MEXICO OPINA: 12/21/10

martes, 21 de diciembre de 2010

Manifestación por reparto equitativo de recursos contra sida y otros males

Sólo ha dado 16 millones de dólares, que no se ven reflejados: AHF

Ariane Díaz

Periódico La Jornada
Martes 21 de diciembre de 2010, p. 41

En demanda de una distribución equitativa de los recursos del Fondo Global de Lucha contra el Sida, Tuberculosis y Malaria, integrantes de la AIDS Healthcare Foundation (AHF) llevaron a cabo una manifestación.

Patricia Campos, jefa de la oficina para América Latina de la agrupación, señaló que el Fondo reparte el dinero en función de la magnitud de la epidemia y no con un enfoque preventivo; como ésta es pequeña en los países latinoamericanos, no nos tocan recursos. Piensan que debemos esperar a estar como África, llenos de casos de sida. Eso no es prevención, apuntó

Hoy 2.8 millones de personas están recibiendo tratamiento contra el VIH, lo que salva vidas gracias al soporte financiero que provee el Fondo. Lamentablemente, los impresionantes resultados en el tratamiento de VIH logrados hasta ahora en entornos con recursos limitados están en peligro, aseguró la activista.

Los manifestantes se apostaron a las puertas de la embajada de China en México debido al mal uso que ha hecho del Fondo Global, toda vez que ha recibido casi mil millones de dólares y sólo ha contribuido con 16 millones (de dólares), y el impacto en la salud no se ve reflejado. La AHF dirige protestas simultáneas en todo el mundo para protestar en contra de China.

Campos explicó que un reclamos fundamentales en la pasada reunión de la junta directiva del Fondo Global, que se realizó en Sofía, Bulgaria, la semana pasada, versó sobre los criterios para la asignación de los fondos, porque a los países que no tienen infraestructura les está tocando menos y a un país como China, segunda potencia económica mundial, le han dado una cantidad exorbitante de dinero.

La responsable en México de la AHF aseveró que ese monto se debería redistribuir entre las naciones que no son potencias económicas y que necesitan infraestructura sanitaria para atender los tres problemas (sida, tuberculosis y malaria) de manera integral, sobre todo el binomio sida-tuberculosis, que en América Latina es la causa número uno de mortalidad, asociada a cuestiones de pobreza e inequidad

Al país le urge una legislación laboral para sus jóvenes: Alonso Lujambio

Ese proyecto, que ha sido tan cuestionado, se traducirá en la inserción laboral de la juventud con salario, prestaciones y seguridad jurídica, si se aprueba en el Congreso, destacó

La ceremonia tuvo lugar en el salón Hispanoamericano, en la sede de la Secretaría de Educación Pública, en el Centro Histórico de la ciudad de México. El galardón es el máximo reconocimiento público que otorga el gobierno federal a jóvenes mexicanos de 12 a 29 años de edadFoto Guillermo Sologuren

Karina Avilés

Periódico La Jornada
Martes 21 de diciembre de 2010, p. 41

El país necesita urgentemente una legislación laboral para sus jóvenes porque la norma vigente no permite romper el círculo vicioso, perverso de que los empleadores no contratan a los integrantes de este sector al argumentar que carecen de experiencia, insistió el secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio Irazábal.

Durante la entrega del Premio Nacional de la Juventud, edición Bicentenario, a 17 jóvenes que se distinguieron por su logros académicos, así como por sus actividades de beneficio social, el funcionario defendió la iniciativa de ley en materia laboral promovida por el gobierno de Felipe Calderón.

Según Lujambio Irazábal, este proyecto, que ha sido ampliamente cuestionado, entre otras cosas porque promueve la flexibilización del trabajo con la finalidad de apoyar a las empresas, se traducirá en la inserción laboral de los jóvenes con salario, prestaciones y seguridad jurídica si se aprueba en el Congreso.

En el salón Hispanoamericano del edificio sede de la dependencia, expuso que los jóvenes no encuentran trabajo porque no tienen experiencia, y no tienen experiencia porque no encuentran trabajo. Esto es un círculo vicioso que tenemos que romper, precisamente mediante una legislación laboral que redistribuya las oportunidades.

En entrevista posterior, la directora general del Instituto Mexicano de la Juventud, Priscila Vera, señaló que generalmente la tasa de desempleo juvenil es del doble en comparación a la de desempleo abierta, que es de 5.5.

Añadió que si bien esta generación de jóvenes es la más educada y la que tiene menos tasas de mortalidad, enfrenta una ley laboral que no permite empleos de medio tiempo.

