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viernes, 25 de enero de 2013

Afirma Beneficencia Pública que el Seguro Popular le mermó recursos




Afirma Beneficencia Pública que el Seguro Popular le mermó recursos
Parte de la crítica situación por la que atraviesa se debe al descenso de entradas provenientes de cuentas bancarias sin movimiento, cuyos fondos se deben entregar a la APBP
Ángeles Cruz Martínez
 
Periódico La Jornada
Viernes 25 de enero de 2013, p. 40
El Seguro Popular es responsable de la merma de los recursos de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública (APBP). Así lo afirma el organismo en el Libro blancodel periodo 2007-2012 y señala que la reducción va de 20 a más de 50 por ciento, al mismo tiempo que aumentaron las demandas de apoyo de población vulnerable porque el Seguro Popular no cubre todas las patologías.
Señala que otra parte de su crítica situación financiera, que incluso pone en riesgo su permanencia, se debe al descenso de ingresos provenientes de cuentas bancarias sin movimiento, cuyos fondos se deben entregar a la APBP.
La baja se explica, de acuerdo con el reporte, porque las instituciones financieras aplicaron de manera anticipada el contenido del artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, el cual se modificó en febrero de 2008, a fin de que la APBP recibiera dichos fondos luego de tres años de inactividad en las cuentas.
Por eso, dice, se “han tenido que buscar estrategias alternas como el establecimiento de vínculos con áreas de la Secretaría de Salud, organismos multilaterales y con instituciones y organizaciones de los sectores público, social o privado. También con la academia para poner en marcha proyectos conjuntos especiales que beneficien a núcleos específicos de la población.
El monto de los recursos ejercidos entre 2007 y 2012 ascendió a 126.6 millones de pesos, de los cuales la mayor parte (81.5 millones) provinieron del presupuesto federal, mientras 45 millones se originaron del patrimonio propiedad de la APBP.
Lo anterior evidencia que el manejo de recursos propios de la institución no genera rendimientos que correspondan con su valor, estimado en 482 millones de pesos.
Los inmuebles propiedad de la Beneficencia le fueron otorgados al momento de que el presidente Benito Juárez la creó en 1861, como parte de la secularización de los establecimientos hasta entonces administrados por autoridades eclesiásticas. Luego de que se le otorgaron facultades para formar parte de juicios sucesorios queda como legítima propietaria de bienes sin herederos.
Así fue durante casi toda su historia, hasta el sexenio pasado, cuando los ingresos generados por el manejo de su patrimonio empezaron a mermar sensiblemente por problemas con los edificios en renta y más de 5 mil juicios sucesorios sin resolver, problema que la APBP reconoce en respuestas a solicitudes oficiales de información, pero que omite en informes oficiales como elLibro blanco, donde únicamente señala al Seguro Popular y la modificación de la Ley de Instituciones de Crédito.
Entre otras estrategias impulsadas por el organismo para obtener recursos económicos adicionales está el diseño de modelos de atención para sectores específicos como las personas con discapacidad motora que requieren implantes protésicos. Sin embargo, dice en el Libro blanco, debido a la crisis económica de los últimos años, un mayor número de personas desempleadas que han perdido su cobertura de seguridad social acuden a los servicios públicos de salud en busca de atención, lo que ha aumentado el número de solicitudes de apoyo en la APBP.
Advierte que para estas personas resulta inalcanzable el pago de prótesis de alto costo, por lo que son candidatas a recibir el apoyo de la Beneficencia. Sin embargo, dice, es de resaltar que esta institución a lo largo de 150 años se ha orientado a la ayuda del más necesitado y que la disminución de los recursos podría incluso motivar su desaparición, con las graves consecuencias de dejar desprotegido a un gran núcleo de la población, que de no existir la Beneficencia Pública, carecería de alternativas para resolver sus más apremiantes problemas de salud

Mariguana, la droga ilícita que más se consume, revela coloquio de la UNAM




Mariguana, la droga ilícita que más se consume, revela coloquio de la UNAM
Emir Olivares Alonso
 
