¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! fue el grito con el que decenas de personas celebraron en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) la aprobación de la reforma al artículo 146 del Código Civil del DF que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo.
El cabildeo y debate sobre esta reforma inició el 9 de noviembre de 2009, el diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), David Razú Aznar, presentó ante la ALDF una iniciativa de ley para reformar el artículo 146 del Código Civil del DF y así modificar la leyenda de que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer por la de dos personas. Esta acción era respaldada por 52 organizaciones de la sociedad civil.
En entrevista dada al programa de noticias de NotieSe en radio, el legislador perredista explicó que esta reforma tenía “La intención de lograr un reconocimiento de derechos iguales para todas las ciudadanas y los ciudadanos que en otros temas como el pago de impuestos son iguales y (en este) no tuviera por que haber instituciones distintas para ciudadanos, ante la ley tienen que ser iguales” por lo que no violentaba los derechos de terceras personas. Además de ceñirse al Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal.
Días después, el 12 de noviembre, el asambleísta del Partido Acción Nacional (PAN), Sergio Eguren, señaló a los medios de comunicación que su fracción parlamentaria no permitiría que la ciudad de México se convirtiera en “la jaula de las locas”. Ante estas declaraciones, las fracciones del Partido Revolucionario Institucional y Partido del Trabajo externaron ante colectivos de la diversidad sexual el respaldo a la iniciativa de reforma.
El 12 de diciembre, a pesar de la oposición del PAN, quien por medio del legislador, Fernando Rodríguez, señaló que las parejas homosexuales tenían que se tratadas de manera “especial como las personas con discapacidad”, y de algunos integrantes del PRD, Edith Ruiz Mendicuti y Julio César Moreno, quienes argumentaron que se tenía que poner un candado a la adopción pare evitar ataques de los grupos conservadores, las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia, Derechos Humanos y Equidad de Género se aprobó el dictamen de reforma al artículo 146 del Código Penal del DF.
Tras la aprobación del dictamen, el PAN, por medio de la diputada federal, María de la Paz Quiñones Cornejo, solicitó al Jefe de Gobierno del DF (GDF), Marcelo Ebrard Casaubon, someter los matrimonios gay a un plebiscito. Aunada a esta solicitud, la fracción del PAN en la ALDF, calificó la propuesta de “apresurada e innecesaria” debido a que ya existía la figura jurídica de las sociedades de convivencia.
Días después, el 21 de diciembre, en medio de una sesión polarizada por las declaraciones a la prensa hechas por miembros del PAN, se aprobó en el pleno de la ALDF con 39 votos a favor, 20 en contra y cinco abstenciones las modificaciones al Código Civil y de Procedimientos del DF que permitía el matrimonio entre personas del mismo sexo, las cuales entrarían en vigor en marzo de 2010.
El rechazo
Con la finalidad de “proteger a la familia concebida expresamente por el Poder Constituyente Permanente en 1974” y evitar la violación a los artículos 4, 14, 16 y 133 de la Constitución mexicana, la Procuraduría General de la República (PGR), presentó el miércoles 27 de enero de este año, una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra las reformas aprobadas el 21 de diciembre de 2009 por la ALDF para reconocer en la capital del país el derecho de las parejas homosexuales a casarse y poder adoptar niños de forma conjunta.
Días después, el 1 de febrero, en medio de una gira por Asia, el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, declaró que la Constitución mexicana “habla explícitamente del matrimonio entre el hombre y la mujer”, para justificar el juicio promovido por su administración en la Corte.
Una semana después, la Sociedad Unida por el Derecho al Matrimonio entre Personas del Mismo Sexo, marchó del Ángel de la Independencia a la residencia oficial de Los Pinos para entregarle a Felipe Calderón, una solicitud de audiencia pública con miras a debatir sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo. Además, de exigir que instruyera al entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, sancionar la intromisión a la vida pública y política de las iglesias en México.
A lo largo de este mes, los gobiernos de los estados de Tlaxcala, Guanajuato, Morelos, Jalisco, Guanajuato y Sonora, presentaron controversias constitucionales en rechazo a las uniones entre personas del mismo sexo.
El 23 de febrero, el ministro de la SCJN, Sergio Valls Hernández, desechó las controversias constitucionales de Sonora, Jalisco y Tlaxcala.
En el mes de agosto se retomó el debate en el pleno de la SCJN. Tras casi tres semanas de discusión, con ocho votos a favor y dos en contra los ministros de la SCJN determinaron la constitucionalidad de las reformas hechas por la ALDF en diciembre pasado al artículo 146 del Código Civil capitalino para reconocer jurídicamente el matrimonio entre personas del mismo sexo en el Distrito Federal. Días más tarde determinaría la constitucionalidad de la adopción por parte de estas parejas y su validez en el ámbito nacional.
Los registros
El 4 de marzo, a dos meses de haberse aprobado las reformas al Código civil capitalino, se presentaron las primeras parejas del mismo sexo a registrarse al Juzgado Central del Registro Civil. Aquella mañana acudieron más de 20 parejas, algunas de ellas provenientes de diversos estados de la República.
Una semana después, el 11 de marzo, se celebraron los primeros 5 matrimonios entre personas del mismo sexo en el patio del Antiguo Palacio del Ayuntamiento. Un día después se produjo otro enlace en la delegación política Venustiano Carranza, y le siguieron varios eventos masivos en el Hemiciclo a Juárez y el Juzgado Central del Registro Civil del DF.
Nueve meses después, el GDF dio a conocer que hasta el 4 de diciembre de 2010 han contraído matrimonio 528 parejas del mismo sexo, 276 de varones y 252 de mujeres.
Sin embargo, hasta hoy, ninguna pareja del mismo sexo ha podido acceder a la seguridad social. El Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y la Asociación Nacional de Actores no han permitido a las parejas gay gozar del derecho de afiliación por lo que no tienen acceso a servicios médicos y pensiones. Así, en 2011, estas parejas buscarán mediante figuras jurídicas como el amparo, acceder plenamente a sus derechos plenos.
