Rosa Rojas
 
Periódico La Jornada
Jueves 17 de enero de 2013, p. 17
La creación por el gobierno de Enrique Peña Nieto de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas (CDPI) suena como a una manera de disuadir un problema de fondo que tiene que ver con el reconocimiento de las principales demandas históricas de esos pueblos: con su autonomía; la defensa de su territorio contra megaproyectos como los mineros, eólicos e hidroeléctricos; su derecho a la consulta, y el reconocimiento del pluralismo jurídico, señaló Abel Barrera, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, de Guerrero, subrayando que se busca seguir alimentando políticas asistencialistas y fortalecer el corporativismo hacia los pueblos indígenas.
Barrera comentó que es necesario garantizar que los pueblos indios sean realmente sujetos de derecho y sean saldadas todas sus demandas históricas, pero que esto de abrir el abanico es solamente una coartada para poder desdibujar una lucha histórica que han protagonizado los indígenas; es el caso de los zapatistas, que han podido construir por la vía de los hechos un trabajo que nos está hablando de un nuevo proyecto de nación, y colocar el tema así, de manera amplia, sin ninguna agenda concreta... es simplemente una simulación.
Qué bueno que dijeran vamos a cumplir los acuerdos de San Andrés para resolver el problema histórico y estructural que enfrentan los pueblos indígenas del país, añadió, señalando que aquí más bien se crea esta comisión nacional para poder seguir manteniendo un control político hacia los pueblos indígenas y entonces meter a todos en el mismo costal, volver a excluir a los que realmente han estado demandando un reconocimiento constitucional a sus derechos colectivos y sobre todo exigiendo una nueva forma de relación y una reforma de Estado que incorpore a los pueblos a la nación como sujetos de derechos, y decir que eso quieren algunos y otros lo que demandan son obras, fertilizantes, caminos, escuelas, comisarías...
Por su parte, Salvador Campanur, de la comunidad purépecha de Cherán, Michoacán –que desde 2011 ejerce una autonomía de hecho–, indicó al respecto:Nosotros no nos fijamos en lo que ocurre allá arriba porque ya los conocemos cómo son, y el ritmo que lleva la organización de las comunidades y de los pueblos se rige por los acuerdos de San Andrés, que son desde 1996 –cuando el gobierno priísta incumplió lo firmado con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)– la ley suprema de los pueblos, naciones y tribus indígenas de México, como lo acordó la 18 asamblea del Congreso Nacional Indígena (CNI), apuntó.
“Nosotros vemos que lo que hacen allá arriba es seguir en sus planeaciones –mientras que desde febrero de 1996 se sigue esperando que los acuerdos de San Andrés se hagan ley en México–, no van al fondo de las cosas. La gente de abajo entiende que lo que quieren es hacer como que hacen, pero sin hacer nada”, agregó Campanur.
Mencionó que en el caso de Cherán, por parte de las autoridades estatales y federales no ha habido ninguna acción respecto de las tres demandas de la comunidad, de seguridad, justicia y la reconstitución de su territorio; no se ha hecho otra cosa más que, como siempre, darle largas y largas. Se ha pedido que se desmantelen los grupos paramilitares de la región y no se ha hecho, porque también lo que se quiere es que se castigue a los que han incurrido en lo que ha ocurrido en nuestra comunidad (asesinatos, secuestros, tala de bosques), pero nada ha cambiado. Lo que sí es que nuestra comunidad se sigue organizando más y más, porque se tiene fuerza, sigue la autodefensa y el consejo mayor, y siguen las amenazas de parte de la gente mala.
En relación con el anuncio del EZLN de que reforzará su participación en el CNI, Campanur indicó que esto es un aliciente, esto anima, porque su palabra es grande, como es grande su trabajo... pero siempre han estado pendientes del CNI