Periódico La Jornada
Viernes 25 de enero de 2013, p. 40
La mariguana es la droga ilícita que más se consume en el mundo; se estima que entre 119 y 224 millones de personas de entre 15 y 64 años la probaron al menos una vez en el último año, se dio a conocer en el coloquio Bases Farmacológicas del Consumo de Mariguana y su Impacto en la Protección de los Derechos Humanos, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM.
María Elena Medina Mora, investigadora del Instituto Nacional de Psiquiatría, refirió que entre 2008 y 2011 ha aumentado la disponibilidad de esta sustancia y que en México su uso se duplicó de 1988 a 2011, además que la edad de iniciación ha disminuido; hoy el promedio es a los 17 años.
Expertos debatieron en torno a esta sustancia, la cual, dijeron, causa daños cognoscitivos, afecta la memoria y los procesos de aprendizaje, de ahí que adolescentes y jóvenes sean el sector más vulnerable. Diez por ciento de las personas que la han probado generan dependencia.
Medina Mora indicó que por cada seis hombres que la consumen en el país hay una mujer y que los mayores niveles de uso se dan en el norte de México. La mayor ingesta de esta droga se presenta en varones de entre 18 y 34 años.
Detalló que el consumo habitual de lacannabis altera la memoria a corto plazo, la atención, el juicio y perjudica el balance del individuo. Además, los consumidores suelen tener menor desarrollo académico y altos niveles de deserción escolar.
Diversas pruebas han demostrado que en personas que llevan dos años usándola al menos dos veces a la semana se observa que están en desventaja en su desempeño escolar contra quienes no la consumen. A largo plazo, la mariguana produce déficit cognitivo, aunque éste puede ser reversible en los adultos después de abstinencia mantenida. Además está relacionada con la presencia de casos de depresión, alguna sicosis y esquizofrenia.
En entrevista, Medina Mora advirtió que los adolescentes son el sector en más riesgo ante el consumo de cualquier tipo de droga. A esa edad su cerebro está enfocado exclusivamente con las emociones y así se mueve; la parte cognitiva se desarrolla hasta los 20 o 22 años. Una prevención basada sólo en la parte conceptual, que no atienda el factor emocional, dijo, no tendrá éxito, porque biológicamente no están preparados para eso.
En su turno, Fernando Cano Valle, del IIJ, aseveró que las políticas de drogas deben basarse en los principios de derechos humanos y salud pública

Discutirá Consejo Universitario creación de la carrera en ciencias forenses




Discutirá Consejo Universitario creación de la carrera en ciencias forenses
El pleno analizará la asignación interna del presupuesto 2013 a la máxima casa de estudios
Emir Olivares Alonso
 
Periódico La Jornada
Viernes 25 de enero de 2013, p. 41
Este viernes, el Consejo Universitario (CU) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) celebrará su primera sesión ordinaria del año en la cual se discutirá la creación de la carrera en ciencias forenses, la asignación interna del presupuesto que recibió para 2013 y la sustitución de dos integrantes de la Junta de Gobierno (JG).
Consejeros universitarios informaron a La Jornada que durante los trabajos de la comisión de trabajo académico del CU, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), José Ramón Cossío, acudió a la sesión del martes para solicitar la aprobación de la licenciatura en ciencias forenses.
El proyecto de esta carrera plantea que la entidad responsable de la misma sería la Facultad de Medicina, y como participantes aparecen las facultades de derecho, ciencias, filosofía, química y sicología, así como el Instituto de Investigaciones Antropológicas. Además, se sumarían instancias como el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y el Instituto de Ciencias Forenses.
Se trata de una licenciatura de formación multi e interdisciplinaria. En la justificación, el documento asienta que uno de los problemas que aquejan a México es el de la procuración y administración de la justicia, a lo cual se ha sumado la debilidad de instituciones de seguridad pública, lo que se refleja en las bajas tasas de aprehensión y encarcelamiento de los delincuentes, entre otras cosas.
“Si bien la corrupción resulta central en este tipo de problemas, también lo son la falta de solidez en los sistemas, en los procedimientos de investigación para fortalecer las averiguaciones previas del delito y de los procesos judiciales, así como en la promoción de su eficiencia.
En este contexto se inscribe la licenciatura en ciencia forense para otorgar a sus egresados la posibilidad de conducir y participar en investigaciones especializadas de delitos y aportar pruebas concluyentes con apego a los derechos humanos, evitando el castigo de inocentes y la impunidad de culpables, señala el texto..
Durante la sesión también se someterá a la aprobación del pleno la propuesta del rector José Narro Robles para sustituir a Jorge Borja Navarrete y a David Kershenobich, quienes por ley terminan su encargo en la JG.
Se trata del ingeniero Óscar de Buen Richkarday –ex subsecretario de Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, recientemente electo presidente de la Asociación Mundial de Carreteras, con sede en Suiza, para el periodo 2013-2016– y de la doctora Teresita Corona Vázquez, investigadora titular de los Institutos Nacionales de Salud, y quien ha desarrollado actividades asistenciales en varios de los más importantes nosocomios del país

Violentómetro, instrumento que mide y hace visible la violencia de género




Violentómetro, instrumento que mide y hace visible la violencia de género
Elizabeth Velasco C.
 
