CARTONES

Trabajan en forma irregular 64 centros para rehabilitar drogadictos en Chimalhuacán

El gobierno municipal los insta a cumplir la NOM 028 y regularizar su situación jurídica

Trabajan en forma irregular 64 centros para rehabilitar drogadictos en Chimalhuacán

Aspecto de uno de los centros de rehabilitación que opera en Chimalhuacán, estado de México, el cual fue inspeccionado por autoridades locales y estatales hace tres mesesFoto La Jornada

René Ramón

Corresponsal

Periódico La Jornada
Domingo 10 de octubre de 2010, p. 32

Chimalhuacán, Méx., 9 de octubre. Tres meses después de la inspección de centros de rehabilitación pa- ra alcohólicos y drogadictos, las autoridades detectaron que los 64 existentes en el municipio funcionan de modo irregular, pero en vez de clausurarlos decidieron hacerles cumplir la norma oficial mexicana (NOM) 028 y regularizar su situación jurídica.

Pedro Camacho Segura, director de reinserción social del Instituto Mexiquense Contra las Adicciones (IMCA), dijo que los centros fueron creados por asociaciones civiles y el servicio que ofrecen es indispensable pero deben regularse.

Indicó que las autoridades federales olvidaron la creación de hospitales especiales para prevenir y atender las adicciones. De hecho ni siquiera están en condiciones para brindar tal servicio, y prueba de ello es que en el estado de México sólo existe uno en el municipio de Ecatepec, limitado a tratar 20 internos.

Dado el vacío terapéutico, dijo, el gobierno mexiquense no puede vetar la existencia de los 64 establecimientos, porque dañaría a la gente que requiere ser curada del alcoholismo o la drogadicción, y el sector social afectado carecería de alternativas.

En la localidad, personal del IMCA y operarios municipales visitaron las llamadas granjas de tratamiento donde había deficiencias e irregularidades, y dieron inicio a una jornada de orientación para sus responsables, que se obligaron a operar de manera eficiente y regularizar su situación jurídica.

Los pacientes de los 64 locales de rehabilitación deberán concurrir a centros de salud oficiales, donde se verificará su tratamiento; quienes lleguen después deberán llevar certificado médico, tener un expediente y someterse a revisión especializada para descartar padecimientos mentales.

Además, habrá cuotas o donativos fijos para que los pacientes y sus familiares no sean víctimas de cobros desmedidos. Los centros estarán debidamente constituidos como sociedades civiles y recibirán menores de edad sólo si tienen programas específicos.

José Luis García Sánchez, de la Dirección de Gobierno de Chimalhuacán, dijo que en agosto pasado inició el proceso de inspección de centros de rehabilitación de drogadictos y alcohólicos anónimos en el municipio.

Reconoció que los existentes operaban al margen de las disposiciones legales e incluso había denuncias vecinales contra Alianza Sangre Nueva y Jóvenes en Superación por maltrato de internos y presuntos intentos de extorsión a sus familiares.

Amenazan de muerte a párroco en Chiapas por oponerse a minera

Es parte de una guerra de baja intensidad de autoridades y la canadiense Blackfire: diócesis

Amenazan de muerte a párroco en Chiapas por oponerse a minera

La empresa opera en Chicomuselo desde 2007 y ha cometido violaciones al medio ambiente, dice

Pobladores del ejido Galicia, ubicado a 50 kilómetros del municipio de Chicomuselo, Chiapas, muestran el mineral que explota la empresa Blackfire de origen canadienseFoto Moysés Zúñiga Santiago / Archivo

Elio Henríquez

Corresponsal

Periódico La Jornada
Domingo 10 de octubre de 2010, p. 31

San Cristóbal de Las Casas, Chis., 9 de octubre. El párroco de Chicomuselo, Eleazar Juárez Flores, ha recibido amenazas de muerte por oponerse a la explotación de minas que la empresa canadiense Blackfire realiza en ese municipio fronterizo, denunció la coordinación de las Comunidades Eclesiales de Base de la diócesis local.