Retoma el PRD los acuerdos de San Andrés




Retoma el PRD los acuerdos de San Andrés
Georgina Saldierna y Enrique Méndez
 
Periódico La Jornada
Jueves 17 de enero de 2013, p. 17
El grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados presentó ayer en la Comisión Permanente una iniciativa de reforma a la Constitución, para que se retomen los puntos fundamentales en materia de derechos y cultura indígenas que no fueron incorporados en 2001, cuando el Ejecutivo y el Congreso de la Unión no cumplieron con los acuerdos de San Andrés Larráinzar.
El proyecto, que se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, resalta que el Congreso de la Unión debe subsanar la deuda que mantiene con las comunidades indígenas, hacer efectiva su libre determinación y autonomía, y definir a esos pueblos entidades de derecho público.
La iniciativa –suscrita por el vicecoordinador y el vocero de la bancada, Miguel Alonso Raya y Carlos Reyes Gámiz, respectivamente– recuerda en sus considerandos que la iniciativa de la Comisión de Concordia y Pacificación, que posteriormente fue votada por las dos cámaras del Congreso, dejó fuera los compromisos asumidos en 1996 como resultado del diálogo entre el EZLN y el gobierno federal.
Por ejemplo, refiere, la reforma al artículo 2 de la Constitución, que planteaba el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación, fue modificada y suprimió la calidad que se había ofrecido para habilitar a las comunidades indígenas como entidades de derecho público con personalidad jurídica, y en su lugar se les confirió el estatus de entidades de interés público.
La reforma, agrega, también eliminó el derecho de los pueblos indígenas a participar en los planes y programa de desarrollo, a decidir sus formas de convivencia y organización económica, política y social.
También dejó de lado el derecho de los indígenas a aplicar sus sistemas normativos en la solución de conflictos internos; a elegir a sus autoridades y ejercer sus formas de gobierno interno, así como la facultad de acceder al uso y disfrute de los recursos naturales de sus tierras y territorios, entre otros puntos.
Los diputados del PRD señalan en su iniciativa que en la Constitución debe reconocerse el respeto al ejercicio de la libre determinación de los pueblos indígenas, en cada uno de los ámbitos y niveles en que hagan valer su autonomía, definir su libre asociación, así como la elección de sus autoridades o representantes y para el ejercicio de sus propias formas de gobierno, en un marco que asegure la unidad del Estado nacional.
La iniciativa del sol azteca considera además que los congresos de los estados definan la remunicipalización de los territorios en que estén asentados los pueblos indígenas, en consulta con las poblaciones.
Asimismo, se plantea que la ley definalos mecanismos necesarios para que en los planes y programas de desarrollo se tome en cuenta a las comunidades y pueblos indígenas y sus especificidades culturales, y que el Estado garantice su acceso equitativo a la distribución de la riqueza nacional

Exigen espacio para defensores




Exigen espacio para defensores
De la Redacción
 
Periódico La Jornada
Jueves 17 de enero de 2013, p. 17
La directiva de la Asociación Anauatlali Pro Derechos de la Propiedad Rural reclamó al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el espacio que corresponde a las agrupaciones defensoras de los pueblos en la Comisión para el Diálogo de los Pueblos Indígenas.
Señaló que ante la existencia de 12 millones de indígenas en extrema pobreza y pobreza alimentaria, los bajos niveles de alfabetización y la prevalencia de 8 mil presos indígenas en penales federales y del fuero común, es urgente incluir en dicha comisión a las organizaciones sociales con arraigo en el medio rural.
En nombre de esta organización, su directora general, Cecilia García, planteó que no basta con crear la comisión o sustituir a la Comisión para el diálogo y la negociación en Chiapas (Cocopa), pues se requiere un diálogo verdadero y contacto permanente con las comunidades indígenas, por lo que pidió que se convoque a una mesa de diálogo con las organizaciones campesinas, a la cual se deben sumar funcionarios del sector, académicos y especialistas en la materia

CARTONES DE LA JORNADA







miércoles, 16 de enero de 2013

OPINIÓN. Raúl Vera, obispo en resistencia




José Guadalupe Sánchez Suárez*
Raúl Vera López, obispo de Saltilo, Coahuila
México DFenero 10 de 2013.
Hace 25 años, el Papa Juan Pablo II hizo obispo al fraile dominico José Raúl Vera López con una intención tan clara como turbia: que fuera el inquisidor de una Iglesia autóctona construida a la intemperie por los pueblos originarios chiapanecos al amparo del Tatik Samuel Ruiz.
 