Periódico La Jornada
Viernes 25 de enero de 2013, p. 41
Es posible visibilizar la violencia contra el género y la población en su conjunto mediante el denominado violentómetro, material educativo creado por especialistas del Instituto Politécnico Nacional (IPN), el cual no sólo se aplica en el país y zonas indígenas, sino también a escala internacional, informó la directora de la unidad politécnica de gestión con perspectiva de género de la institución, Martha Tronco Rosas.
Dicho material, explicó, permite medir los diferentes grados de violencia que puede sufrir una persona al ser sometida por otra, porque advierte de amenazas, gritos, empujones, manoseos, burlas, golpes e incluso sobre el riesgo de muerte.
A petición de organismos internacionales y nacionales el material educativo ya fue traducido al chino y al euskera, así como a tres lenguas indígenas: náhuatl, tlapaneco y mixteco. También el Instituto de las Mujeres de Guerrero ha solicitado a la institución educativa que ese material se elabore en otomí y ñañú.
El violentómetro, explicó Tronco Rosas, fue creado por especialistas del IPN, después de un amplio trabajo de investigación en la unidad politécnica de gestión con perspectiva de género. “Lo hicimos en una regla de escritorio que marca los centímetros. Insistimos en materiales educativos para que no se tiren, que sean de utilidad para cualquier persona, ama de casa, maestro, estudiante o en las oficinas.
En cada centímetro incluimos aquellas manifestaciones donde se observa lo que es violencia, pero que la gente no detecta como tal, porque la naturaliza, detalló.
El material se difundió inicialmente en los programas de capacitación del IPN y como parte de las acciones de extensión y cooperación con otras universidades e instituciones. Posteriormente, fue solicitado por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), para distribuirlo en toda la administración pública federal a través de un banner (formato publicitario en Internet). Una vez que se dio a conocer en radio y televisión, empezó a solicitarse en forma masiva. Actualmente lo han adquirido funcionarios de China y el País Vasco

Proyecto para criminalizar a las víctimas de violación




Proyecto para criminalizar a las víctimas de violación
Afp
 
Periódico La Jornada
Viernes 25 de enero de 2013, p. 41
Santa Fe Nuevo México, 24 de enero. La víctima de una violación que se realice un aborto podría ser acusada de alterar la evidencia e ir tres años a prisión, en caso de tener éxito un proyecto de ley propuesto en Nuevo México (suroeste de Estados Unidos), que fue rechazado este jueves por defensores de derechos civiles.
La representante republicana, Cathrynn Brown, introdujo el miércoles un proyecto de ley que busca definir el aborto como una alteración de la evidencia en casos de penetración sexual criminal o incesto.
Alterar la evidencia debe incluir la búsqueda o facilitación del aborto, o compelir a otro a cometer el aborto de un feto que es resultado de penetración sexual criminal o incesto con el intento de destruir la evidencia del crimen, detalla el proyecto.
Según el texto, que tiene pocas posibilidades de subsistir en el Congreso estatal de mayoría demócrata, abortar tras una violación puede ser catalogado como delito de tercer grado y conllevar hasta tres años de prisión.
Propuesta descaradamente inconstitucional: ONG
La propuesta fue catalogada comodescaradamente inconstitucional por el grupo local de defensa de los derechos humanos Progress Now New Mexico.
Además de ser descaradamente inconstitucional, el proyecto de ley convertiría a las víctimas de violación e incesto (...) en criminales y las fuerza a convertirse en incubadoras de evidencia para el estado, escribió el portavoz Pat Davis en un comunicado en la página web de Progress Now.
La legisladora introdujo este proyecto de ley dos días después del 40 aniversario de la sentencia que legalizó el derecho a abortar en todo Estados Unidos.
El 22 de enero de 1973, en un dictamen conocido como Roe versus Wade, la Corte Suprema de Estados Unidos decidió que el derecho al aborto era una garantía fundamental asentada en la Constitución, amparándose en el principio de la vida privada.
De acuerdo con un sondeo elaborado por Gallup, publicado el martes, 53 por ciento de los estadunidenses quieren conservar el derecho al aborto frente a 29 por ciento que desean derogarlo; 18 por ciento no manifiesta opinión sobre el tema.
El dictamen Roe vs Wade, que abrió la puerta al aborto legal en Estados Unidos, cumplió 40 años con una fuerte polémica entre los que defienden la práctica y los que se manifiestan en contra

