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sábado, 13 de noviembre de 2010

CARTON

Exigen a González Márquez‏

Christian Rea Tizcareño
  • La organización católica Courage Latino asevera que la homosexualidad se puede "curar"
    México DF, noviembre 12 de 2010.
  • Courage Latino celebrará el próximo fin de semana en Guadajara, Jalisco, su primer lustro de predicar en México los dogmas del Catecismo de la Iglesia católica referentes a la homosexualidad: acoger a quienes sienten atracción hacia su mismo género; pero combatir, mediante el valor supremo de la abstinencia, los pecaminosos comportamientos no heterosexuales.
    El festejo de esta organización católica se llevará a cabo en el evento “Camino a la castidad”, auspiciado por la Secretaría General del Gobierno de Jalisco, lo cual es “deleznable”, criticó en entrevista el diputado Raúl Vargas, coordinador de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Congreso local.
    Entre quienes convocan a “Camino a la castidad” está la asociación “Valora, conciencia en los medios”, a quien la Secretaría de Desarrollo Humano (SDH) estatal ha otorgado en los últimos dos años cerca de 1 millón 300 mil pesos para promover los valores familiares en la entidad, refirió el legislador, que solicitó a través del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la justificación, el propósito y mecanismos por los cuales la organización recibió el dinero gubernamental.
    El 21 de octubre pasado, el perredista subió al pleno local un acuerdo legislativo para exhortar a la administración encabezada por Emilio González Márquez, del Partido Acción Nacional (PAN), a abstenerse de patrocinar actividades violatorias de la laicidad del Estado, así como a respetar y no discriminar a las personas homosexuales.
    Destacó que la homofobia ha sido una “práctica recurrente” en la administración del panista, quien recientemente confesó su “asquito” por gays y lesbianas en la Segunda Cumbre Iberoamericana de la Familia organizada por la Universidad del Valle de Atemajac.
    El acuerdo legislativo, aprobado en el Congreso de Jalisco por el PRD, con el apoyo de las bancadas del Revolucionario Institucional y el Verde Ecologista de México -que en conjunto forman “mayoría simple”-, también implicó un proceso penal contra el secretario general de Gobierno, Fernando Guzmán Pérez Peláez, por el delito de “peculado”, pues según Vargas, el funcionario utilizó recursos públicos del estado “para fines particulares”.
    Guzmán Pérez Peláez negó haber promocionado el congreso de Courage Latino. “Dijo que había sido un funcionario menor, pero está obligado a denunciar quién usó la identidad de la dependencia a su cargo (para apoyar el evento). Lo obliga el artículo 170 del Código Penal”, argumentó el líder del PRD.
    El ponente magistral de “Camino a la castidad”, Richard Cohen, ha sido expulsado de diferentes organismos terapéuticos de Estados Unidos por pretender curar la homosexualidad. Reprimir esta orientación sexual puede desembocar en suicidios, alertó el diputado.
    Denuncia ante la Procuraduría Federal del Consumidor
    En tanto, Rodrigo Rincón Jiménez, presidente de la organización jalisciense Cohesión de Diversidades para la Sustentabilidad (Codise), demandó a Courage Latino México ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), por considerar que la publicidad de “Camino a la castidad, encontrando el propósito de Dios para nuestras vidas”, es “engañosa, confusa, inexacta, parcial, discriminatoria, abusiva y tendenciosa”.
    Precisó que el fundamento de su demanda son los artículos 1 y 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, así como el 58, que establece: “el proveedor de bienes, productos o servicios no podrá negarlos o condicionarlos al consumidor por razones de género, nacionalidad, étnicas, preferencia sexual, religiosas o cualquiera otra particularidad”.
    El activista no descarta denunciar penalmente a Courage Latino, después de concluido el evento, cuyo costo de entrada por participante es de 850 pesos mexicanos. “Si una persona que te ofrece un servicio o que te vende un bien, no cumple con lo que te está prometiendo o no reúne las características que te ofrecieron, se considera un fraude”.
    Courage firmó en 2008 un convenio contra la discriminación, pero ha incumplido, señala activista