Quería que fuera la estocada final de una intensiva estrategia contra el “alarmante” efecto de la teología de la liberación en aquella porción de la Iglesia mexicana, y que ya había funcionado en otros estados como Chihuahua, Oaxaca y Morelos, donde la intromisión de obispos conservadores ciegamente fieles a las órdenes vaticanas había, cuando no destruido, al menos detenido el avance de este “cáncer marxista” extendido ya en muchas partes de la iglesia católica latinoamericana y caribeña.
 
Pero algo salió mal. Por un grave error de cálculo eclesiástico, o una certera acción divina, según se prefiera, este elocuente religioso decidió seguir otras órdenes que las del obispo de Roma a quien juró plena obediencia.
 
Primero obedeció a los indígenas, mujeres y hombres de profunda fe y compromiso donde no encontró herejía alguna ni nada contrario a una auténtica tradición cristiana; luego escuchó a las mujeres, las más de las veces sin voz en las iglesias y en la sociedad; después a los trabajadores explotados, luego a las viudas y los huérfanos, de paso a los migrantes, ahora las comunidades en resistencia, también a homosexuales que le abordaron en el camino, y en todo el trayecto, a defensores y defensoras de los  marginados y explotados, haciéndose uno más con ellas y ellos; por último, lo buscaron los no-creyentes y lo hicieron apóstol de los gentiles.
 
En todo el camino, por inusitado que parezca, nunca dejó de ser pastor: obispo de puertas abiertas en una institución religiosa de puertas cerradas, con corazón humano en medio de un episcopado de corazón de piedra, presente en el mundo y en la historia al margen de una Iglesia ausente de ellos, profeta de la justicia en una jerarquía cómplice de la injusticia. Obispo en resistencia dentro de una iglesia reticente.
 
Su labor incomoda tanto a las altas jerarquías católicas de México y del Vaticano, como a las altas esferas del poder político; y mientras las primeras no han encontrado en dos décadas y media razón ética, teológica o canónica suficiente para destituirlo, a las segundas no les hace falta para un día de estos borrarlo del mapa, lo cual pone su vida en todo momento al borde del peligro.
 
¿Qué mantiene con vida a este profeta del desierto? No ciertamente su condición de obispo ni el de hecho inexistente apoyo institucional de la Iglesia que representa: sus hermanos obispos no lo apoyan y los sacerdotes de su diócesis no pueden (o no quieren) seguirle el paso, mientras fray Raúl intenta seguirle el paso a la historia.
 
En medio del riesgo cotidiano, lo mantiene con vida más bien su reconocimiento internacional como defensor de derechos humanos, pero sobre todo la cercanía física y emocional de a quienes él ha entregado sus años de trabajo pastoral, que le han creado una invisible catedral protectora más allá de los límites de su diócesis en Saltillo, Coahuila, y de la Iglesia católica mexicana; en reciprocidad a su presencia solidaria con todas las luchas justas de este país y de otras latitudes, quienes luchan y resisten están siempre acompañándolo y nunca está solo.
 
Consciente de que del poder jerárquico que caracteriza a la Iglesia y al Estado sólo puede venir la opresión y exclusión, Raúl Vera ha decidido resistir contracorriente desde otro lugar y desde otra actitud. Con pasión y ternura camina al lado de los pueblos, de los débiles que construyen otro mundo posible y otra Iglesia posible desde la paz, la justicia y la equidad, derribando las fronteras que nos dividen para construir una casa común, para todas y todos, y para la naturaleza.
 
Ahora, en su jubileo episcopal, los pueblos caminan con él, le acompañaron por breves días (del 4 al 6 de enero de este año) en un Saltillo envuelto en la niebla, el frío intenso y un ambiente de violenta inseguridad al comienzo de un año también de brumoso destino para nuestro país; le acompañan de muchas latitudes, creencias e increencias para mostrarle su afecto, y para decir que aún en medio de la intemperie y el desasosiego la esperanza vive y la dignidad es posible y necesaria para todas y todos, especialmente los más pobres.
 
