Un funcionario estatal ofreció 100 mil pesos a los padres de los estudiantes muertos, aseguran
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Ayer, peritos de la Procuraduría General de la República y elementos de la Policía Federal fueron hasta el lugar del enfrentamiento del 12 de diciembre pasado para tomar evidencias "en la escena del crimen". En la imagen, presuntos policías ministeriales durante los hechos donde murieron dos estudiantes normalistasFoto Sebastián Luna
Sergio Ocampo Arista
Corresponsal
Periódico La Jornada
Jueves 29 de diciembre de 2011, p. 13
Chilpancingo, Gro., 28 de diciembre. Padres de familia, egresados y estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos denunciaron que el subsecretario de Asuntos Políticos del gobierno estatal, Víctor Aguirre Alcaide, pretende dividir su movimiento al ofrecer hasta 100 mil pesos para que desistan de la lucha en demanda de juicio político contra el gobernador Ángel Heladio Aguirre Rivero, a quien responsabilizaron nuevamente de la muerte de sus dos compañeros, ocurrida el pasado 12 de diciembre sobre la Autopista del Sol.
En conferencia de prensa este miércoles, Juan Carlos Mena, profesor egresado de la normal, detalló que "el subsecretario (Víctor Aguirre) se acercó a los papás de los dos compañeros estudiantes muertos y les ofreció 100 mil pesos a cada familia; propuso la misma cantidad de dinero a los miembros de la comisión de relaciones exteriores del comité estudiantil de la escuela, para que ya no alborotaran, y les dijo que los esperaba a las 10 de la mañana en sus oficinas".
Agregó que "intentaron hacer lo mismo con los dirigentes del Consejo Comunitario Lucio Cabañas Barrientos de Atoyac; el funcionario utilizó el teléfono 744-10-54-939 a nombre de Raymundo de la Vega, quien no existe, para comprar conciencias, pero no le funcionó".
Por su parte, Pablo Juárez, uno de los dirigentes del comité directivo de la normal de Ayotzinapa, rechazó las declaraciones del gobernador guerrerense de que solamente tres estudiantes, junto con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, son los que están demandando juicio político y su salida del gobierno. "Lo que no sabe el gobernador es que es toda la base estudiantil, las organizaciones sociales (Frente de Masas del Estado de Guerrero y la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero) y los padres de familia los que estamos exigiendo juicio político en su contra, y la destitución del secretario general de Gobierno, Humberto Salgado Gómez, y la secretaria de Educación, Silvia Romero".
En tanto, fuentes del gobierno estatal confirmaron que esta mañana unas 50 personas, entre peritos de la Procuraduría General de la República y elementos de la Policía Federal, acudieron al lugar donde fueron asesinados los dos jóvenes normalistas, "para tomar evidencias en la escena del crimen".
Durante los trabajos de reconstrucción de los hechos se suspendió por varios minutos la circulación vehicular en la Autopista del Sol y en la carretera federal Chilpancingo-Acapulco
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