Muere sor María, la monja imputada en el robo de varios bebés en España




Muere sor María, la monja imputada en el robo de varios bebés en España
Afp
 
Periódico La Jornada
Viernes 25 de enero de 2013, p. 42
Madrid, 24 de enero. Una monja española de 87 años, sor María Gómez Valbuena, primera y única persona hasta ahora imputada en el vasto escándalo de bebés robados en España, ha muerto, informó este jueves una portavoz del convento de Madrid donde residía.
El 18 de enero pasado la justicia española pospuso su comparecencia ante un juez por razones de salud cuando iba a declarar sobre un segundo caso de bebés robados, en el que fue acusada por una madre, Purificación Betegón, de haberle arrebatado sus gemelas nacidas en 1981 en Madrid. Sor María había declarado una primera vez ante la justicia el 12 de abril de 2012 en otra investigación sobre el robo de bebés en 1982, en la clínica Santa Cristina de Madrid, donde prestaba sus servicios.
La madre de la niña, María Luisa Torres, es una de las pocas en haber recuperado a su hija, en 2011, acusaba a la religiosa de haberle robado la niña después de que aceptó entregársela temporalmente a cambio de un pago hasta que se encontrara en situación financiera más holgada.
El procedimiento contra sor María ha terminado, pero la investigación continua evidentemente, afirmó a la prensa el abogado de Purificación Betegón. Hay otras investigaciones en este juzgado y estamos esperando un poco a ver si desembocan en otras inculpaciones, añadió.
El escándalo de los bebés robados salió a la luz en 2010, con los primeros testimonios de adultos que rompieron el velo de silencio sobre el asunto.
Según distintas asociaciones, se han presentado unas mil 500 denuncias en toda España. Una de estas organizaciones, Anadir, considera que unos 300 mil bebés pudieron ser robados durante la dictadura de Franco y hasta principios de la década los 80 en España, que no contó con una ley de adopciones hasta 1987

Orozco dice estar dispuesta a dejar la rectoría de la UACM




Orozco dice estar dispuesta a dejar la rectoría de la UACM
No es una chamba ni un espacio político para mí, señala
Niega que norma de convivencia pretenda criminalizar inconformidad
Aprueba grupo crítico crear reglamento para funcionarios
Foto
Consejeros universitarios de la UACM votan durante la cuarta sesión extraordinaria, en la que analizaron el Reglamento de responsabilidades universitarias, en el auditorio del plantel Del ValleFoto Cristina Rodríguez
Alejandro Cruz
 
Periódico La Jornada
Viernes 25 de enero de 2013, p. 36
Por vez primera en casi dos años de conflicto, la rectora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), María Esther Orozco Orozco, dejó abierta la posibilidad de dejar el cargo, cuando durante todo ese tiempo afirmó que no dejaría la rectoría de esa casa de estudios.
En conferencia de prensa fue cuestionada: ¿sostiene que no renunciará? Manifestó: “Si yo fuera el problema –voy a hacer un cambio en lo que he dicho– y hubiera un proyecto de educación, un proyecto académico para la Universidad Autónoma de la Ciudad de México que la llevara a ser realmente una institución del nivel que la ciudad necesita y no sea coto político, entonces yo me reuniría con el Consejo Universitario y le plantearía, para discutir en su seno, las posibilidades, las ventajas y desventajas de que yo permanezca o me retire”.
Al presentar un programa de becas para alumnos afectados por el cierre de planteles, la funcionaria dijo que está en la UACM por defender un proyecto educativo; no es una chamba ni un espacio político para mí, señaló tras defender también la legalidad del Consejo Universitario instalado el pasado 22 de agosto, cuyos integrantes son afines a ella, entre ellos personas que no son reconocidos como parte de ese órgano en los acuerdos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Por otra parte, el tercer Consejo Universitario legalmente constituido el pasado 29 de noviembre aprobó crear un reglamento de sanciones a funcionarios de la universidad que no cumplan con sus funciones, caigan en desacato o cometan irregularidades en su gestión, el cual abre la puerta a un proceso de revocación contra la rectora y otros funcionarios de la institución.
De esta manera, se puede presentar a la Comisión de Organización del CU la solicitud para separar del cargo a Orozco, y, una vez aceptada la peticiónse informará al imputado para comenzar el procedimiento, que deberá ser resuelto en cinco días, con derecho a un proceso de revisión con duración de 15 días máximo.
En cuanto al programa de becas, éste pretende beneficiar a más de 3 mil estudiantes afectados por el paro de actividades en esa casa de estudios, que considera la entrega de 800 pesos mensuales para alimentos y transporte, con el propósito de evitar la deserción de alumnos.
Según las autoridades universitarias, se calcula que 5 mil estudiantes abandonarán sus estudios, lo que equivale a 30 por ciento de la matrícula. Aunque los consejeros universitarios críticos a la gestión de la rectora Esther Orozco afirmaron que en lo que va del conflicto sólo han desertado 150 alumnos.
Sobre las normas de convivencia que pretende imponer en la institución de educación superior que encabeza, Orozco afirmó que no pretende criminalizar los movimientos estudiantiles, a los cuales, dijo, tengo un gran respeto, siempre que tengan objetivos claros y se hagan las protestas por el camino adecuado y no se insulte, no se ofenda, no se golpee a la institución y sus bienes

