En Guerrero prevalecen las agresiones contra defensores de derechos humanos
En las mismas circunstancias están Oaxaca, Chihuahua, Chiapas, Hidalgo y Veracruz
Rosa Rojas
Periódico La Jornada
Sábado 14 de diciembre de 2013, p. 16
Sábado 14 de diciembre de 2013, p. 16
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México denunció
el clima de violencia que prevalece en Guerrero y la escalada del uso desviado del sistema de justicia penal que mantiene en impunidad las agresiones, amenazas y asesinatos de activistas y defensores de derechos humanos, y pretende controlar coercitivamente los sistemas de justicia comunitaria reconocidos en los marcos normativos estatales, nacionales e internacionales, como es el caso de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC).
Al presentar el Diagnóstico mesoamericano 2012, Violencia contra defensoras de derechos humanos en Mesoamérica, realizado por la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, la red mexicana, que agrupa a 135 defensoras de 20 estados de la República, subrayó que Guerrero está entre las entidades con el mayor índice de agresiones contra activistas.
En un comunicado, destacó la falta de garantías para que las y los defensores en Guerrero realicen su labor en condiciones de seguridad. En esa situación se encuentran también Oaxaca, Chihuahua, Chiapas, Hidalgo y Veracruz, entidades caracterizadas por pobreza, alto índice de población indígena, militarización, migración y procesos emblemáticos en defensa de su tierra y territorio.
El diagnóstico se basa en el Registro mesoamericano de agresiones contra defensoras de derechos humanos, en el cual se documentó que en 2012 hubo 414 agresiones contra activistas en Mesoamérica (México, Guatemala, El Salvador y Honduras); 118 de las cuales fueron contra mexicanas, cifra que representó 28.5 por ciento del total a escala regional.
Respecto de Guerrero, la red destacó
la pasividadde las autoridades frente a las agresiones y asesinatos contra defensoras y defensores, así como la creciente criminalización de integrantes de la Policía Comunitaria,
frente a quienes, en abierta violación del derecho al debido proceso, se han modificado de manera arbitraria las competencias judiciales
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