    El guía espiritual de Courage Latino México, el sacerdote Donald Gene Wainwright, celebró el 20 de agosto de 2008, un convenio conciliatorio en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), donde el religioso de la orden de Trapa se comprometió a erradicar de la página electrónica http://www.courage-latino.org/, los contenidos que calificaban a la homosexualidad como una enfermedad.
    El presbítero radicado en el estado de Morelos, cuyo nombre religioso es “Padre Buenaventura Wainwright”, signó el convenio, luego de que la activista Mariaurora Mota, de la asociación regiomontana Género, Ética y Salud Sexual (GESS), interpusiera el 27 de septiembre de 2007 una queja contra Courage Latino México ante el Consejo, registrada con el número de expediente CONAPRED/DGAQR/593/07/DQ/II/JAL/Q268.
    Considerar a la homosexualidad como una enfermedad puede “ofender, ridiculizar o promover la violencia, el odio, rechazo, burla, injuria, persecución o exclusión”, argumentó Mota, quien recurrió al Conapred después de percatarse de que en la edición 2007 de “Camino a la castidad”, en Guadalajara, Jalisco, Courage Latino ofrecía “sanar” la atracción al mismo sexo.
    Según el convenio firmado en el Departamento de Investigación y Conciliación del Conapred, Donald Gene Wainwright, asumió tres obligaciones: informar en la página electrónica de este apostolado católico que la homosexualidad no es una patología; lograr que los dirigentes del grupo recibieran un “curso de sensibilización” impartido por personal del Consejo, y distribuir de forma impresa los artículos 1 de la Constitución, así como 4 y 9 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en sus conferencias, pláticas, talleres o seminarios.
    A más de dos años de efectuado el convenio conciliatorio, Mariaurora Mota considera que Courage Latino no lo ha cumplido. “En su página ya no se dice que la homosexualidad es una enfermedad; sin embargo, en sus discursos sí se maneja como una desviación o perversión, lo cual, no fue el acuerdo al que llegamos”.
    Es “desafortunado” que el gobierno de Jalisco apoye un evento que se contrapone al párrafo tercero del artículo 1 de la Constitución que prohíbe la discriminación, opinó la activista.
    “La castidad es un tema que le compete a las religiones, no a los gobiernos. Habría que impulsar el establecimiento de un Observatorio de violaciones al Estado laico mexicano, para ponerle un reflector a todos esos actos que parecen inocentes o bienintencionados, pero que en realidad constituyen un atentado contra la separación entre las iglesias y la administración pública”.
    Católicos exigen respeto a la laicidad del Estado
    Para el teólogo fray Julián Cruzalta, las jerarquías de las iglesias están en su derecho de manifestar sus creencias, pero en un Estado laico como México es “gravísimo” y “muy riesgoso” que un gobierno pretenda imponer una determinada concepción de la vida a toda la población.
    Quien crea que su sexualidad se puede “cambiar” con la religión debe ser respetado; sin embargo, el Estado moderno democrático está obligado a garantizar la educación laica y científica. Por ende, sólo un gobierno “cavernícola del siglo XIX”, como el de Jalisco, puede atreverse hoy a financiar actividades de carácter religioso o convertirlas política pública, criticó.
    Ser gay “no te hace menos ante Dios”, expresó en entrevista telefónica Noé Ruiz Malacara, líder de la Comunidad San Elredo, integrada por homosexuales católicos de la Diócesis de Saltillo, Coahuila, cuyo pastor es el obispo Raúl Vera López, reconocido por su trabajo a favor de los derechos humanos en México.
    El activista coahuilense reprobó que el gobierno de Jalisco pretenda inmiscuirse en la vida sexual de las personas, toda vez que México no es un régimen feudal, sino un Estado libre y soberano.
    Como católico, Ruiz enfatizó que “Dios es un Dios de perdón, amor y reconciliación, no de castigo y fanatismo. Cuando llegues al cielo no te va a juzgar por tu preferencia sexual. Te va a juzgar por tus acciones y los hechos de amor que hayas hecho en la tierra. Nosotros no promovemos sanar la homosexualidad, simplemente, el que la gente se acepte tal y como es, porque Dios te acepta tal y como eres”.
  • Luego de que el médico tratante Alberto Febronio Juárez se negara a atender a Doryan Edgar en el área de VIH del Hospital General de Zona (HGZ) número