El proyecto considera el trabajo condicionado, esto es, una capacitación, apuntó. Y si al término del entrenamiento los jóvenes cumplen con los requerimientos, el empleador los contrata.

Asimismo, agregó que la iniciativa promueve los contratos temporales o de medio tiempo, pero lo más importante es que no se ponga la barrera de que no se les ofrece empleo porque no tienen experiencia.

Priscila Vera consideró que el Estado no ha declinado en su responsabilidad de ofrecer oportunidades educativas, laborales, sociales y culturales al sector juvenil.

En el mismo tenor, el titular de la Secretaría de Educación Pública expresó que los jóvenes no están solos porque el gobierno de Calderón actúa en todos los frentes en favor de ellos y además los escucha y respalda sus proyectos

Rechazada, solicitud del banco vaticano para liberar 23 millones de euros

Dpa

Periódico La Jornada
Martes 21 de diciembre de 2010, p. 42

Roma, 20 de diciembre. La juez instructora de un caso contra el banco vaticano IOR rechazó hoy una solicitud para liberar los 23 millones de euros (30.3 millones de dólares) depositados por la institución en una cuenta de un banco italiano, que seguirán incautados por sospechas de lavado de dinero.

El presidente del Instituto de Obras Religiosas (IOR), Ettore Gotti Tedeshi, y su director general, Paolo Cipriani, son acusados de haber violado las prescripciones para impedir el lavado de dinero y son investigados desde hace tres meses.

Gotti Tedeshi fue llamado por la justicia en 2009 para aclarar escándalos en los que se vio implicado el banco de forma reiterada.

La juez instructora confirmó la incautación de fondos al considerar que al momento no se presentaron elementos nuevos al caso. Hasta ahora sigue siendo imposible para las autoridades italianas determinar y probar qué clientes del OIR son receptores de transferencias y cheques, y su identificación sólo puede realizarse a través del banco.

El punto de partida de la investigación es una transferencia de 20 millones de euros a JP Morgan en Frankfurt, que detectó la autoridad de vigilancia del banco central italiano.

El Vaticano reaccionó con perplejidad y sorpresa a las sospechas de lavado de dinero. Su portavoz Federico Lombardi negó la implicación de la actual cúpula del banco en negocios sucios e indicó que el IOR se somete a la jurisprudencia vaticana.

La cúpula del banco está trabajando para implementar procedimientos internos con la finalidad de lograr mayor transparencia internacional, ahora también con vistas a nuevas normas contra el lavado de dinero.

El instituto monetario del Vaticano se vio implicado en varias ocasiones en negocios dudosos. En 2009, por ejemplo, se informó de investigaciones similares por conexiones de cuentas poco claras del IOR con el gran banco UniCredit

Pese a considerarlo fascista legisladores aprueban el dictamen sobre adicciones

Pese a considerarlo fascista legisladores aprueban el dictamen sobre adicciones

El titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Martí Batres, señaló ayer que las modificaciones a la Ley de Justicia Cívica son contrarias a la Ley de las y los Jóvenes del Distrito Federal. En la imagen, personas en situación de calle en la colonia JuárezFoto Guillermo Sologuren

Bertha Teresa Ramírez y Raúl Llanos

Periódico La Jornada
Martes 21 de diciembre de 2010, p. 36

El tema de las adicciones dividió al grupo mayoritario del PRD en la Asamblea Legislativa. Luego de que junto con la oposición aprobó la ley contra las adicciones y la nueva ley contra la discriminación, se presentó –y se avaló– una reforma a la Ley de Justicia Cívica para que se sancione con arresto inconmutable hasta por 36 horas a las personas que sean sorprendidas ingiriendo drogas en la vía pública de esta ciudad.

Valentina Batres, de la corriente perredista Izquierda Social, recriminó a su compañero de bancada Julio César Moreno, de Nueva Izquierda, por estar criminalizando la pobreza con ese tipo de sanciones, a las cuales calificó de fascistas.

Moreno Rivera reviró las críticas al manifestar que se estaba creando un falso debate, pues las modificaciones eran en el ámbito estrictamente administrativo y no penal; sin embargo, no pudo convencer a muchos de los diputados y el dictamen de cambios a la Ley de Justicia Cívica se aprobó con 24 votos de 66 posibles, pues 10 legisladores, tanto del PRD como del PT, votaron en contra, y se manifestaron tres abstenciones.

Antes, el pleno de la ALDF aprobó por unanimidad la nueva Ley para la Atención Integral del Consumo de Sustancias Sicoactivas del Distrito Federal, que crea un instituto especializado en esa materia y que será el responsable de definir las políticas integrales en cuanto a la atención y prevención de adicciones.

