San Cristóbal de las Casas, Chis. 9 de octubre. Concluyó hoy en la ciudad de Tonalá el Foro por la defensa de los defensores y defensoras de los derechos humanos, convocado por diversos centros de Chiapas que defienden esas garantías (entre ellos el anfitrión, el Digna Ochoa; el Frayba, y el de la Mujer).
En Chiapas los actos de hostigamiento a las comunidades son comunes y reiterados
, sostuvo Yazmín Hernández, del centro Digna Ochoa, cuyos integrantes han sido perseguidos judicialmente en meses recientes en la región costa del estado.
Vivimos en una constante violencia estructural del Estado, que tiene en la pobreza a más de la mitad de los mexicanos
, expresó Hernández al caracterizar las condiciones en que se realiza en el país la defensa de los derechos humanos. Y la pobreza es la violación más reiterada
de esas garantías, apuntó.
También participaron en el foro los organismos Betty Cariño (del sur de Veracruz), Tlachinollan (Guerrero), la pastoral de migrantes de Tapachula y la oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, además de grupos civiles en lucha, como la comunidad Candelaria (Venustiano Carranza), los familiares de los presos en huelga de hambre en tres penales chiapanecos, grupos de Tabasco y Totonacapan (Veracruz) y el Comité Cerezo.
La representante del centro Digna Ochoa destacó: “Ante un escenario nacional en el que carecemos de condiciones para una vida digna, no nos queda sino organizarnos en colectivos y centros para defender los derechos. En México hemos padecido detenciones, tratos crueles e inhumanos, hostigamientos, amenazas y ejecuciones extrajudiciales”.
En Chiapas, dijo, “son agredidos continuamente los pueblos adherentes de la otra campaña, la resistencia a las altas tarifas de luz, los que se oponen a la privatización de los territorios; miembros de los partidos políticos agreden a las bases de apoyo del EZLN”. Y ahora el Estado persigue a los que defienden al migrante, a la mujer, al indígena, al campesino, al pescador
.
Hernández acusó a las autoridades de intentar desacreditar públicamente el buen nombre y la labor de los defensores
, y tratarlos como delincuentes
. El gobierno de Chiapas tiene la intención de obstaculizar nuestro trabajo
, sostuvo, y llamó a coordinar los trabajos de los diferentes centros para protegerse entre sí
.
Polémica fue la participación de una representante de la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, quien en realidad sólo pretendía describir el funcionamiento de su oficina, sus limitaciones para intervenir en casos particulares (aunque monitorea y da seguimiento
), su papel de puente para las embajadas que se interesan en determinados casos de violaciones de derechos en México, y aspectos semejantes.
Fue cuestionada por otros participantes en el foro sobre la posición del Alto Comisionado respecto a los Objetivos del Milenio de Naciones Unidas y la forma en que se aplican en Chiapas para el despojo y el reacomodo territorial promovidos por la propia ONU
. No obstante, la vocera del organismo dijo no estar autorizada para emitir juicios, y puntualizó que el PNUD y el Alto Comisionado eran oficinas distintas.
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