Citará el MP a declarar a la rectora por presunto uso indebido de fondos




Citará el MP a declarar a la rectora por presunto uso indebido de fondos
Alejandro Cruz
 
Periódico La Jornada
Viernes 25 de enero de 2013, p. 36
La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) citará a comparecer ante el Ministerio Público a la rectora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), María Esther Orozco Orozco, para que responda sobre las denuncias en su contra de presunta malversación de fondos y usurpación de profesión, informaron fuentes de la dependencia.
Las autoridades consultadas indicaron que la funcionaria será requerida en los próximos días para que rinda declaración por las denuncias presentadas por integrantes del llamado movimiento crítico a la gestión de Orozco.
Se trata de las averiguaciones previas asentadas con los folios FBJ/BJ-2/T-I/02144/12-11 y FSP/B/T1/02235/12-10, e iniciadas en octubre pasado por las fiscalías de Benito Juárez y de Servidores Públicos de la procuraduría de Justicia capitalina, respectivamente.
En la segunda se indaga un presunto ejercicio indebido del presupuesto de 2012 de la casa de estudios por la rectora, quien al parecer lo hizo sin la aprobación del máximo órgano de gobierno de la institución: el Consejo Universitario (CU), único autorizado por la ley para aprobar el proyecto anual de ingresos y egresos, con lo que habría violado la norma de la UACM.
En este caso, se informó, la averiguación ya está cuadrada, por lo que a más tardar en la primera semana de febrero Orozco Orozco deberá presentarse ante la Fiscalía de Servidores Públicos para responder a la querella que por estos hechos presentaron Aidé Tassinari Azucaga, Esther Muñoz Cervantes y José Luis Fernández Silva, quienes integraron la Comisión de Hacienda del segundo CU.
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La rectora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, María Esther Orozco Orozco, ofreció ayer una conferencia de prensa en un restaurante capitalino, donde dijo estar dispuesta a comparecer ante las autoridades que se lo solicitenFoto Carlos Cisneros
Cabe recordar que en noviembre de 2012, cuando el CU afín a Esther Orozco –considerado ilegal por el movimiento critico a su gestión– aprobó el presupuesto 2012, por 925 millones de pesos, cuando ya se habían ejercido más de 616 millones de pesos en esos momentos.
En la otra indagatoria abierta contra Esther Orozco, se le acusa de ejercer como química bacterióloga parasitóloga sin tener título ni cédula profesional, según documentación de las secretarías de Educación Pública federal y de Chihuahua que fue presentada como prueba. En este caso, señalaron las fuentes consultadas, la investigación está en curso y también será citada a declarar.
Ayer, en conferencia de prensa, la rectora Esther Orozco Orozco se refirió a esa denuncias y se dijo dispuesta a presentarse ante la autoridad competente si así se lo solicita, pero exigió que también se dé curso a las denuncias presentadas por las autoridades universitarias contra los paristas y que se aplique la ley en todos los casos