En la primera mañana de esta entrañable celebración, que contó con la presencia y palabra de los conocidos teólogos Jon Sobrino y Jesús Espeja, en su momento, la sacerdote anglicana Emilie T. Smith, quien comparte con don Raúl la presidencia delServicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los pueblos de América Latina (SICSAL) y el riesgo cotidiano de las amenazas de muerte, habló para agradecer al obispo que sea terremoto para las estructuras de la iglesia católica; lo es también para las estructuras del poder opresor; ¿lo será para la conciencia de muchas y muchos que viven en el miedo, el silencio o la indiferencia?
 
Ojalá así sea y que el ejemplo de fe y resistencia de este bienhumorado fraile, junto al de muchas y muchos, provoque la confluencia urgente en torno a la revolución necesaria en este país sumido en la desigualdad y la violencia.
 
*Integrante del Centro de Estudios Ecuménicos y del Observatorio Eclesial
 
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Reprueban a Secretaría de Salud federal por promover abstinencia sexual




Guillermo Montalvo Fuentes
México DFenero 09 de 2013.
“La mejor forma de evitar infecciones de transmisión sexual o embarazos no planeados es la abstinencia sexual. Tu salud, tu responsabilidad”; es el mensaje que la Secretaría de Salud federal publicó ayer a través de su cuenta de Twitter (@SSalud_mx), y el cual ha sido criticado por usuarios de esta red social y por activistas de la sociedad civil.
 
El tuit de esta dependencia fue enviado ayer al mediodía; sin embargo, tras la inmediata crítica reprobatoria de algunos usuarios, la secretaría publicó, minutos más tarde, otros mensajes con los que intentó matizar el primer comentario: “Si tu opción no es la abstinencia debes proteger tu salud sexual. Conoce los riesgos, cuídate. Usa siempre #condón” y “Para evitar embarazos no planeados e infecciones de transmisión sexual, se recomienda el uso combinado de anticonceptivos y #condón”; fueron algunos de los tuits posteriores.
 
Al respecto, Alejandrina García Rojas, vocal del Consejo Nacional para la Prevención y Control del Sida (Conasida), consideró que el mensaje firmado por la Secretaría de Salud, no fue publicado por equivocación, ya que para ella, las razones por las que se lanza un comentario así es para ver cuál es la reacción que genera en la sociedad.
 
La también coordinadora del Programa de Mujeres y VIH/sida en la asociación civil Salud Integral para la Mujer (Sipam), señaló que este mensaje, más allá de ser conservador y promover la abstinencia sexual, deja ver preocupantes cuestionamientos: ¿cómo van a quedar los programas de salud sexual y reproductiva en el gobierno de Enrique Peña Nieto? ¿van a cambiar a caso la canasta básica de anticonceptivos?, ¿ya no habrá más condones?, ¿cuál será la política de salud sexual y reproductiva que tendrá esta administración?
 
De acuerdo con García Rojas, el Estado mexicano debe garantizar políticas de salud sexual y reproductiva independientemente de que la gente quiera o no recurrir a la abstinencia sexual, una opinión con la que coincidió el periodista Antonio Medina, quien dijo, “el Estado no debe meterse en la cama de las personas”.
 
Para Medina Trejo, la abstinencia sexual no debe estar en el primer plano de la prevención de embarazos no deseados o de infecciones de transmisión sexual, pues lo que se debe privilegiar es la información laica y científica para generar políticas públicas abiertas, con perspectiva de diversidad social, cultural, sexual y de derechos humanos.
 
El también maestro en Comunicación y Política por la Universidad Autónoma de de la Ciudad de México, calificó el mensaje de la Secretaría de Salud como “una forma de lanzar una piedra para ver qué olas hace”; es decir, qué reacciones genera; por tal motivo espera que no llegue a convertirse en un eje de políticas públicas, pues de ser así, “significaría una medida conservadora que nos llevaría décadas atrás en educación sexual, además de que se perderían varias décadas de activismo político y social”.
 
Por su parte, Luis Adrián Quiroz, presidente de la organización Salud, Derechos y Justicia, señaló que, con este mensaje, se hizo evidente que el gobierno federal no tiene todavía una estrategia en materia de salud sexual y reproductiva ni atención y prevención del VIH/sida, lo cual “es preocupante, si consideramos la experiencia y trayectoria de Mercedes Juan López y Pablo Kuri Morales, titular de la secretaría de salud federal y subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de esa dependencia, respectivamente”.
 
