Exige el Centro Prodh reparar el daño a tres indígenas sentenciadas por secuestro

Exige el Centro Prodh reparar el daño a tres indígenas sentenciadas por secuestro

Apelarán a la decisión de la procuraduría; debe reconocer la inocencia de las mujeres ñañu

Emir Olivares Alonso

 

Periódico La Jornada
Jueves 20 de diciembre de 2012, p. 6

Tras el cambio de partido en el gobierno federal, la Procuraduría General de la República (PGR) tuvo un primer descalabro en materia de derechos humanos al negar la reparación del daño ocasionado por el irregular proceso judicial e injusto encarcelamiento de Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, mujeres ñañu acusadas del presunto secuestro de seis agentes federales en 2006, denunció el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).

Leopoldo Maldonado, integrante del equipo jurídico del Centro Prodh, señaló en entrevista que apelarán la decisión de la PGR, emitida el pasado 12 de diciembre y notificada a las víctimas apenas el martes anterior.

Jacinta Francisco presentó la reclamación de reparación de daño en septiembre de 2010, después de ser liberada, ya que la propia PGR presentó conclusiones no acusatorias en su contra por el delito que le imputaba. La mujer había sido condenada a compurgar una pena de 21 años.

Alberta y Teresa –quienes fueron excarceladas en 2010 después que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó que fueran liberadas– interpusieron el recurso de reclamación en abril de 2011.

El Centro Prodh –que lleva la defensa de las víctimas– resaltó que la PGR se ha negado a reconocer públicamente la inocencia de las tres indígenas, provocando la revictimización de las mismas.

Más de dos años después de la (primera) petición y con la nueva administración federal, la PGR se niega a responder a tres víctimas de criminalización debido a su adscripción étnica, a quienes intentó juzgar por un delito que no cometieron.

Existe responsabilidad oficial

Maldonado explicó que el argumento de la dependencia federal es que no hubo daños contra las tres indígenas y que actuó en el marco de la legalidad.

Sin embargo, acotó, “por supuesto que tienen responsabilidad y la obligación de reparar el daño, pues (el encarcelamiento) deriva de un actuar irregular de los agentes federales –pertenecientes a la extinta Agencia Federal de Investigación, dependiente de la PGR–, se utilizaron falsos testimonios de los policías y hubo múltiples contradicciones en un proceso irregular, y aun así la PGR decidió consignar la averiguación previa y solicitar al juez la aprehensión”.

El abogado resaltó que la propia SCJN y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos avalaron dichas irregularidades, que llevaron a las autoridades judiciales a concluir que no existían elementos suficientes para demostrar la responsabilidad de las tres indígenas ñañu en los hechos que les imputaban.

La petición de reparación del daño presentada por las tres mujeres se sustenta en la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. Exigen que sean resarcidos los daños económicos y sicológicos ocasionados por el actuar irregular de la PGR.

“Vamos a apelar la decisión y, en ese sentido, hacemos un llamado al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa –que resolverá el caso– a que actúe con responsabilidad e independencia”, subrayó Maldonado.

Traducir el discurso en hechos

En un comunicado, el Centro Prodh consideró que la respuesta de la PGR para estos casos no abona a la construcción de mecanismos idóneos y eficaces para brindar justicia y reparación (del daño) a las personas que han sido víctimas de violaciones graves a sus derechos humanos ocasionados por organismos del Estado.

Al respecto, el abogado de la organización afirmó que la administración de Enrique Peña Nieto ha ensalzado la vigencia de los derechos humanos en su discurso público, pero éste debe traducirse en hechos. Este primer descalabro demuestra un importante desdén del nuevo gobierno por las garantías fundamentales, afirmó