CARTONES

Partirá caravana de CA en pos de mil migrantes perdidos en México

Tuxtla Gutiérrez, Chis. Familiares de mil inmigrantes centroamericanos extraviados en México iniciarán el 31 de octubre en Tapachula, sureste de México, una caravana para buscarlos en refugios, vías de tren y otros sitios de las rutas de la migración, informó este sábado una ONG.

"Las familias de unos mil centroamericanos de los que no se tienen pistas, presumen que se perdieron en México. Los acontecimientos en Tamaulipas, nos hacen pensar que corrieron algunos con la misma suerte", dijo Luis Angel Nieto, de la organización "Nuestros Lazos de Sangre" y organizador de la caravana.

Un total de 72 inmigrantes de Centro y Sudamérica fueron masacrados en agosto presuntamente por el cártel de 'Los Zetas' en un rancho del estado de Tamaulipas.

La caravana, integrada principalmente por mujeres de Guatemala, El Salvador y Honduras, iniciará en la ciudad de Tapachula, en la frontera mexicana con la guatemalteca, y concluirá el 9 de noviembre en Puerto Vallarta, sobre el Pacífico y a unos 2 mil km de distancia, donde se realizará IV Foro Mundial de Migración y Desarrollo.

Unos 500 mil extranjeros indocumentados ingresan anualmente a México, principalmente por la frontera sur, para tratar de llegar a Estados Unidos, según cifras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que también documentó en 2009 que unos 10 mil inmigrantes fueron secuestrados en seis meses.

Cumplidos, exhortos de CNDH sobre Pasta de Conchos: STPS

México, DF. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) aclaró que sí ha cumplido las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre el accidente en la mina de carbón de Pasta de Conchos, Coahuila.

El subsecretario del Trabajo, Álvaro Castro Estrada, se refirió a las declaraciones del ombudsman Raúl Plascencia Villanueva en el sentido de que esa dependencia continúa sin atender tales recomendaciones.

Aclaró que hubo una imprecisión, porque mediante oficio de noviembre de 2009, la CNDH comunicó a la STPS que había dado cumplimiento a seis de los siete puntos que contiene la recomendación 26/2006 emitida el 17 de julio de 2006.

Recordó que el 17 de julio de 2006 la STPS recibió una recomendación sobre el accidente en la Mina 8 de la unidad Pasta de Conchos, relacionada con responsabilidades administrativas, de coordinación con Protección Civil.

Asimismo con la emisión de nuevas normas relacionadas con la seguridad de las minas, responsabilidad patrimonial del Estado, contratación de mayor número de inspectores federales del trabajo, entre otras, detalló.

“Yo creo que aquí hay una imprecisión, el 11 de noviembre de 2009 recibimos el oficio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el cual nos comunican que seis de las siete recomendaciones que se dieron en su oportunidad habían sido cumplidas”, refirió.

Indicó que de acuerdo con ese oficio “la única que estaba pendiente era la segunda, relacionada con la responsabilidad patrimonial del Estado”, y precisó que ese punto es relativo al pago de indemnizaciones.

Ello, expuso, porque antes de que se reformara la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado en su Artículo 18 prevé que la parte interesada deberá presentar su reclamación ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, conforme a lo establecido en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

“De manera que la STPS no podía atender directamente una recomendación de esta naturaleza sin que antes el propio tribunal resolviera jurisdiccionalmente”, explicó el funcionario, de acuerdo con un comunicado de la STPS.

Detalló que los reclamos se están ventilando tanto en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa como en el Poder Judicial de la Federación.

Subrayó que algunos han sido desechados por improcedentes, otros siguen en curso y el resto se encuentran en instancias superiores en el Poder Judicial de la Federación.

Castro Estrada afirmó: “creo que es muy importante decir que los puntos de esta recomendación han sido debidamente atendidos y así lo ha reconocido la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos”.

Refirió que según el Artículo 123 constitucional, Apartado A, Fracción XIV, los empresarios son responsables de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales de los trabajadores sufran con motivo o en ejercicio de la profesión o trabajo que ejecuten, por lo que deben pagar la indemnización correspondiente.

Por otra parte, el funcionario se sumó al entusiasmo mundial por el rescate de los mineros en Chile, y recordó que los hechos sucedidos en la mina de San José el 5 de agosto pasado son diferentes a los ocurridos en la mina de Pasta de Conchos el 19 de febrero del 2006.

Indicó que Pasta de Conchos es un yacimiento de carbón de alta explosividad por el gas metano que ahí se encuentra.