    Leonardo Bastida Aguilar
    México DF, noviembre 09 de 2010.
    Luego de que el médico tratante Alberto Febronio Juárez se negara a atender a Doryan Edgar en el área de VIH del Hospital General de Zona (HGZ) número 32, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), porque “no tenía cita”, éste falleció cuatro días después a causa de un severo cuadro de neumonía.
    El pasado 31 de octubre, Doryan Edgar acudió al HGZ 32 porque llevaba más de 10 noches sin dormir debido a las taquicardias provocadas por los 39 grados de temperatura que invadían su cuerpo. Al llegar con Febronio Juárez, responsable del área de VIH de esa institución, éste se negó a atenderlo y lo remitió a la Unidad de Medicina Familiar número 46, donde le diagnosticaron candidiasis y le recetaron “un caldo de pollo” y fluconazol.
    El medicamento no estaba disponible en la clínica por lo que los padres de Doryan tuvieron que adquirirlo en una farmacia.
    Doryan Edgar, de 26 años de edad, fue diagnosticado VIH positivo en mayo de este año. A finales de septiembre acudió al HGZ 32 a realizarse sus estudios de carga viral y linfocitos CD4 para saber si era momento de iniciar la terapia antirretroviral. Luego de dos semanas regresó por los resultados. No los consiguió porque el personal del área de Química “se encontraba de vacaciones”. Ahí le aseguraron que los tendría el próximo 16 de noviembre.
    La noche del 2 de noviembre, los padres de Doryan recibieron la ayuda de la activista Silvia Carmona, quien les propuso acudir de inmediato al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER). De inmediato aceptaron debido a que sus recursos económicos les impedían enviar a su hijo a una institución médica privada.
    Las radiografías tomadas por los médicos mostraban el pulmón derecho de Doryan Edgar con enormes espacios en blanco, síntoma inequívoco de que el órgano está gravemente dañado a causa de la infección.
    En el INER, los especialistas diagnosticaron “neumonía de focos múltiples”, enfermedad que finalmente le ocasionó la muerte el jueves 4 de noviembre, tal como se asentó en el certificado de defunción emitido por la Secretaría de Salud.
    Paradójicamente, ese mismo día, Gerardo del Carmen Reséndiz, jefe de urgencias del HGZ 32, le otorgaba a Doryan una incapacidad por cinco días. Para Silvia Carmona, Doryan no hubiera fallecido, si ese documento hubiese sido emitido desde el mismo 31 de octubre, fecha en la que se presentó a solicitar ayuda médica por primera vez.
    La activista por los derechos de las personas con VIH recordó que la Norma Oficial Mexicana 010, referente al VIH/sida, es explícita al señalar que los pacientes deben ser inmediatamente atendidos por especialistas debido a las complicaciones derivadas de un ineficiente sistema inmunológico.
    Esta no es la primera vez en que el médico Alberto Febronio, niega atención o medicamentos a los pacientes de la clínica 32. En abril pasado fue denunciado por Felipe Sánchez por no autorizar la entrega de raltegravir y darunavir, fármacos necesarios para mantener controlado el VIH/sida. http://www.notiese.org/imprimir_popup.php?ctn_id=3833
    Por último, Angélica, madre de Doryan advirtió que acudirá a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para denunciar la negligencia médica de la que fue objeto su hijo en los servicios de salud.

