Alejandro Brito
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investigador
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México DF, enero 17 de 2012.
Para el movimiento de la diversidad sexual, el sector salud se ha vuelto una ‘alternativa tecnocrática’ a los partidos políticos. Los ministerios de Salud son la primera puerta, y a veces la única, que se abre a las poblaciones altamente estigmatizadas. Por miedo a los costos políticos, los partidos se niegan a representarlas. En contraste, la alternativa tecnocrática que ofrecen las instituciones de salud pública no solo crea cierto velo que atenúa dichos costos sino que legitima, por así decirlo, una causa que no goza de mucha popularidad. Quien sostiene lo anterior es Rafael de la Dehesa, doctor en Ciencia Política por la Universidad de Harvard. En entrevista con este suplemento, el autor del libro Queering the public sphere in Mexico and Brazil: sexual rights movements in emerging democracies explica que le ha impresionado particularmente el papel jugado por el Programa Nacional de VIH/Sida de Brasil en la articulación del activismo lésbico, gay, bisexual y transgénero con los diferentes ministerios del Estado, mientras se paralizaba totalmente la agenda legislativa del movimiento LGBT.
El Estado brasileño, explica el politólogo, ha jugado un papel muy destacado en la promoción y articulación de la sociedad civil. En 1999, a través del proyecto SOMOS en conjunto con la Asociación Brasileña de Gays, Lesbianas, Bisexuales y Transexuales, establece cinco centros regionales de apoyo técnico donde se capacita a las organizaciones comunitarias y se crean nuevas en las localidades donde no existía organización alguna. Este proyecto expandió el área geográfica del movimiento, y por ende de las políticas públicas de prevención. ¿Eso quiere decir que de alguna manera las organizaciones civiles ahora forman parte del Estado?, preguntamos a Dehesa y responde in extenso:
“Eso tiene que ver con la llamada ‘construcción de capacidades’, manejada desde las agencias internacionales y, particularmente, desde proyectos de salud pública y de VIH/Sida. Esa idea refleja una nueva forma de pensar la ciudadanía, que tiene un trasfondo neoliberal y de rearticulación del Estado en base a las agencias internacionales. En 1988 el Banco Mundial pública un artículo de discusión que habla de esta idea de ‘construcción de capacidades’ como una inversión radical de la transferencia de tecnología en los proyectos de desarrollo que antes se hacía de arriba hacia abajo. A través de este nuevo concepto, la transferencia tecnológica se vuelve más local y se crean bases para la sustentabilidad de los proyectos. Cardoso imaginaba un Estado poroso en el cual la sociedad civil puede actuar como parte del Estado y afirma que el ejemplo máximo es el movimiento de VIH/Sida porque dice que están totalmente fusionados ambos. Ahora, me parece que esas articulaciones público-privadas entre la sociedad civil y el Estado levantan una serie de dilemas. Hay tensiones en esas articulaciones, en las cuales los activistas pueden incluso cambiar las dinámicas dentro del Estado.”
¿Un movimiento social no pierde su función y su identidad fusionándose de esa manera con el Estado?, volvemos a preguntarle, a lo que el profesor del College of Staten Island de la Universidad de Nueva York responde: “El movimiento social es heterogéneo. Y sin duda ha cambiado desde que surgió en los años setenta, y parte de ese cambio tiene que ver con la profesionalización y la onegización de muchos sectores. Hay activistas que dan un discurso totalmente enyesado, institucional, que reproducen palabra por palabra lo que dicen los funcionarios, pero también hay activistas que son muy críticos con el Estado y que trabajan en organizaciones que reciben recursos públicos”.
La fusión sociedad civil-Estado es tal que incluso hay activistas que con toda la facilidad dan el salto y se convierten en servidores públicos, le comentamos. “Sí, una antropóloga brasileña habla de la onegización del Estado que refleja parte de esta fusión”, nos responde.
En otro momento de la entrevista, De la Dehesa nos comenta que dentro de la administración pública se maneja el término “burocracia representativa”, haciendo juego con el concepto de “democracia representativa”, para designar a la posibilidad de que un sector de servidores públicos, sin ser electos, pueda representar a ciertas poblaciones minoritarias y marginadas y responder a sus necesidades. ¿De qué estamos hablando, de conquista de espacios de interlocución o de cooptación por parte del Estado?, volvemos a la cargada. Y de nuevo se explaya en la respuesta:
“Honestamente, veo las dos cosas. Existe una vertiente, que viene del Banco Mundial, que postula la incorporación de la sociedad civil al Estado por las razones de que, por su compromiso vital, las organizaciones sociales no solo son mano de obra barata sino de buena calidad. Pero también existe otra vertiente que, en Brasil por ejemplo, responde a todo un movimiento sanitarista, ligado a la oposición de izquierda a la dictadura militar, que plantea algo similar en relación a la participación social, pero desde el papel del control social.”