Por tal motivo, Miguel García Murcia, también integrante de Salud, Derechos y Justicia, recordó que ya se le hizo llegar a la Secretaria de Salud un oficio en el que se le pide una “aclaración formal” con respecto al mensaje emitido.
 
Aunque todavía no hay un pronunciamiento por parte de la secretaría, ambos activistas esperan que Mercedes Juan López responda a la solicitud, de lo contrario, “esto nos hablaría de que es una dependencia incapaz de mantener una interlocución con la sociedad civil; además de que el artículo 8 de la Constitución Política así lo demanda, al garantizar a todos los ciudadanos el derecho de petición y la obligación de todos los funcionarios públicos a responder ante algún cuestionamiento.
 
Reacciones tuiteras
 
Algunos de los comentarios que se generaron en esta red social por el mensaje de la Secretaría de Salud fueron los siguientes:
 
@Akeman_: Gracias a @SSalud_mx recordé que todo lo bueno de la vida engorda, mata o embaraza.
@leeleean: ¿Alguien del Opus Dei maneja esta cuenta?
@Mandariino: El Nuevo PRI
 
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México con “retraso impresionante” en materia de derechos de la infancia




Yared de la Rosa
Estado mexicano "rezagado" en derechos de la infancia, aseguran activistas
México DFenero 09 de 2013. En materia de derechos de los niños, niñas y adolescentes, México se encuentra en un “retraso impresionante” pues ha quedado “rezagado” y no ha avanzado en el compromiso de la Convención sobre los Derechos del Niño: no discriminación, participación, supervivencia y desarrollo e interés superior del niño, señaló Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM).
En conferencia de prensa para dar a conocer el balance anual 2012 de la organización civil, Pérez García señaló que México no cuenta con un Sistema Nacional de Promoción, Protección y Garantía de Derechos de la Infancia y Adolescencia, pese a que hace 23 años el Estado ratificó la Convención, lo que implica que haya una “acción fragmentada, mediocre y asistencialista que explica por qué aún con cientos de programas no se logra cambiar la grave situación que viven millones de niñas, niños y adolescentes”.
De la misma manera, subrayó la necesidad de trabajar en una nueva Ley de Protección y Garantía de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Llamó al presidente Enrique Peña Nieto a retomar el compromiso adquirido con el Fondo de la Naciones Unidas por la Infancia (UNICEF) y la REDIM durante el tiempo de transición, pues el mandatario manifestó su disposición de adherirse a la campaña “10 por la Infancia”, la cual plantea varios puntos para garantizar el cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
Por su parte, Leticia Chávez, integrante de la Coordinadora Popular de Madres Educadoras (COPOME), informó que el incremento de la violencia en el sexenio de Felipe Calderón se vio reflejado en la tasa de mortalidad por homicidio en la población de 0 a 17 años, pues de 2000 a 2010 pasó de 1.7 a 3.6 muertes por cada 100 mil habitantes, lo que representa un ascenso de 210 por ciento; así como mil 406 homicidios de niños y niñas tan sólo en 2010.
En materia de educación, “un dato que refleja los pocos avances” en la protección de derechos de este sector, apuntó la activista, son que tres de cada 10 adolescentes de 16 años de edad no cuentan con la educación secundaria, mientras, en materia de salud hay un incremento del embarazo adolescente entre mujeres de 15 a 17 años, ya que la tasa de maternidad pasó de 4.9 por ciento en 2006 a 5.6 en 2010.
Por otro lado, de 2010 a 2011, la tasa de mortalidad por suicidio en la población adolescente de 15 a 17 años pasó de las 5.5 a las 6.9 muertes por cada 100 mil habitantes, lo que significó un aumento de 25 por ciento en un año, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
En cuanto a la infancia migrante en 2011, se registraron 15 mil 524 niñas y niños repatriados desde Estados Unidos, de los cuales 904 eran menores de 12 años y al menos 246 viajaban solos, finalizó Leticia Chávez.
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Denuncian impunidad en asesinatos por homofobia en Quintana Roo