    Aprueban diputados seguridad social para parejas del mismo sexo

  • La propuesta se turna al Senado para su análisis y discusión
  • Leonardo Bastida Aguilar
    México DF, noviembre 09 de 2010.
    Con la finalidad de defender el derecho a la no discriminación y garantizar el acceso a la seguridad social para todas y todos los mexicanos, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de reforma a las leyes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores (ISSSTE).
    El proyecto –aprobado con 232 votos a favor, 58 en contra y 17 abstenciones-, pasará al Senado para su discusión y en caso de aprobarse, las parejas del mismo sexo gozarán del derecho a la seguridad social.
    Presentada por la diputada federal de la fracción del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Enoé Uranga Muñoz, y el diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Rubén Moreira, la justificación del proyecto de reforma señala que el artículo 5-A de la Ley del IMSS “genera confusión en su interpretación al realizar distinciones entre géneros al otorgar derechos que dependen de esta circunstancia”.
    En el pleno, la diputada abiertamente lesbiana indicó que la reforma de ley responde al espíritu del Bicentenario pues defiende la igualdad y la libertad de todos los mexicanos porque fomenta el derecho a elegir un proyecto de vida.
    Añadió que mediante estas iniciativas se reconoce a las familias diversas, las cuales no han podido acceder a sus derechos por las restricciones legales del IMSS e ISSSTE, aunado a que estos núcleos familiares han sido invisibilizados en las políticas públicas del gobierno federal, el cual, aseguró, no tiene un discurso sustentado en materia de no discriminación.
    La reforma propone que la fracción XII del artículo 5-A de la Ley del IMMS señale como beneficiarios del asegurado a “la o el cónyuge del asegurado o asegurada o del pensionado o pensionada y a falta de éstos, quienes hayan suscrito una unión civil o matrimonio con el asegurado o asegurada o el pensionado o pensionada, cualquiera que fuere su sexo, a la concubina o el concubinario en su caso, así como los ascendientes y descendientes de la o el asegurado ó de la o el pensionado señalados en la ley”.
    A su vez, se adiciona la fracción XX, la cual define a la unión civil como “el acto jurídico bilateral que se constituye cuando las personas físicas de diferente o del mismo sexo, mayores de edad y con capacidad jurídica plena, establecen un hogar común con voluntad de permanencia”.
    Sobre los matrimonios entre personas del mismo sexo, el párrafo segundo de la fracción indica que “esta ley reconoce tales uniones con los mismos derechos y obligaciones que los celebrados entre hombre y mujer”.
    Para evitar inadecuadas interpretaciones jurídicas se reformaron los artículos 64, 65, 66, 69, 84, 130, 132, 133, 137, 140 y 166 de la Ley del IMSS, y los apartados 6, 41, 70, 131, 135 y 136 de la Ley del ISSSTE a fin de que se puedan afiliar a la o el cónyuge como beneficiarios, y no sólo a la cónyuge, como lo señalan ambas leyes hasta el día de hoy.
    Sobre la próxima discusión en la Cámara de Senadores, Uranga Muñoz indicó que la Comisión de Seguridad Social de San Lázaro ha dialogado con las fracciones PRD y PRI para lograr una postura en común que permita su aprobación en el pleno.
    La secretaria de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, sostuvo que la propuesta es “completa” y fue elaborada “por la sociedad civil organizada”.

    Impulsan detección de VIH/sida y sífilis con prueba rápida “dúo”

  • Encuentran sífilis en 82 por ciento de pruebas VIH positivas
  • Leonardo Bastida Aguilar
    Manifestación de sífilis en manos
    México DF, noviembre 10 de 2010.
    De 570 pruebas de detección de VIH aplicadas en población masculina entre junio y agosto de este año, 78 resultaron positivas, de estas últimas 64 también detectaron sífilis, informó Martín Luna, coordinador del Centro de Atención Profesional a Personas con Sida (Cappsida).
    Aseveró que la cifra indica que 82 por ciento de las personas detectadas VIH positivas tiene como coinfección a la sífilis. Luna explicó que en la mitad de los casos, las personas se habían realizado una prueba de VIH con resultado negativo en menos de dos años, 20 en este año y 18 hace dos años.
    El activista añadió que en dos casos se encontró triple coinfección: VIH, sífilis y hepatitis B. Sólo en tres casos se detectó sífilis. A su vez, al interior de un grupo de 30 mujeres, se detectaron cinco mujeres con VIH y sífilis, y tres con sífilis sin VIH. En todos los casos se realizaron pruebas confirmatorias.
    Mencionó que durante esta etapa del proyecto “Realización de pruebas de VIH y otras ITS”, sólo se aplicaron exámenes de sífilis a las personas detectadas VIH positivas con el objetivo de detectar posibles coinfecciones. Sin embargo, a partir de estos resultados y la implementación de pruebas dúo, que permiten detectar VIH y sífilis mediante una sola toma de gotas de sangre, se aplicarán desde la primera vez a todas las personas que se acerquen a solicitar la prueba de VIH.
    En torno a los resultados, Luna indicó que la mayoría de las personas sólo se preocupa por prevenir el VIH pero no toma en cuenta que existen otras ITS por lo que considero importante difundir información sobre la sífilis, la hepatitis B o la gonorrea.
    “Se deben prevenir otras infecciones y hacer consciente a la gente que existen”, aseveró el activista, quien insistió en la necesidad de hacer llegar un mayor número de pruebas de detección de VIH y otras ITS a la población en general para reforzar las tareas de prevención. “Si te realizas este tipo de pruebas, te practicas un diagnóstico integral de tu salud sexual”.
    De acuerdo con el Boletín de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud federal, hasta agosto de este año se han detectado mil 180 nuevos casos de sífilis en todo el país, de los cuales 519 corresponden a hombres y 661 a mujeres.
    Las pruebas de detección dúo se realizan los viernes de las 12:00 a las 15:00 horas en el módulo de Cappsida instalado en la Glorieta de la estación Insurgentes del Sistema de Transporte Colectivo Metro, y los sábados de las 12:00 a las 15:00 horas en el módulo de la Alameda Central, ubica en Doctor Mora y Avenida Hidalgo de esta ciudad.

