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jueves, 28 de enero de 2010

CARTONES





La PGR, brazo de la derecha, afirman

La PGR, brazo de la derecha, afirman

A

l interponer la Procuraduría General de la República (PGR) un recurso de inconstitucionalidad por el que se pretende revertir el derecho al matrimonio, concubinato y la adopción para parejas del mismo sexo en la ciudad de México se viola el carácter de representante social, cuyo objetivo principal es velar por los principios constitucionales de libertad, igualdad y no discriminación para las y los mexicanos, y se erige como el brazo de la derecha mexicana para otorgarle impunidad y consentir sus políticas retrógradas.

El procurador carece de legitimación y honorabilidad alguna para hacerlo, por su actuación omisa ante los feminicidios sin resolver en Ciudad Juárez, y ahora la historia lo registrará como el homofóbico número uno del país, cuando debería ocuparse de frenar los índices de criminalidad que aquejan a México.

En este año de festejos por las luchas libertarias seguiremos trabajando todos los días para transformar a México en un país de riqueza e igualdad para todas y todos sin clasismo, racismo, misoginia, discriminación ni homofobia.

Jaime López Vela, Jesusa Rodríguez, Liliana Felipe, Jorge Saavedra, David González, Miguel Soria, FroylánYescas, Rebeca Béjar, Marco Medina, Tania Nieves, Daniela Ramírez, Alberto Patiño, Daniel Ramos, Temístocles Villanueva, Irma Gómez y José Ramos

Promueve la PGR recurso contra bodas gay

Lleva ante la Suprema Corte acción de inconstitucionalidad por la decisión de la ALDF

Promueve la PGR recurso contra bodas gay

No impedirá la entrada en vigor de la reforma legal, programada para marzo próximo

Gustavo Castillo García
Periódico La Jornada
Jueves 28 de enero de 2010, p. 43

La Procuraduría General de la República (PGR) promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad en contra de las reformas que aprobó la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), en torno a los matrimonios entre parejas del mismo sexo y la posibilidad de que éstas adopten menores de edad.

Según la dependencia, la reforma contraviene el principio de legalidad, pues (...) se aparta del fin constitucional de protección de la familia concebido expresamente por el Poder Constituyente Permanente en 1974.

La promoción de este recurso no impedirá la entrada en vigor en marzo próximo de las nuevas normas que se aplicarán en el DF, y sólo que la SCJN determine que son violatorias de las garantías consagradas en la Constitución general procederá la anulación del matrimonio entre personas de un mismo sexo y su derecho a adoptar, indicaron los abogados José Luis Nassar Daw y Alonso Aguilar Zinser, consultados al respecto, así como funcionarios de la PGR.

El recurso de inconstitucionalidad fue presentado por el Ministerio Público Federal, luego de que organizaciones civiles de derecha, religiosas y representantes de diversas iglesias se manifestaran en contra de la reforma aprobada por la ALDF el 20 de diciembre de 2009.

El asunto será turnado a un ministro para que éste admita o rechace la demanda, lo cual se definirá a más tardar en dos o tres días.

Entre las organizaciones que demandaron de manera formal a la PGR que promoviera la acción de inconstitucionalidad estuvo el Colegio de Abogados Católicos de México; sin embargo, hubo intentos de legisladores del Distrito Federal de filiación panista que pretendieron interponer un recurso similar al de la procuraduría, pero no reunieron las firmas necesarias.

Mediante un comunicado de prensa, la PGR informó que el recurso de inconstitucionalidad fue promovido en torno de los artículos 146 y 391 del Código Civil para el Distrito Federal, que regulan las figuras del matrimonio y la adopción, atendiendo a lo que establecen los artículos 4, 14, 16 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que a consideración de esa dependencia, la reforma al artículo 146 del Código Civil capitalino contraviene el principio de legalidad, pues la reforma se aparta del fin constitucional de protección de la familia concebida expresamente por el Poder Constituyente Permanente en 1974.

Asimismo, indicó la dependencia, “la reforma parte de la tesis de que no existía protección legal del ejercicio de los derechos de las parejas integradas por personas del mismo sexo y que desean fundar una familia. Ello no es exacto, pues en el Distrito Federal existe, desde 2006, la institución jurídica de la sociedad de convivencia, que tutela prácticamente los mismos derechos que el matrimonio, salvo los relacionados con la procreación y la descendencia.