Remplazan consejeros a ombudsman de Chiapas




Remplazan consejeros a ombudsman de Chiapas
Elio Henríquez
Corresponsal
Periódico La Jornada
Viernes 25 de enero de 2013, p. 34
Comitán, Chis. Tres de los cinco integrantes del Consejo Estatal de Derechos Humanos (CEDH) destituyeron al presidente del organismo, Florencio Madariaga Granados, porque vulneró los derechos fundamentales de las víctimas, de los peticionarios y de los propios empleados del consejo, quienes fueron adscritos a otras categorías laborales y centros de trabajo, en agravio de sus sueldos y prestaciones sociales, informó el secretario ejecutivo, Diego Cadenas Gordillo. Dijo que como nuevoombudsman fue designado el tzeltal Lorenzo López Méndez, quien ocupó el cargo hasta el 28 de septiembre pasado

Fracasaron programas de ayuda a indígenas: ONG




Fracasaron programas de ayuda a indígenas: ONG
Elio Henríquez
Corresponsal
Periódico La Jornada
Viernes 25 de enero de 2013, p. 35
San Cristóbal de las Casas, Chis., 24 de enero. La muerte de cinco niños en la comunidad Emiliano Zapata, municipio de Yajalón, a finales del año pasado, se debió al fracaso del sistema de salud y a los programas clientelares que los gobiernos federal y estatal aplicaron en los poblados indígenas, afirmó el Centro de Derechos Indígenas AC (Cediac), con 20 años de presencia en el norte del estado.
En un informe elaborado después de los decesos de los infantes, ocurridos entre noviembre y diciembre, presuntamente a causa de enfermedades respiratorias, el organismo no gubernamental sostuvo que los programas oficiales hundieron a la población en más miseria, subordinación y muerte.
Manifestó que en centros de salud ubicados en esa región de Chiapas, si es que los hay, se cuenta únicamente con preservativos y paracetamol y algunas veces otro medicamento con breve caducidad.
El organismo, fundado por la misión jesuita con sede en Bachajón, municipio de Chilón, donde tiene sus oficinas, abundó: El trabajo de los médicos y enfermeros, si los hay, se centra en la salud reproductiva y el control de la natalidad, no en la prevención de enfermedades asociadas a la pobreza, como las gastrointestinales, respiratorias y dérmicas, ni en sus complicaciones.
Acusó que la Secretaría de Salud no ha dado un informe pormenorizado de los hechos, a pesar de que el Consejo Estatal de Derechos Humanos le envió un oficio, y tampoco se realizó la autopsia a los bebés, por lo cual se desconoce por qué murieron.
Expresó que el centro de salud que atiende a los pobladores de Emiliano Zapata no fue capaz de evitar más de tres meses de sufrimiento a los pequeños Rosa Guadalupe Díaz Encino, Ángel Pérez Pérez, Luciana del Carmen Díaz Pérez, Mercedes Gutiérrez y Cristhian Hernández, todos de menos de un año de edad

Mi historia no es la única en México, dice Cassez en París




Mi historia no es la única en México, dice Cassez en París
‘‘Conocí lo peor y lo mejor de ese país; mi libertad, un paso para mejorar la justicia allí”
Agencias
 
