El titular de la Secretaría de Salud (Ssa), Salomón Chertorivski, solicitó la renuncia del abogado Bernardo Fernández del Castillo, cuyo desempeño como coordinador de Asuntos Jurídicos fue polémico desde su llegada en enero de 2007, por su cercanía con las posiciones de los grupos conservadores, opuestos al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos.
El ahora ex funcionario fue señalado en varias ocasiones de ser el obstáculo para el avance de disposiciones normativas que incluían aspectos relativos a la anticoncepción de emergencia y la posibilidad de facilitar el acceso al aborto a las mujeres víctimas de violación.
Su participación más reciente fue en la discusión de los proyectos de Ley de Reproducción Asistida en el Senado y la propuesta de reforma a la Ley General de Salud para regular estos procedimientos en la Cámara de Diputados. En ambos casos, intentó que los legisladores aprobaran restricciones a la práctica, bajo el supuesto de que en el embrión hay un ser humano
. Ninguna prosperó.
La renuncia se hizo efectiva a partir del viernes y aunque desde días anteriores se difundió la versión respecto a la decisión que tomaría el secretario Chertorivski, resultó sorpresiva para el abogado, quien no recibió ninguna explicación; sólo el ofrecimiento de que posteriormente hablaría con él.
Ese mismo día, Fernández del Castillo –quien defendió al cardenal Norberto Rivera cuando lo acusaron de ser cómplice de pederastia– dejó libre la oficina, desde la cual también buscó tener el control de las acciones de prácticamente todas las áreas de la Ssa.
El abogado, también acusado por anteponer sus creencias religiosas a su posición de servidor público, expresó siempre que se le requirió su opinión en favor de la vida desde el momento de la concepción, la cual buscó imponer, por ejemplo, cuando se discutía la norma oficial mexicana (NOM) 046 sobre violencia familiar, sexual y contra las mujeres; criterios para la prevención y atención.
La publicación del documento se retrasó por la pretensión de Fernández del Castillo de que se eliminara la obligación de los servicios de salud de ofrecer a las víctimas de violación, incluso en el matrimonio, la posibilidad de acceder a la interrupción del embarazo.
La presión de las organizaciones civiles logró que la Ssa diera marcha atrás, en favor de los derechos de la población femenina. Para las activistas, es claro que la llegada del litigante tenía el objetivo de frenar las políticas públicas sobre los derechos sexuales y reproductivos.
Así se lo propusieron las agrupaciones conservadoras en una reunión en 2005, en la que cuestionaron agriamente el desempeño del entonces secretario de Salud, Julio Frenk Mora.
Apenas un año atrás, la Ssa había introducido la anticoncepción de emergencia a la NOM de planificación familiar y las demandas de amparo interpuestas por Provida, con la asesoría de Fernández de Castillo, ya habían sido desestimadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En dicho encuentro también participó el abogado, y ahí mismo las agrupaciones se plantearon como objetivo introducirse a la Ssa para desde ahí buscar el avance de sus posturas. En diciembre de 2006, José Angel Córdova Villalobos se convirtió en secretario de Salud y para enero del año siguiente llegó Fernández del Castillo a la entonces Dirección de Asuntos Jurídico
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