“La PGR considera que la reforma se aleja del deber estatal de salvaguardar el interés superior del niño, cuya supremacía ordena la Constitución federal y cuyos alcances establecen los tratados internacionales y han interpretado los propios tribunales mexicanos.

Todo lo anterior, con independencia de los conflictos jurídicos que la reforma genera en el resto de las entidades que conforman la República e, incluso, frente a la Federación, además de que trastoca el sistema federal y las instituciones del derecho de la familia.

Elogian actuación del gobierno

La Arquidiócesis de México y el Colegio de Abogados Católicos elogiaron la decisión del gobierno federal de interponer una acción de inconstitucionalidad ante la SCJN contra las reformas que legalizan los matrimonios gay y la posibilidad de adopción para estas parejas.

Hugo Valdemar, vocero de la arquidiócesis, dijo que el gobierno actuó de manera responsable, ética y valiente al atender la petición de la Iglesia católica, evangélicos y agrupaciones de laicos.

Por separado, Armando Martínez, presidente del Colegio de Abogados Católicos, señaló en entrevista que sigue en pie la realización de acciones de protesta contra las reformas de la ALDF.

Carolina Gómez Men

"Consecuencia del pecado": cardenal

Consecuencia del pecado: cardenal
Luis A. Boffil Gómez, corresponsal
Periódico La Jornada
Jueves 28 de enero de 2010, p. 43

Mérida, Yuc., 27 de enero. La homosexualidad no corresponde al plan de Dios, eso es una consecuencia del pecado, aseguró Ennio Antonelli, presidente del Consejo Pontificio para la Familia, del Vaticano, interrogado en torno a la propuesta de legalizar en México matrimonios entre personas del mismo sexo.

El cardenal arribó a Yucatán para presidir el segundo Congreso de Salud, Vida y Familia, que se inicia el viernes, y ofreció una rueda de prensa en la catedral de Mérida. Allí comentó: “La difusión de una nueva cultura de respeto entre personas con preferencias de un mismo sexo no está mal, lo que está mal es cuando desean inmiscuir la adopción en el tema.

Como persona racional digo (que las bodas gay) es algo opuesto a los planes de Dios, pues no se promueve la creación de una familia, que es el núcleo de donde provienen los hijos, expresó dijo Antonelli

Respaldan masones leyes de la ALDF sobre aborto y uniones gays

Cuestionan la intolerancia mostrada por la jerarquía católica

Respaldan masones leyes de la ALDF sobre aborto y uniones gays

Se reúnen con la presidenta de la Comisión de Gobierno en recinto

Raúl Llanos Samaniego
Periódico La Jornada
Jueves 28 de enero de 2010, p. 36

En una reunión privada con la presidenta de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Alejandra Barrales Magdaleno, integrantes de la Gran Logia del Valle de México manifestaron su abierto respaldo a las reformas que aprobaron los diputados locales, mediante las cuales se legaliza en esta capital tanto la interrupción del embarazo antes de la doceava semana de gestación, como el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Criticaron la continua injerencia de la jerarquía católica en asuntos de índole político, lo que es violatorio de la Constitución.

Durante el encuentro, Eduardo Rétiz Licona, Gran Maestro de dicha logia, leyó un documento en el que los masones cuestionan la intolerancia que han mostrado los máximos representantes de la Iglesia católica, al aludir las modificaciones legales impulsadas por los diputados de la pasada y actual Legislatura.

Nos pronunciamos en contra de la intolerancia de quienes violentan el orden institucional, buscando por medio del fanatismo religioso traer ignorancia y miseria entre la población mexicana, resalta en el documento entregada a Barrales Magdaleno.

El encuentro se realizó en las instalaciones de la Asamblea Legislativa de Donceles y Allende. Al concluir, Rétiz Licona accedió a ser entrevistado. Mencionó que, de manera abierta, la jerarquía católica ha estado intentando echar atrás la reforma sobre la despenalización del aborto y han criticado de manera bastante negativa la unión de personas del mismo sexo.