Periódico La Jornada
Viernes 25 de enero de 2013, p. 3
París, 24 de enero. Al ofrecer una conferencia de prensa, luego de su liberación en México por órdenes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Florence Cassez aseguró que la decisión judicial no sólo es beneficiosa para ella, sino también para que se imparta justicia equitativa en México. Con la decisión judicial creo que fui declarada inocente por la Corte, que decretó mi libertad total y absoluta.
Liberada de una sentencia de 60 años por su presunta coparticipación con la banda de secuestradores de Los Zodiaco, Cassez reivindicó su libertad como un paso para mejorar la justicia en México: Es bueno para los mexicanos. Mi historia no es la única en México. Aquí es incomprensible para los franceses, pero en México todo el mundo sabe que es lo cotidiano. Espero que sea un precedente para ayudar a otros.
En el contexto de su llegada al aeropuerto Charles de Gaulle, de París, a las 13:40, hora local, el ministro francés para Asuntos Exteriores, Laurent Fabius, sostuvo que con la liberación de Cassez –cuyo caso confrontó duramente a los gobiernos de México y Francia en el pasado reciente, entonces encabezados por Felipe Calderón y Nicolas Sarkozy–México demostró que actualmente es una gran democracia.
Se conoció que este viernes Cassez será recibida en el Palacio del Eliseo por el presidente francés, Francois Hollande. En entrevista con la agencia Afp, la francesa se refirió al papel jugado por Hollande y su antecesor para que fuera liberada, así como a la polémica desatada en Francia por el desempeño de cada uno de ellos en el caso.
Nicolas Sarkozy fue presidente mucho más tiempo. Tuvo un papel muy importante. Empezó a tomar posición firmemente junto a mis padres. Para mí, no hay polémica, Francois Hollande tomó el relevo de manera diferente y formidable. Les debo muchísimo a los dos. Yo me sitúo en el lado humano. Cuando se está en tal situación no se hace política, se está en la supervivencia, en lo humano, en la urgencia. Hoy sólo tengo que dar gracias a los dos.
Cassez reconoció que hubo momentos en que tuvo miedo y momentos de desesperación de los que la sacó el apoyo que recibió del presidente Sarkozy, y posteriormente Hollande. Tengo ganas de verlo (a Sarkozy) porque su apoyo fue vital en un momento en el que tomó posición por mi caso. Él me salvó la vida, porque pasé momentos complicados, tuve ganas de no levantarme. No tenía fuerzas para seguir. La rabia de probar mi inocencia me mantuvo. Soñé diez mil veces, me despertaba por las noches, pero creí que no iba a llegar este momento y lloraba. Ahora me encuentro finalmente muy serena.
Desde su llegada a Francia, Cassez se asumió como una persona que ha sufrido como una víctima en los últimos siete años, y juzgó que su caso sentará precedente en México. Dijo que en ese país, a pesar de estar en prisión,siempre fui libre de mi cabeza. Y agregó sentir una gran emoción.Siempre tuve la esperanza, la fuerza, estaba dispuesta a todo.
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Primera conferencia de prensa en suelo francésFoto Reuters
Aseguró que durante su permanencia en México conoció lo peor y lo mejor de ese país, de la gente. Llevo siete años en la cárcel con gente formidable, admirable, con compañeras que me han dado amor, apoyo. Muchos mexicanos importantes han querido visitarme, ayudarme. A ellos les debo todo.
–¿Debe usted aún demostrar su inocencia? –se le preguntó.
–Si es necesario hacerlo, lo haré. Si hay que seguir batiéndose para dejar claro en la mente de la gente que soy inocente, por supuesto que seré la primera en hacerlo y consagrarme a ello, pero creo que la justicia pone en libertad a la gente inocente.
–¿Guarda rencor a las autoridades mexicanas?
–No, porque sé distinguir. Contra mí había solamente un pequeño grupo de personas que lamentablemente tuvieron el poder durante seis años y el poder al más alto nivel. Ahora el gobierno ha cambiado (...) Distingo claramente entre el pueblo mexicano que he conocido, que me ha apoyado, y el puñado de gente que estaba contra mí y que tramó todo. Yo amo a México, amo a los mexicanos. Sólo tengo amor en el corazón, ningún odio.
Los mexicanos, a punto de vivir grandes momentos
Interrogada sobre si emprenderá una lucha contra la injusticia, Cassez dijo que lleva siete años empeñada en ello, buscando demostrar que sí es posible. Señaló que en ello ha dejado algo a todos los mexicanos que conoció y que la vieron batirse por ello. Los mexicanos se han habituado a este tipo de injusticias y esto les deja un mensaje: que no hay que creer nunca que algo es imposible. Hay que tener esperanza.
Durante la conferencia de prensa tuvo momentos en que exaltó al gobierno mexicano actual, pues consideró queMéxico está a punto de vivir grandes momentos con el respeto de los derechos humanos y la llegada del presidente Enrique Peña Nieto.
Se mostró dispuesta a perdonar y, cuestionada sobre un eventual retorno a México, aseguró: Me gustaría volver a México si soy invitada para hablar de mi experiencia, para dar la cara como dicen allí. No tengo nada que ocultar, pero no sé si mis padres me dejarían ir, comentó riéndose.
Manifestó que durante su estancia en México lo que le resultó más difícil fue la injusticia con la que se le trató. Que se digan mentiras sobre ti, es terrible, para mí es lo peor, no las condiciones de detención. Luchar contra todo un gobierno, estar en sus manos, pero decidí luchar hasta el final

Sentencia de la Corte no implica la inocencia de la francesa: juristas




Sentencia de la Corte no implica la inocencia de la francesa: juristas
Alfredo Méndez, Elizabeth Velasco y Emir Olivares
 