El sacerdote ha sido ubicado como actor visible en la defensa de la tierra y territorio en la región a través de la evangelización y por eso es víctima de amenazas de muerte y de una guerra sicológica, agregó en una carta dirigida a los gobiernos de Felipe Calderón y de Juan Sabines Guerrero.

Las amenazas que ha sufrido forman parte de una guerra de baja intensidad de actores que tienen interés en los recursos minerales de la región, esto es, los gobiernos federal, estatal y municipal y la empresa canadienses, aseveró.

Al ser coherente en predicar conforme al evangelio, al decir la verdad y denunciar las injusticias y caminar al lado del pueblo de Dios oprimido, marginado, engañado, saqueado, despojado y amenazado, el sacerdote es un obstáculo para la minera Blackfire, señala el documento.

En noviembre pasado fue asesinado en ese lugar Mariano Abarca Roblero, dirigente opositor a la explotación de barita que realiza la compañía.

La coordinación de las co- munidades eclesiales señaló que desde la llegada de Blackfire a Chicomuselo han ocurrido problemas, resultado de sus acciones depredadoras y de menosprecio a las leyes de protección del medio ambiente y a la población en su conjunto, ante la mirada complaciente de las autoridades de los tres niveles de gobierno.

Añadió que durante tres años la empresa operó en Chicomuselo y a principios de 2008 inició la resistencia a la explotación de barita en los ejidos Grecia y Nueva Morelia, y no fue sino hasta que ocurrió el asesinato de Abarca Roblero que el gobierno estatal, mediante la Secretaría del Medio Ambiente, Vivienda e Historia Natural actuó contra la empresa”.

Recordó que el 7 de diciembre pasado la dependencia clausuró temporalmente la veta por causar impactos ambientales adversos por la construcción, ampliación y modernización de siete kilómetros de camino, ante lo cual la minera promovió el 15 de diciembre de 2009 un amparo de la justicia federal.

El 30 de abril de 2010, recordó, el juzgado quinto de distrito con sede en Tuxtla Gutiérrez resolvió amparar y proteger a Blackfire contra los actos de la Semavihn con el argumento de que según el artículo 27 constitucional, Ley Minera y la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente, le corresponden exclusivamente a las autoridades federales.

Lo anterior, aseveró, “facilita el camino a la transnacional para que regrese ‘limpia’ de cualquier violación al medio ambiente, y seguir contaminando a la población de Chicomuselo y de todas las comunidades de la región Sierra de Chiapas”.

Estos conflictos siguen vigentes en los pueblos indígenas y campesinos de Chicomuselo, y no descartamos que en cualquier momento empiece una escalada de violencia, por lo que exigió respeto a nuestros derechos de libre determinación y defensa de nuestras tierras y territorios como pueblos indígenas y campesinos.

También demandó la cancelación definitiva de la exploración y explotación minera en territorio chiapaneco; que se ejercite la acción penal contra los responsables materiales e intelectuales de la muerte de Mariano Abarca, y que se respete su derecho como pueblos a ser consultados.

Repudia la agrupación HIJOS la política "terrorista" de EU en América Latina

Repudia la agrupación HIJOS la política terrorista de EU en América Latina

Emir Olivares Alonso

Periódico La Jornada
Domingo 10 de octubre de 2010, p. 21

Ayer al mediodía, sobre paseo de la Reforma, rumbo a Chapultepec, un letrero romboide color amarillo colocado sobre un poste a la altura de la Bolsa Mexicana de Valores advertía: ¡Peligro! Escuela de la tortura a 150 metros. Justo a esa distancia aparecía a la vista la embajada de Estados Unidos en México.

En ese lugar, unos 70 integrantes de la agrupación Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (HIJOS) –conformada por familiares de desaparecidos políticos y víctimas de crímenes de Estado– se manifestaron en repudio a la política terrorista estadunidense impulsada en la región. Desde los años 60 hasta hoy, Latinoamérica ha sido víctima del terrorismo de Estado y represión orquestados por un mismo país: Estados Unidos.