    Activista transexual exige “disculpa pública” de alcaldía regiomontana

  • Comisión Estatal de Derechos Humanos documentó que policías municipales la detuvieron de forma “arbitraria” el 14 de febrero de 2009
  • Christian Rea Tizcareño
    México DF, noviembre 10 de 2010. A un año nueve meses de ser detenida de forma “arbitraria” por elementos policíacos de Monterrey, Nuevo León, y ser acusada de “prostitución en vía pública”, la activista transexual Vanessa Castillo Torres, exigió una “disculpa pública” del gobierno municipal, al que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió la recomendación 107/2009, el 21 de julio del año pasado.

    La recomendación insta a las autoridades de Monterrey a restituir los daños sufridos por Castillo Torres. El documento emitido por la CEDH fue aceptado por la Policía de Monterrey, la administración municipal y la Secretaría del Ayuntamiento, en agosto de 2009.

    Así, las autoridades municipales iniciarían un proceso de responsabilidad administrativa en contra de los policías de la patrulla 526, Ángel Morón Gutiérrez y Adrián Vensor Flores, así como del juez Jorge Alberto López Gutiérrez, quien sancionó e impuso a Vanessa una multa de 600 pesos por atentar contra la “moral y buenas costumbres”, según la fracción X del artículo 19 del Reglamento de Policía y Buen Gobierno.

    Vanessa fue detenida la noche del 14 de febrero de 2009. De esa fecha a la actualidad, han pasado dos administraciones municipales: la de Adalberto Madero y la hoy encabezada por Fernando Larrazabal, ambos alcaldes emanados del Partido Acción Nacional (PAN).

    A 21 meses de perpetrada la violación a los derechos humanos de Vanessa, autoridades municipales la citaron para devolverle los 600 pesos desembolsados esa noche, más 35 pesos con 6 centavos, monto que no aceptó Castillo Torres, pues la alcaldía jamás le emitió una “disculpa pública”.

    En entrevista telefónica, Vanessa explicó que si bien la violación a sus derechos humanos -documentada por la CEDH- fue ejecutada por la administración municipal anterior, el actual edil tiene que ofrecer una “disculpa pública”, no a título personal, sino a nombre del gobierno regiomontano, y generar así el antecedente de que la alcaldía respeta a los ciudadanos sin importar su orientación sexual o identidad de género.

    En cuanto al dinero, la activista informó que el jueves de la semana pasada fue a la oficina del tesorero de Monterrey, Rolando Oliverio Rodríguez Hernández, para preguntarle, a través de un oficio, “¿cuál fue el parámetro referencial para tasar el reembolso de la multa impuesta, dado que se me dice que no tengo derecho a reparación del daño, invocando para ello los artículos 3 y 23 en su párrafo cuarto del Código Fiscal del estado?”