  • Los crímenes ocurrieron entre enero de 2011 y diciembre de 2012
  • Marisol Flores
    México DFenero 09 de 2013. En los últimos dos años en el estado de Quintana Roo, han ocurrido 15 asesinatos por transfobia y homofobia, sin que hasta la fecha exista un indiciado, las averiguaciones se han tornado lentas y el proyecto de tipificar los crímenes de odio por orientación sexual no ha tenido respuesta por parte de los integrantes del Congreso local, denunció Edgar Mora, responsable del Proyecto Coordinación Diversidad Sexual.
    Desde enero de 2011, los integrantes del proyecto han realizado un monitoreo de medios de comunicación locales, impresos y electrónicos, con el objetivo de contabilizar el número de crímenes cometidos en contra de personas de la diversidad sexual en esa entidad. Tras conocer las cifras solicitaron una reunión con el procurador de justica estatal, Gaspar García Torres, para exponerle la importancia de un adecuado seguimiento a los casos y así evitar la impunidad.
    Sin embargo, Mora subrayó que hasta el momento no ha habido respuesta, por lo llamó a instituciones federales e internacionales a poner atención en lo que sucede en Quintana Roo, principalmente en la zona de Playa del Carmen y Cancún, lugares en los que en el último trimestre de 2012 ocurrieron la mitad de estos 15 crímenes.
    Destacó que en un primer momento la procuraduría manejó como hipótesis la existencia de un asesino serial, misma que desechó a los dos días, por lo que el activista manifestó que las autoridades quintanarroenses deben ser cuidadosas con este tipo de declaraciones puesto que generan angustia entre los miembros del colectivo lésbico, gay, bisexual, transgénero, travesti, transexual e intersexual.
    Otro de los aspectos para que estos crímenes sigan en la impunidad es que Cancún y Playa del Carmen, se encuentran habitadas principalmente por personas que buscan mejorar su calidad de vida y al momento de que ocurre un asesinato las familias manifiestan su interés en sólo recuperar el cuerpo de las víctimas y evitar el proceso judicial, lo que repercute en el seguimiento, dijo Mora.
    Enfatizó que si bien el Código Penal del estado contiene una sanción para quienes inciten al odio por motivo de raza, religión, orientación sexual, hasta el momento es inaplicable y agregó que recientemente el diputado del Partido Revolucionario Institucional, Alfredo Contreras Méndez, presentó una iniciativa para prevenir y sancionar la discriminación pero para su elaboración no convocó a organizaciones ni a defensores de derechos humanos de la entidad.
    Por último, el activista indicó que la documentación hemerográfica que han realizado no revela un patrón pero sin duda refleja crímenes de odio ya que los cuerpos encontrados presentan huellas de tortura y prácticas de extrema crueldad como golpes hechos con martillos.
    Nota relacionada:
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    Sigue faltando un marco regulatorio en materia de reproducción asistida




    Sigue faltando un marco regulatorio en materia de reproducción asistida
    Hay pugna entre las posturas de grupos conservadores y expertos; está en estudio proyecto de ley
    Ángeles Cruz Martínez
     