Frente a las rejas que protegen la sede diplomática, mientras la manifestación se desarrollaba apareció un personaje representando al Tío Sam: largas barbas blancas, un sombrero de copa con barras azules, blancas y rojas y lentes oscuros.

Fue recibido y catalogado al ritmo de la rola Mal Bicho, de los Fabulosos Cadillacs. Colocó sobre las rejas varios carteles que representaban cada uno de los países en los que Estados Unidos ha tenido injerencia, ya sea con su apoyo a golpes de Estado, recursos económicos para contrarrestar movimientos opositores o con la formación militar de terroristas.

En nuestra piel y cuerpos, y en los de nuestros pueblos, hemos experimentado el horror que idearon y han dirigido bajo su doctrina de seguridad nacional. Esa perversa política que estigmatiza como enemigo interno a quienes luchan por una mejor vida, trabajo o sociedad y defienden sus derechos.

HIJOS de Argentina, Chile, Colombia, España, Francia, Guatemala, México, Perú y Uruguay recordaron que por la intervención gringa en el continente hay miles de desaparecidos y muertos por regímenes represivos.

Valentina López, de HIJOS México, señaló que un ejemplo de esa injerencia es la Escuela de las Américas, centro de adoctrinamiento fundado en 1964, en principio instalado en Panamá, y que hoy funciona bajo el nombre de Instituto de Cooperación para la Seguridad Hemisférica. En ese lugar se formaron varios de los torturadores, terroristas y asesinos de nuestros países.

El cierre al tránsito vehicular de Reforma debido al Festival Olímpico Bicentenario, organizado por el gobierno federal, favoreció la protesta y cientos de paseantes se detuvieron a escuchar la exigencia de justicia.

Medalla de oro

Venimos aquí, a su representación diplomática, para decirles que no olvidamos ni perdonamos su accionar fundamental para implantar terror, injusticia y desigualdad en nuestros países.

Sobre los árboles, los manifestantes colocaron decenas de fotografías con los rostros de desaparecidos políticos y carteles alusivos a la política exterior de Estados Unidos con mensajes como: Medalla de oro por genocidas.

López dijo que en todos los países latinoamericanos en los que hubo regímenes represivos se debe reconocer que existieron crímenes de Estado y sancionar a los responsables.

Agregó que estos delitos no son del pasado. “La represión de Estado continúa. En el caso de México el primer desaparecido es de 1969 y el último de hace unos días.

Siguen estos crímenes de lesa humanidad por la impunidad dada desde el Estado y del poder. Y no sólo en México, también en muchos de los países de la región.

Pide CIDH proteger a 135 triquis

Pide CIDH proteger a 135 triquis

Octavio Vélez Ascencio

Corresponsal

Periódico La Jornada
Domingo 10 de octubre de 2010, p. 16

Oaxaca, Oax., 9 de octubre. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado mexicano establecer medidas cautelares en favor de 135 triquis del municipio autónomo de San Juan Copala ante las agresiones de grupos paramilitares.

Minerva Nora Martínez Lázaro, coordinadora general del Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco Briseño, una de las organizaciones peticionarias, informó que la CIDH, según el informe MC-197-10, suscrito por el secretario ejecutivo, Santiago A. Cantón, el jueves pasado, demandó al Estado mexicano adoptar y concretar las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad física de los 135 habitantes.

El organismo pidió al gobierno de México investigar los hechos que dieron lugar a la solicitud y presentar un informe sobre el cumplimiento de las medidas cautelares en 15 días y actualizarla en forma periódica.

Maurilio Santiago Reyes, presidente del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas, otro de los peticionarios, dijo que la CIDH ha solicitado siete medidas cautelares al Estado mexicano este año y así se convierte en el segundo lugar de América con más disposiciones precautorias, detrás de Colombia.