    El documento entregado a la Tesorería cita que el artículo 1825 del Código Civil local establece que “el Estado y los municipios tienen obligación de responder por los daños causados por sus servidores públicos en los términos de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, en el ejercicio de las funciones que les estén encomendadas. Esta responsabilidad es solidaria y sólo podrá hacerse efectiva contra el Estado, el municipio o el servidor público que corresponda”.

    El activista gay Mario Rodríguez Platas ha asesorado a Vanessa durante el desarrollo del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa 30/2009. Expuso que cuando ocurrió la detención, el salario mínimo en la zona era de 53 pesos con 26 centavos, y en consecuencia, “tuvieron que haberle cobrado 585.86 pesos (equivalente a 11 cuotas). ¿Por qué entonces 600 pesos? Esta cantidad es arbitraria e ilegal. Cobraron mal la multa, como si fuera un redondeo para darle a los niños computadoras”.

    Rodríguez, de la Fundación Diversitas, comentó que “Vanessa trabaja en un restaurante. Al día siguiente (de la detención) no pudo trabajar. Existe el lucro cesante (daño patrimonial que consiste en la pérdida de una ganancia o utilidad económica por parte de la víctima). Tienen que pagarle el salario mínimo de ese día”.

    El reembolso del dinero tiene que implicar una reparación del daño causado a Vanessa, así como una disculpa pública de la alcaldía por escrito. “¿O qué acaso por ser una transexual no se va a pedir?”

    El video donde Vanessa Castillo Torres, acompañada de activistas lésbico-gay, rechaza el reembolso de la multa está en la página: http://www.youtube.com/watch?v=fb0FwMD5Ts8

    Reforma a leyes del IMSS e ISSSTE, necesaria ante “lamentable actitud” burócrata, asegura experto

  • CDHDF intervendrá en caso del actor Felipe Nájera
  • Otorgan amparo a pareja de lesbianas
  • Leonardo Bastida Aguilar
    México DF, noviembre 10 de 2010.
    “Las reformas a las leyes de seguridad social no eran necesarias porque las restricciones a la afiliación de las parejas del mismo sexo se deben a una interpretación discriminatoria de la propia institución”, señaló Alejandro Madrazo Lajous, profesor-investigador del Centro de Investigaciones y Docencia Económicas en torno a la aprobación de la reforma que modifica las leyes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
    El experto indicó que la reforma planteada por la diputada federal de la fracción del Partido de la Revolución Democrática, Enoé Uranga Muñoz-, tuvo que presentarse ante la “lamentable actitud” del IMSS e ISSSTE de no reconocer los derechos de todos los trabajadores.
    En contraste, aseveró, otras instituciones de seguridad social como el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, reconocen los derechos de estas parejas desde que la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló constitucionalmente estas uniones.
    Por su parte, el actor Felipe Nájera, quien demanda la afiliación de su esposo Jaime Morales a los servicios de salud de la Asociación Nacional de Actores (ANDA), refirió que la aprobación de la reforma en el Palacio Legislativo de San Lázaro es “un gran avance en la lucha por la seguridad social de las parejas del mismo sexo, pero falta lo que ocurra en el Senado”.
    Al respecto, Nájera, mencionó que en el Senado se encuentra María Rojo, secretaria de previsión social de la ANDA, quien no ha definido su postura en torno a su petición de afiliar a Morales, pero que espera, defienda la iniciativa en el Senado, y posteriormente, la aplique al interior de la asociación.
    El histrión añadió que estas medidas son de gran ayuda para parejas como la de él que luchan por el reconocimiento de sus derechos, pero que en la práctica deben recurrir a muchas instancias para lograrlo. De esta manera, señaló, su caso será tomado por abogados de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
    Por último, la activista lesbiana Lol Kin Castañeda, de Acción Ciudadana de Construcción Nacional, señaló que el reconocimiento de los derechos de las parejas del mismo sexo ha transformado a la sociedad y evidenciado la discriminación existente en México por lo que, añadió, se sumará al cabildeo en el Senado de la República para que la iniciativa aprobada en la Cámara de Diputados tenga un fallo positivo.
    Esta mañana, el juez 4 de distrito en materia de trabajo del DF, Rigoberto Calleja López, otorgó a Castañeda un amparo legal, el primero en su tipo, por medio del cual podrá afiliar a su cónyuge, Judith Vázquez, a los servicios del IM