Por otra parte, el secretario de Desarrollo Social del Distrito Federal, Martí Batres, consideró preocupantes las modificaciones planteadas por la ALDF a la Ley de Justicia Cívica con el fin de imponer arresto inconmutable de 20 a 36 horas a las personas que consuman, ingieran, inhalen o aspiren sustancias sicotrópicas, enervantes o tóxicas en lugares públicos.

Los adolescentes que viven en las calles de la ciudad en su inmensa mayoría tienen algún tipo de adicción; si se les aplicara una sanción como la que se propone esas personas estarían permanentemente bajo arresto, por lo que las modificaciones planteadas a la ley deben ser de otro tipo, indicó.

Hacer las reformas tal como se plantean obligaría a las autoridades a arrestar a cientos de jóvenes, tal vez miles, y se les mantendría en los separos, lo que es completamente absurdo e impráctico y suscitaría la extorsión, pues es irrealizable tener bajo arresto a miles de jóvenes en los separos.

Batres señaló que las modificaciones son contrarias a la Ley de las y los Jóvenes del Distrito Federal, la cual señala que el gobierno capitalino debe crear, promover y apoyar por todos los medios a su alcance iniciativas para que los jóvenes tengan las oportunidades y posibilidades de contar con una vida digna.

PF: en Juárez, más estudiantes secuestrados que empresarios

Ciudad Juárez, Chih., 20 de diciembre. Los estudiantes, no los empresarios, son las personas a quienes más secuestran en Ciudad Juárez, aseguró el comisionado de la Policía Federal (PF), Facundo Rosas. Indicó que de 89 plagios cometidos este año, 33 correspondieron a estudiantes, 19 a empleados, 13 a amas de casa y un número similar a comerciantes.

Informó que de abril pasado a la fecha, desde que la PF se hizo cargo de la coordinación de la seguridad pública en Juárez, se han atendido de manera individualizada o coordinada con otras instancias de gobierno 89 secuestros, de los cuales se liberó a 84 personas y 72 delincuentes fueron detenidos.

De acuerdo con el comisionado de la PF, la incidencia de secuestros en Juárez se ha desplomado, muestra de los cual es que no se conoce de nuevos casos desde el pasado 13 de noviembre. Por lo pronto, los estudiantes de 15 a 19 años de edad son los más secuestrados, ya que representan 23 por ciento de los casos, y son hombres los más afectados.

En cuanto a homicidios, la Fiscalía General del Estado ha registrado en 2010 más de 3 mil casos en la región de Juárez y zonas aledañas, mientras la PF afirma que de esa cifra, mil 953 asesinatos tendrían relación con el crimen organizado, y van a la baja

Falla la CIDH contra México en caso de campesinos ecologistas

Víctor Ballinas

Periódico La Jornada
Martes 21 de diciembre de 2010, p. 17

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado mexicano por la violación de derechos humanos de los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, quienes fueron detenidos por militares en 1999, y denunciaron haber sido torturados y condenados bajo cargos de posesión de armas y drogas por su oposición a la tala ilegal de bosques en Guerrero.

El fallo, que ayer hizo público la CIDH, con sede en San José de Costa Rica, subraya que el Estado es responsable por la violación del derecho a la integridad personal, por los tratos crueles, inhumanos y degradantes inflingidos a los señores Montiel y Cabrera.

La sentencia –que consta de 134 cuartillas– destaca que el Estado mexicano es responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al haberse sometido el conocimiento de las alegadas torturas a la jurisdicción penal militar, en perjuicio de los señores Cabrera y Montiel.

De igual forma, la CIDH sostiene que el Estado es responsable por la violación del derecho a la libertad personal de los campesinos ecologistas, además de que ha incumplido la obligación de investigar los alegados actos de tortura.

Precisa la sentencia que el Estado ha incumplido su obligación ante la Convención Americana de Derechos Humanos al extender la competencia del fuero castrense a delitos que no tienen relación con la disciplina militar o con bienes jurídicos propios del ámbito castrense.

Las resolución ordena al Estado mexicano reformar el Código de Justicia Militar para que las violaciones a los derechos humanos cometidas por militares, todas sin excepción, no nada más las relativas a violación sexual, desaparición forzada o tortura, sean sometidas a las autoridades civiles.

Además, la CIDH ordenó al Estado pagar una indemnización de 20 mil dólares a cada uno de los afectados y en un plazo razonable, conducir eficazmente la investigación penal de los hechos del presente caso, en particular por los alegados actos de tortura y determinar las eventuales responsabilidades penales, y en su caso, aplicar efectivamente las sanciones.