Recordó que hubo explosión, derrumbes e inundaciones y que mediante las imágenes obtenidas a través de los barrenos se pudo comprobar que el rescate implicaba arriesgar más vidas humanas, lo cual era improcedente.

En el caso de la mina San José, recalcó, es un yacimiento de cobre y oro, con poco riesgo de explosión, donde ocurrió un derrumbe, no una inundación ni una explosión y, además, los barrenos también pudieron ubicar a los mineros e incluso comunicarse con ellos.

Por todo ello en ese caso el rescate era viable, aunque con una altísima dificultad, y “qué bueno que se logró”, expresó.

Sobre los cuestionamientos de si en México se pudo haber hecho lo mismo que en Chile, el subsecretario del Trabajo aclaró que hay rescates que son viables después de una valoración y otros rescates que son inviables.

“Nosotros cuando supimos, en esta administración, de que podían rescatarse los cuerpos, se tomó la determinación por el secretario Javier Lozano de consultar a especialistas en minería, como fue el Panel de Expertos del Foro Consultivo Científico y Tecnológico”, dijo.

Indicó que los especialistas explicaron que las condiciones de seguridad e higiene que prevalecían en la mina eran sumamente riesgosas, inestables e inseguras, por lo que el ingreso en esas circunstancias comprometía significativamente la seguridad de quienes pretendieran hacerlo, de modo que se desaconsejaba ingresar a la mina.

El subsecretario se refirió a un estudio realizado en 2007, pero en su momento fueron los directivos de la propia empresa y seguramente Protección Civil quienes consideraron que era inviable un rescate en ese momento.

Atenco, una herida que no deja de supurar: América del Valle

México, DF. A sus 30 años, la activista mexicana América del Valle conoce bien la soledad: durante 48 meses vivió escondida, sin contacto con amigos o familiares, y con el único objetivo de "resistir" la persecución del gobierno contra su familia.

"El exilio es un poliedro de muchas dimensiones, no hay manual para llevarlo", reflexionó ahora, en una larga entrevista con IPS, realizada durante una fiesta familiar en San Salvador Atenco, en un cuarto prestado por una prima. "Mis vecinas inmediatas eran la nostalgia, la tristeza, y una pinche derrota que acechaba todo el tiempo", dijo. Pero aclara que "a la derrota nunca le permití entrar. Con las otras, tenía que hacer treguas".

Ella es hija de Ignacio del Valle, líder campesino de San Salvador Atenco, un pueblo de 15 mil habitantes ubicado 30 kilómetros al este de la capital mexicana y que en 2002 impidió la construcción sobre sus tierras de un aeropuerto internacional, para sustituir al de la ciudad de México. Hubiese sido la obra pública más ambiciosa del gobierno de Vicente Fox (2000-2006).

Cuatro años después, cayó sobre Atenco la represión de fuerzas del Estado, cuando el 3 de mayo de 2006 el Frente del Pueblo en Defensa de la Tierra, encabezado por Del Valle, bloqueó accesos al poblado, como reacción a una agresión de la policía a 10 floricultores.

El saldo fue de dos jóvenes muertos -uno por un balazo y otro por el golpe de un tanque de gas lacrimógeno-, 207 personas detenidas y torturadas, incluidas ancianas y parapléjicos, decenas de casas allanadas, dirigentes sociales condenados a penas equivalentes a cadena perpetua y al menos 26 mujeres violadas, según las denuncias, en un operativo en que participaron unos 3 mil policías.

Tanto Fox, como su sucesor, el actual presidente Felipe Calderón, pertenecen al derechista Partido Acción Nacional (PAN), que en 2000 rompió la hegemonía de siete décadas del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

La familia Del Valle fue proscrita. El padre fue encerrado en una cárcel de alta seguridad, donde están los criminales más peligrosos, y sentenciado a 112 años de prisión. César, el menor de sus hijos, estuvo preso dos años. Trinidad Martínez, su esposa, tuvo que esconderse seis meses.

Ulises, el primogénito, fue perseguido más de un año. América, quien ni siquiera estuvo en Atenco el día de la refriega, permaneció clandestina los cuatro años de batalla legal.

"Mi tarea central era resistir, no dejarme agarrar, pero eso implicó cero contacto con mis seres queridos y con nadie, desaparecer", dijo.

El día del enfrentamiento, el subcomandante Marcos, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que estaba en la ciudad de México como parte de una gira de ese grupo indigenista y rebelde por el país, llamó a sus simpatizantes en la capital a desplazarse hacia Atenco para hacer un cordón humano.

Bárbara Italia Méndez, voluntaria de una fundación que trabaja con niños que sufren violencia, acudió al llamado y, con dos compañeros de la organización llegó al pueblo para documentar la muerte del adolescente Javier Cortés Santiago.