    Periódico La Jornada
    Miércoles 16 de enero de 2013, p. 43
    En México existen 71 clínicas privadas de reproducción asistida para la atención de personas que tienen algún problema de infertilidad, fenómeno que está presente en 15 a 17 por ciento de las parejas. De éstas, 20 por ciento recurren a estos servicios y, aunque es una práctica cada vez con mayor demanda, no se ha logrado en casi tres décadas concretar una regulación que asegure calidad, confiabilidad y un desempeño ético de los especialistas.
    A lo largo de este tiempo ha habido diversas iniciativas para crear una ley en la materia, pero ninguna ha sido aprobada, principalmente por la falta de acuerdo respecto de aspectos bioéticos, como es la obtención de embriones y su manejo y la constante pugna entre los expertos que aportan los datos científicos y los grupos conservadores que anteponen sus ideologías y creencias religiosas.
    El proyecto más reciente fue presentado el pasado diciembre, casi al final del periodo ordinario de sesiones, por la senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, presidenta de la Comisión de Salud. El documento, señalan expertos, nuevamente pretende limitar las posibilidades de las mujeres a ejercer su maternidad y complicarles un procedimiento que de por sí es complejo y desgastante emocional y económicamente.
    En tanto, ayer se presentó el primer censo sobre fertilidad elaborado por la empresa encuestadora Ipsos. Como parte del estudio se hicieron entrevistas a directivos de 31 establecimientos, en los que al año se realizan alrededor de 22 mil procedimientos de reproducción asistida, desde la menos compleja, como son los coitos programados o la inseminación artificial, hasta la más sofisticada, la fertilización in vitro.
    En conjunto ofrecen a las parejas una probabilidad de éxito de 33 a 44 por ciento en el primer intento, con costos que pueden llegar a 100 mil pesos por procedimiento. Armando Mora, director de mercadotecnia de Ipsos, comentó que 80 por ciento de los tratamientos que se realizan en el país son de baja complejidad, mientras que poco más de 4 mil personas se someten a tratamientos de fertilización in vitro, los cuales son los de más alto costo, y aunque tienen una efectividad mayor (44 por ciento en promedio) en el primer intento, tampoco son garantía de que la mujer logrará embarazarse.
    El nivel de desgaste y la falta de información o claridad respecto de las terapias se observa en los resultados del estudio, el cual encontró que 60 por ciento de las mujeres abandonan el tratamiento luego de un primer intento fallido.
    Las personas que se someten a tratamientos de coito programado, que pueden ser más sencillos pues consisten en tomar una tableta durante 10 días para estimular la ovulación, tienen una probabilidad de éxito de 33 por ciento en el primer intento, y la mayoría (60 por ciento) lo abandonan en el tercer intento.
    Carlos Tapia, gerente médico de biotecnología del laboratorio farmacéutico Merck Serono, empresa que financió la encuesta de Ipsos, comentó que la infertilidad es cada vez más frecuente y se debe a diversos factores, entre otros el consumo de alcohol y tabaco por las mujeres, el ejercicio físico excesivo (gimnasio durante más de dos horas) y, en general, profesionistas que posponen su maternidad hasta edades en las que se dificulta la procreación por cuestiones fisiológicas.
    Destacó que las causas de la infertilidad están presentes tanto en mujeres como en hombres y en 25 por ciento de los casos ambos miembros de la pareja tienen algún problema que les impide lograr el embarazo

    Entran en vigor reformas a la Ley General de Salud respecto de adulteración de bebidas y salud mental




    Entran en vigor reformas a la Ley General de Salud respecto de adulteración de bebidas y salud mental
    De la Redacción
     
    Periódico La Jornada
    Miércoles 16 de enero de 2013, p. 43
    A partir de hoy son vigentes las reformas a la Ley General de Salud (LGS) que se refieren a la alteración de bebidas y a la salud mental. En la primera se tipifica como delito grave la alteración y contaminación de bebidas alcohólicas y no alcohólicas, en tanto que en la segunda se fortalece la atención y elcarácter prioritario de los trastornos mentales y del comportamiento.
    En este último caso, el documento, firmado por el presidente Enrique Peña Nieto el 7 de enero pasado, ordena proteger los derechos de este sector de la población.
    En el decreto se informa que la Secretaría de Salud y demás instancias del área deberán fomentar actividades y campañas de promoción de los derechos de las personas con estas afectaciones,así como de sensibilización, para reducir el estigma y la discriminación y favorecer la atención oportuna.
    También se deberán promover investigaciones y observadores externos para vigilar los derechos humanos del grupo en referencia.
    La ley establece que la persona con trastornos mentales y del comportamiento tendrá derecho a la mejor atención disponible en materia de salud mental y acorde con sus antecedentes culturales, lo que incluye el trato sin discriminación y con respeto a la dignidad de la persona en establecimientos de la red del Sistema Nacional de Salud.
    En cuanto a las modificaciones a la LGS y el Código Penal Federal, la sanción para los responsables de cometer adulteración de bebidas alcohólicas es hasta de nueve años de cárcel, informó la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).
    Los cambios legales fueron aprobados por el Congreso de la Unión el pasado mes de diciembre y comprenden el primer párrafo del artículo 464 de la ley, y la adición de los párrafos segundo, con las fracciones I, II y III, así como el tercer párrafo.
    El nuevo texto establece: A quien adultere, falsifique, contamine, altere o permita la adulteración, falsificación, contaminación o alteración de alimentos, bebidas no alcohólicas o cualquier otra sustancia o producto de uso o consumo humano, con peligro para la salud, se le aplicará de uno a nueve años de prisión y multa equivalente de 100 a 1000 días de salario mínimo general vigente.
    Quien incurra en adulteración de bebidas alcohólicas se hará acreedor a prisión de seis meses a tres años y de 50 a 250 días salario mínimo de multa. En el caso de alteración de licores la sanción va de tres a siete años de prisión y de 250 a 500 días de multa.
    En caso de contaminación de bebidas alcohólicas se aplicará encarcelamiento de cinco a nueve años y sanción económica de 500 a mil días