Creemos, dijo, que la Iglesia no debe entormeterse en las labores del Estado, lo señala la Constitución y la ley reglamentaria de las asociaciones religiosas, pues es claro que no tienen ninguna autoridad moral para sancionar ese tipo de hechos.

Respecto de la actitud que sobre ese tema ha mostrado hasta ahora la Secretaría de Gobernación, mencionó que desafortunadamente hay una complacencia por parte del Ejecutivo federal hacia esos grupos conservadores, quienes viendo ese apoyo tácito han tomado acciones decididas en contra de muchas de las leyes que ha aprobado la Asamblea Legislativa, que, insistimos, son los que menos tendrían autoridad moral para hablar u oponerse a esos temas.

Añadió que la propia Secretaría de Gobernación ha tomado una actitud muy complaciente, seguramente porque tienen afinidad en esos asuntos, y eso lesiona la vida política de nuestro país; los clérigos se meten en temas de política cuando no son capaces ni siquiera de abonar nada a la vida pública

Ocho mujeres de Veracruz, presas por abortar; las procesaron por homicidio

Purgan penas de 12 a 15 años; solicita ONG revisar expedientes

Ocho mujeres de Veracruz, presas por abortar; las procesaron por homicidio
Andrés Timoteo Morales
Corresponsal
Periódico La Jornada
Jueves 28 de enero de 2010, p. 30

Jalapa, Ver., 27 de enero. Nueve mujeres fueron sometidas a proceso judicial en Veracruz por abortar, en algunos casos de forma no intencional, y ocho de ellas están en prisión acusadas de homicidio calificado, informó el Instituto Veracruzano de la Mujer (IVM).

Martha Mendoza Parissi, directora del organismo, señaló este miércoles que cinco de las mujeres mencionadas ya recibieron sentencia y purgan condenas de 12 a 15 años de cárcel, por lo que se gestiona ante el Poder Judicial del estado que se revisen los expedientes y se apele a la reforma hecha el año pasado al Código Penal de Veracruz, para conmutar las penas por tratamiento médico y educativo.

La situación de las mujeres encarceladas por abortar fue dada a conocer por la organización de grupos civiles Articulación Estatal por el Derecho a Decidir, cuya representante, Aracely Saavedra, aseguró que médicos y enfermeras de la Secretaría de Salud estatal aportaron evidencias para incriminar a las procesadas.

Señaló que en al menos un caso el aborto fue por mala medicación, y una mujer murió por practicarse un legrado; además, todas las afectadas son pobres y provienen de comunidades rurales o suburbanas.

El IVM corroboró la información de Articulación Estatal. Mendoza Parissi precisó que sólo una de las nueve mujeres procesadaas está en libertad y vive en el municipio de Chocamán, en la zona centro de Veracruz.

Cinco están en el penal de Pacho Viejo, cerca de la ciudad de Jalapa; dos en el reclusorio de La Toma, en Amatlán, y una en el penal de Zongolica.

A ellas se les tipificó el delito de homicidio calificado, argumentando que, según las pruebas en su contra, el producto nació vivo y murió fuera del vientre de la madre, pero en realidad son casos de aborto, explicó Mendoza Parissi.

La funcionaria acotó que las encarceladas tienen entre 20 y 25 años de edad. Indicó que el IVM brinda asesoría jurídica a las que no han recibido sentencia, y en el caso de las sentenciadas se busca apelar del proceso y pedir que se conmute la sanción.

El 3 de diciembre pasado el Congreso local modificó el artículo 150 del Código Penal para eliminar la pena de cárcel a mujeres que se provoquen o consientan la práctica del legrado, y fijó como sanción tratamiento en libertad consistente en medidas de asistencia médica y educativa.

La retroactividad de la ley sí es factible en este caso porque beneficia al procesado. Por ello estamos apelando a los jueces y agentes del Ministerio Público para que se reconsideren los casos de estas mujeres y se cambie el delito del cual se les acusa, expuso.

A su vez, la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Noemí Quirasco, consideró que los jueces que procesaron y sentenciaron a las mujeres presas incurrieron en una falta de sensibilidad al acusarlas de un homicidio doloso y no de aborto