Al día siguiente fue detenida, golpeada, torturada (para que aclarara si era guerrillera) y violada. Durante las seis horas que duró el traslado a la cárcel, los policías fingieron varias veces que se detenían a lanzar muertos a la vía. Ella, aterrorizada, creyó que la iban a matar. Luego estuvo 15 días en la cárcel, acusada, como todos los detenidos, de secuestro equiparado y delincuencia organizada.

Cuatro años después, en un café de la ciudad de México, Méndez dio su testimonio a IPS sobre ese día y lo que siguió para las mujeres agredidas.

"Hemos vivido cosas muy feas, como presentarnos ante el Ministerio Público (fiscalía) y que nos traten como mentirosas. Nos hemos sometido a muchos peritajes y eso significa revivir lo que pasó", contó.

"La sociedad genera un estigma que va desde el 'pobrecita' hasta el 'algo estaría haciendo'. La mayoría hace como que no pasó nada: esto ocurrió mucho en mi familia y en el trabajo. Pero muchas compañeras fueron abandonadas por haber sido violadas. Las castigaron dos veces", añadió.

"En Atenco se estrenó la política de la tortura sexual como una manera de castigo en contra de las detenidas", dice el informe "La cárcel, una forma de criminación de la protesta social en México", publicado el 25 de agosto por el no gubernamental Comité Cerezo México, que documentó más de mil 300 casos de personas detenidas por motivos políticos entre 2002 y 2008.

Méndez, de 31 años, es una de las 11 mujeres que decidieron llevar su caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en abril de 2008.

La denuncia fue por tortura, violencia sexual y privación ilegal de libertad y las demandantes contaron con el apoyo de los no gubernamentales Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro PRODH) y Centro por la Justicia y el Derecho Internacional.

"Terminar 2006 y los primeros meses de 2007 fue muy duro. Recibíamos llamadas (para no denunciar). Comencé a recibir psicoterapia. Me di cuenta de que estaba más afectada de lo que pensaba y tuve que cambiar mi rol en la fundación", rememoró.

El 30 de junio de este año, en una decisión considerada histórica, la Suprema Corte de Justicia determinó que en Atenco se criminalizó la protesta social y mandó liberar a los 12 dirigentes presos, entre ellos Ignacio del Valle, uno de los tres condenados como líderes de los manifestantes.

Días antes, América del Valle se había asilado en la embajada de Venezuela. Explicó que "llevaba cuatro años encerrada, sentía que estaba llegando a mi límite, y pensé: 'todavía estoy cuerda y puedo tomar decisiones'. Así que me jugué todo". Dejó la sede diplomática en julio.

La victoria jurídica fue posible gracias a una estrategia audaz y una movilización internacional que incluyó el apoyo de 11 galardonados con el Nobel de la Paz y decenas de artistas e intelectuales. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fue contundente: se los condenó sin pruebas.

Sin embargo, no hay reparación del daño ni responsables sancionados. Atenco es una herida abierta y que supura cuando América del Valle habla de las muertes, durante su ausencia, de su abuelo y un tío.

"El regreso no ha sido fácil. Ni siquiera hemos tenido un reencuentro como familia. No tengo agenda, tengo que retomar lo que pueda retomar", explicó.

A 30 kilómetros de distancia, Méndez dice que el miedo es algo con lo que se tiene que aprender a vivir.

"He intentado retomar mi vida de manera sana. Hasta hace dos años me afectaba mucho, de repente por un olor o una frase estaba de nuevo en el camión (el autobus donde se cometieron las violaciones).Y me sentía culpable de lastimar a mi familia con mi denuncia", rememoró.

"Pero estoy convencida de que tenemos que difundir lo que nos ocurrió, porque no es un caso aislado. Y el trabajo que podemos hacer es de hormiga, en los espacios que nos abren, que no son muchos", precisó.

Absueltos

El Estado mexicano solicitó a la CIDH que no diera trámite a la demanda de las 11 mujeres que denunciaron tortura sexual, argumentando que las investigaciones fueron diligentes y las denunciantes tuvieron diversas vías y recursos legales disponibles.

Del informe estatal se desprende que hubo 21 policías consignados, pero sólo a cinco se les siguió proceso por el delito de "abuso de autoridad" (no por violencia sexual), que concluyó en abril de este año con una sentencia absolutoria.

"Hay una total impunidad en este caso. Todos los involucrados están libres y las investigaciones están detenidas", dijo la abogada Jaqueline Sáenz, del Centro PRODH.