Sin mediar discusión pública alguna a la carrera se aprobó la reforma al artículo 24 constitucional el pasado mes de diciembre para plasmar en nuestra carta magna la ‘libertad religiosa’, deseo hondamente acariciado por el episcopado mexicano. Los promotores de la reforma arguyen que dicho cambio obedece a la necesidad de empatar la Constitución con los pactos internacionales firmados por nuestro país sobre el tema. Sin embargo, especialistas en el tema, legisladores que se oponen a la reforma y activistas defensores del Estado laico advierten que dicho concepto es la rendija por la que la jerarquía católica intentará obtener mayores privilegios y espacios en la vida pública.
Ya se sabe que toda ley está sujeta a interpretación, y lo que los jerarcas católicos entienden por libertad religiosa no es sólo la libertad de credos sino, como afirma el especialista del Colegio de México Roberto Blancarte, un conjunto de reivindicaciones específicas que incluyen la pretendida ‘libertad de los padres’ a educar a sus hijos en la religión de su preferencia. Lo que se traduciría en términos llanos en la introducción de la educación religiosa en las escuelas públicas.
La reforma todavía tiene que pasar por el Senado. Es necesario ejercer presión para lograr que se discuta ampliamente antes de ser aprobada, y exigir que antes se apruebe la reforma pendiente al artículo 40, donde se plasma el carácter laico del Estado mexicano.
*Publicado en el número 186 en el suplemento Letra S del periódico La Jornada el jueves 6 de enero de 2012
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