Rafael de la Dehesa piensa que el movimiento de la reforma sanitarista en Brasil -que tuvo como grandes logros la incorporación del derecho a la salud en la Constitución en 1988 y la creación del Sistema Único de Salud (SUS)-, donde se crearon consejos de salud a nivel municipal, estatal y nacional, tuvo una influencia directa en lo que fue la respuesta a la epidemia del VIH, en donde las organizaciones sociales fueron en muchos sentidos responsables de la dirección de las políticas de prevención, gracias a ese modelo sanitarista de control social. Y eso es lo que explicaría, en parte, la enorme distancia que existe si hacemos la comparación con la respuesta a la epidemia del VIH en México.
En su investigación Dehesa hace un análisis comparativo del activismo LGBT y su articulación con el Estado en México y en Brasil, en particular de sus relaciones con los partidos políticos y sus alianzas con el sector salud. Si bien existen paralelismos entre ambos activismos políticos, una diferencia importante es el papel que juega la ABGLBT en Brasil como interlocutor poderoso frente a los diversos poderes políticos, le comentamos.
“La ABGLBT se creó en 1995, y desde entonces consolidó un peso político muy importante a nivel nacional que dio voz unificada a la interlocución a nivel federal y abrió espacios. Pero hay gente que se queja porque margina otras voces del movimiento”, nos explica. Pero se trata de una representación propia y autónoma del movimiento. En cambio en México esa representación la ostentan los partidos políticos (PRD) o recae en la ‘burocracia representativa’ (Censida), replicamos. Y esto es lo que nos contesta:
“Mi impresión es que el movimiento ha heredado ciertos vicios del PRI, de la izquierda, de sectarismo, de ciertas dinámicas de personalismo, quizás la ausencia de una red magnifica esos problemas, pero también esos problemas me parece que se deben a una cuestión más amplia de cultura política, y la cuestión partidaria también pesa, porque son notables las diferencias que existen entre ambos países en, por ejemplo, procesos electorales y legislativos. En México se ha promovido una estrategia de candidaturas externas con partidos principalmente de izquierda, y eso refuerza divisiones dentro del movimiento. Y la dinámica de candidaturas externas ha fomentado estos vicios de la izquierda que se han reproducido dentro del movimiento. Crea expectativas y ambiciones políticas muy fuertes que pesan en la división del movimiento, lo que ha contribuido a la imposibilidad de crear redes nacionales como la ABGLBT brasileña.”
La articulación-fusión del activismo LGBT con el Estado, o lo que Rafael de la Dehesa llama ‘la alternativa tecnocrática’, impone una dinámica de competencia por los recursos públicos, y convierte a los activistas en proveedores de servicios al Estado. Se lo comentamos y nos responde que muchas de las personas del movimiento de la diversidad sexual que ha entrevistado reconocieron los riesgos de asumir el papel de prestadores de servicios y hablaron del control social como una contrapartida a esa posibilidad, de que el papel adecuado para las ONG es el de monitorear al Estado para que funcione bien.
Tú retomas un concepto que viene mucho al caso, ‘la dictadura de los proyectos’, le recordamos. “Sí, y se refiere a la manera en que técnicas administrativas cambian las dinámicas activistas, que de alguna manera corta la temporalidad del activismo enfocado ahora a cumplir metas. Impone medidas cuantificables. Y el control social de alguna manera es parte del mismo modelo técnico. La idea es que el Estado monitoree y evalúe a las ONG, y éstas evalúen y monitoreen al Estado. A mí no me gusta colocar esta relación en blanco y negro, si estás cooptado o no estás cooptado. Me parece que hay estructuras en las que las ONG tienen qué navegar y que esas estructuras fomentan ciertas técnicas de activismo. Hay organizaciones, por ejemplo, que garantizan su sobrevivencia con los proyectos y eso les permite seguir en el activismo político”, finaliza el profesor Rafael de la Dehesa, quien ahora tiene planes de establecer un diálogo entre las experiencias del movimiento LGBT con el movimiento de las mujeres en su investigación en curso. Explorar los cruces entre ambos movimientos le resulta particularmente interesante porque, afirma, hay amnesia histórica sobre la génesis del movimiento de liberación homosexual, que nace al lado y dentro del feminismo, le debe muchísimo al feminismo y “ya no se ve esta asociación histórica entre ambos movimientos”, concluye.
*Versión completa de la entrevista publicada en el número 186 en el suplemento Letra S del periódico La Jornada el jueves 5 de enero de 2012.
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