    Pese a ser reconocido como un derecho humano, aún no hay ley sobre el agua




    Pese a ser reconocido como un derecho humano, aún no hay ley sobre el agua
    Se debe incluir el tema de la disponibilidad, ya que el abasto debe ser suficiente y continuo, señala
    Angélica Enciso L.
     
    Periódico La Jornada
    Miércoles 16 de enero de 2013, p. 46
    La nueva Ley General de Aguas, que se debe reformar ya que la Constitución considera desde el año pasado el derecho humano al líquido, debe priorizar el carácter de bien común y público de este recurso, señaló la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (Comda). Aunque esta legislación debe aprobarse en febrero, aún no se conocen iniciativas en el Congreso y existe el temor de que haya un albazo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), sostuvo Areli Sandoval de Comda.
    Explicó que hay un borrador de una propuesta ciudadana, elaborado por diversas organizaciones, y uno de los temas a discusión es la definición de los parámetros bajo los cuales se debe considerar el acceso a este derecho humano, tomando en cuenta que en el país hay una distribución desigual del recurso. Indicó que se tienen que tomar en cuenta aspectos como usos del agua, participación ciudadana y tarifas.
    De acuerdo con un artículo transitorio estipulado en la aprobación de la modificación al artículo cuarto de la Constitución, el 8 de febrero de 2012, en febrero de este año se debe aprobar la nueva ley sobre agua que considere los cambios constitucionales.
    Comda consideró que el Congreso de la Unión debe emitir una Ley General de Aguas, y los estados deben realizar la correspondiente homologación de los marcos legales locales, que contemple la esencia contenida en el artículo cuarto constitucional y estar apegada a los principios y estándares establecidos en los instrumentos internacionales.
    Detalló que se debe incluir el tema de la disponibilidad, ya que el abasto del líquido debe ser suficiente y continuo; cada persona debe contar con una cantidad de agua cada día para uso personal y doméstico, además de disponer con instalaciones de agua en el hogar, escuela o trabajo. La Organización Mundial de la Salud precisa que para cumplir con este derecho humano la fuente de agua no puede estar a más de mil metros del hogar.
    Además, agregó la Comda, los costos asociados al abastecimiento del líquido no deberían poner en peligro o mermar el disfrute de este derecho. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo sugiere que los costos del agua no superen 3 por ciento de los ingresos del hogar, para esto la ley debería dar pie a una revisión de las tarifas que se aplican en el país.
    Indicó que bajo esta óptica se deberían impedir situaciones que se dan en la mayoría de las ciudades en las cuales se ha privatizado el agua, como los cortes del servicio por falta de pago, lo cual también debe revisarse desde el enfoque del derecho humano a este recurso.
    El Observatorio de Política Social y Derechos Humanos consideró que esta ley deberá definir las bases, apoyos y modalidades por las que el Estado mexicano garantizará la participación de la Federación, las entidades federativas, los municipios y la ciudadanía. Detalló que la cobertura del servicio de agua potable –hasta 2010– abarca a 90.9 por ciento de la población, por lo que sigue sin ser un derecho ejercido por 9.1 por ciento de la población del país, distribuida primordialmente en Oaxaca y Coahuila, lo cuales aún se encuentran por debajo del nivel de cobertura nacional registrado en 1990, ya que cuentan con porcentajes de 76.1 y 77.3 por ciento, respectivamente