Destacó que la CIDH ha pedido 10 medidas cautelares durante el mandato de Ulises Ruiz en la entidad, lo que lo ubica en la historia como el gobernante oaxaqueño con más preceptos preventivos

Privatizarán casi todo si el Senado aprueba la ley de asociaciones con particulares: Bartlett

Privatizarán casi todo si el Senado aprueba la ley de asociaciones con particulares: Bartlett

Deliberadamente, el dictamen no especifica que la generación de luz está reservada por la Constitución

Manuel Bartlett Díaz advierte sobre las intenciones de privatizar el jugoso negocio del sector eléctricoFoto Marco Peláez

Andrea Becerril

Periódico La Jornada
Domingo 10 de octubre de 2010, p. 10

Con la ley de asociaciones público-privadas que el Senado está a punto de aprobar, el gobierno de Felipe Calderón podrá avanzar en la privatización de prácticamente todo, y de manera inmediata la electricidad, advirtió el priísta Manuel Bartlett Díaz.

Destacó que el senador Eloy Cantú (PRI), presidente de la Comisión de Comercio e impulsor –junto con el PAN– de esa legislación, tiene interés especial en que se apruebe porque representa los intereses de los grandes grupos empresariales que quieren participar en el jugoso negocio que significa el sector eléctrico en la zona centro del país, una vez que quitaron la materia de trabajo a los integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).

Quien fuera gobernador de Puebla, secretario de Gobernación y senador del tricolor recalcó que desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari la intención fue privatizar la electricidad, afán en el que Ernesto Zedillo y luego Vicente Fox se empeñaron a fondo, y todo parece indicar que Calderón logrará concretarlo con esta ley que se votará el martes en Xicoténcatl, con el respaldo de priístas y panistas.

Recordó que en el sexenio pasado, el SME luchó junto con un grupo de legisladores que desde el Senado se opusieron a la intención de Fox de abrir el sector eléctrico al capital nacional y trasnacional por medio de un decreto que modificó la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, mismo que –dijo– frenó la Suprema Corte al resolver la controversia constitucional presentada por el Senado, pero a trasmano el panista siguió otorgando permisos para que consorcios extranjeros generen electricidad, a pesar de que la Constitución lo prohíbe.

En el artículo 10 del dictamen sobre dicha ley se señala que ese tipo de asociaciones podrán utilizarse en relación con actividades cuya legislación específica prevea la libre participación del sector privado, o bien, mediante el otorgamiento de permisos, autorizaciones o concesiones para la prestación de los servicios correspondientes. Especifica que en ningún caso podrán referirse a las actividades sustantivas de carácter productivo que señalan los artículos 3º y 4º de la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo.

Asimismo, en los demás casos en que las disposiciones aplicables señalen que no pueda intervenir el sector privado.

Al respecto, Bartlett consideró que deliberadamente no se especifica que también el sector eléctrico está reservado, según el 27 constitucional, porque es un bien del dominio de la nación. Es muy claro; quieren hacer negocio con un servicio estratégico, y en la zona que operaba el SME, donde las ganancias serán millonarias, porque van a cobrar lo que quieran.

Expuso que luego del golpe de Estado a Luz y Fuerza, Calderón sostuvo que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se haría cargo del servicio, pero no fue así. Echaron a la calle a 44 mil electricistas para meter a contratistas. Son negocios y más negocios, con la secuela de corrupción entre funcionarios y empresas beneficiadas con contratos o permisos.

Desmantelamiento del Estado

La iniciativa para crear la ley de asociaciones público-privadas –insistió– es un paso más en el desmantelamiento del Estado, impulsado por los fuertes intereses económicos, porque además de la electricidad van por las escuelas, los hospitales, las cárceles, por todo aquello que les garantice fuertes ganancias sin riesgo alguno, ya que hasta van a financiarlos.

Deploró que mientras en el ámbito internacional la tendencia es recuperar la función rectora del Estado ante el fracaso de las privatizaciones, por ejemplo en Francia, con un gobierno conservador como el de Nicolas Sarkozy, ya lo echaron atrás, y en Estados Unidos la intervención del Estado con el gobierno de Barack Obama es enorme, en México “se acaba con lo poco que queda del aparato público.