Los campesinos ecologistas fueron detenidos en 1999, y en 2001 fueron dejados en libertad por el entonces presidente Vicente Fox, quien argumentó que por su condición de salud no pueden seguir purgando su condena.

El Centro por el Derecho y la Justicia Internacional (Cejil) y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez presentaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 25 de octubre de 2001, argumentando que Cabrera y Montiel fueron sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes mientras se encontraban detenidos y bajo custodio de miembros del Ejército Mexicano, por su falta de presentación sin demora ante un juez u otro funcionario, ya que los militares los detuvieron ilegalmente por cinco días antes de entregarlos a las autoridades correspondientes.

Ayer, Luis Arriaga, director del Centro Pro, y el Cejil, destacaron que la resolución es vinculante e inapelable. Deben darse desde ahora los pasos necesarios para cumplir las medidas señaladas en la sentencia.

Destacaron, entre otras, investigar en la justicia ordinaria las torturas sufridas por Cabrera y Montiel; indemnizar a las víctimas por los daños sufridos, cubrir los tratamientos médicos y sicológicos; fortalecer el registro de personas detenidas con el fin de evitar abusos y reformar el Código de Justicia Militar.

Arriaga destacó la importancia de que la Corte Interamericana haya señalado que la reforma al Código de Justicia Militar aplica no sólo para casos de tortura, violación sexual o desaparición forzada de personas, sino a todas las violaciones de derechos humanos

CIDH: aún no se ha identificado a todos los responsables de la masacre de Acteal

Elio Henríquez

Corresponsal

Periódico La Jornada
Martes 21 de diciembre de 2010, p. 18

San Cristóbal de las Casas, Chis., 20 de diciembre. A unos días de que se cumpla el décimo tercer aniversario de la masacre de 45 indígenas en la comunidad de Acteal, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó el informe de admisibilidad del caso y consideró que 13 años es un lapso suficientemente extenso como para aplicar la excepción al agotamiento de los recursos domésticos.

La CIDH dijo en el informe que además aún no habrían sido identificados y sancionados todos los responsables materiales e intelectuales de la masacre, ni se habría reparado justa y equitativamente a las presuntas víctimas.

Consideró que a más de 12 años de ocurrida la masacre de Acteal, aún están siendo realizadas diversas diligencias de investigación, a efectos de determinar responsabilidades.

El 22 de diciembre de 1997, presuntos paramilitares asesinaron a 21 mujeres, 15 niños y nueve hombres cuando se encontraban en ayuno y oración en Acteal, municipio de Chenalhó, a 70 kilómetros de San Cristóbal.

En marzo de 2005, la CIDH recibió una denuncia, presentada por la organización de la sociedad civil Las Abejas –a la cual pertenecían las víctimas– y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), en la que se alega la responsabilidad internacional del Estado Mexicano en la masacre.

Por considerar que no se habían agotado los recursos internos, fue hasta hace unos meses que el organismo internacional acordó admitir la denuncia para investigar los hechos.

La CIDH destacó que en sus comunicaciones, México no niega los hechos de la masacre del 22 de diciembre de 1997, pero señala que habría sido ejecutada por un grupo civil armado, integrado por miembros de otras comunidades del municipio de Chenalhó y simpatizantes del entonces presidente municipal de ese lugar (Jacinto Arias Pérez), que habrían actuado en venganza de un homicidio que, días antes de la masacre, habrían cometido algunos integrantes de Las Abejas.

Añadió que una vez que el caso fue admitido, la comisión concluye que corresponde analizar en la etapa del fondo los alegatos relacionados con el deber de prevención, protección y respuesta respecto a los presuntos hechos y, en este sentido, también analizará los procesos judiciales con el fin de establecer si el Estado brindó la protección y garantías necesarias bajo la Convención Americana dentro de un tiempo razonable.

Subrayó que la comisión concluye que tiene competencia para conocer la denuncia presentada por los peticionarios y que la solicitud es admisible, de conformidad con los artículos 46 y 47 de la convención, por la presunta violación de los artículos 4, 5, 8, 19 y 25, en conexión con el artículo 1.1 del mismo convenio.

No obstante, decidió declarar inadmisible la petición en cuanto se refiere a la presunta violación del artículo 17 de la Convención Americana, relativa a la obligación del Estado de proteger a la familia.

El Frayba manifestó que el informe de la CIDH confirma el valor y prueba de los testimonios de los familiares de las víctimas y sobrevivientes de la masacre de Acteal. Añadió que la documentación presentada por ese organismo confirma la responsabilidad, por acción y omisión, del Estado mexicano por la masacre de Acteal y la sucesiva denegación de justicia, dejando en impunidad este crimen de lesa humanidad