Periódico La Jornada
Viernes 25 de enero de 2013, p. 6
Especialistas en derecho constitucional y amparo aclararon que la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el caso Florence Cassez no implicó el reconocimiento de inocencia. La Corte sólo determinó que el montaje televisivo sobre su captura vició todo el proceso penal, y con ello violó sus derechos al debido proceso, su garantía de defensa consular y a la presunción de inocencia.
Los juristas Martín Gamez, José Wenceslao Cisneros y Jorge Reyes coincidieron en que la responsabilidad directa de que la ciudadana francesa haya pasado de sentenciada por el delito de secuestro a víctima de violaciones a sus garantías constitucionales fue de Genaro García Luna (quien fue titular de la AFI durante la detención de Cassez en diciembre de 2005), a quien la Procuraduría General de la República (PGR) debe investigar de oficio tras los señalamientos que la Corte hizo en contra del ex servidor público.
Gámez Millán, abogado constitucionalista, aseguró que “una cosa es que la Corte haya declarado que errores policiacos y del Ministerio Público, más un montaje televisivo, perjudicaron la investigación, y otra, muy diferente es que la Corte hubiera declarado inocente a la ciudadana francesa.
Seamos claros: eso no fue así. Ella no puede andar pregonando que fue declarada inocente (por la SCJN). Lo que sí puede hacer es presentar su querella, o su demanda (para exigir reparación de daño moral), contra las autoridades que la llevaron a prisión mediante manipulación de pruebas. Pero su inocencia, esa aún no la ha demostrado ante ningún tribunal.
Entrevistados por separado, los académicos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM Francisco Ibarra Palafox y César Astudillo Reyes coincidieron que se debió optar por la reposición del proceso contra la francesa, que había sido sentenciada a 60 años de prisión por secuestro; Daniel Márquez Gómez señaló que correspondía la liberación de Cassezporque se vulneraron sus derechos.
Ibarra Palafox, coordinador de la unidad de posgrado del IIJ y experto en derechos humanos, señaló que una fallaen un segmento del proceso judicial –en el caso de Cassez la vulneración de la presunción de inocencia y del debido proceso– no necesariamente debe invalidar todo el procedimiento. Debió enfrentar una nueva sentencia en el tribunal colegiado, como se había planteado inicialmente.
Subrayó que es sorprendente que la resolución no estuviera acompañada de procedimientos administrativos para establecer responsabilidad de los funcionarios que vulneraron los derechos de Cassez, sobre todo porque el amparo se basó en el montaje mediático de la supuesta captura.
Astudillo va más allá. Desde su perspectiva la sanción contra los servidores públicos que incurrieron en las fallas, irregularidades y en el montaje televisivo que derivaron en la violación a derechos de la francesa, no sólo tiene que ser administrativa, sino penal. De no hacerlo, no seremos verdaderamente un estado de derecho.
Este caso cimbrará de raíz la forma de proceder de las instancias que persiguen e investigan el delito en México. Debemos exigir que las instancias de justicia transformen sus prácticas y su cultura, porque en cada detención hay una serie de violaciones de garantías importante que se deben erradicar. Si realmente queremos ser un país sensato, que protege derechos, debemos impulsar esos cambios que no sólo son legales sino culturales

Al liberar a la francesa, la Corte cometió una barbaridad, señala López Obrador




Al liberar a la francesa, la Corte cometió una barbaridad, señala López Obrador
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Encuentro de Andrés Manuel López Obrador con simpatizantes en Motozintla, ChiapasFoto La Jornada
Elio Henríquez
Corresponsal
Periódico La Jornada
Viernes 25 de enero de 2013, p. 7
Comitán, Chis., 24 de enero. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cometió una barbaridad al liberar a la francesa Florence Cassez, pues olvidó que es una tribunal de justicia, no de derecho, afirmó el ex candidato presidencial de las izquierdas, Andrés Manuel López Obrador.
Añadió que “se tenía que haber repuesto el procedimiento que estuvo mal, de eso no hay duda, incluyendo el castigo para el ex secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, quien debe ser juzgado –se están tardando–, pero no debieron actuar como lo hicieron, ya que no puede ser que por un asunto de procedimiento legal o por estar mal integrada la averiguación previa se deje a los afectados sin el derecho a la justicia”.
Sostuvo que el asunto se manejó como todo, desgraciadamente, arriba; fue por manejo político, de nuevo vuelve a quedar de manifiesto que no sólo con lo de Cassez, sino con lo que hizo el IFE de exonerar al PRI; no hay justicia en nuestro país, las instituciones están al servicio de la mafia del poder, no se castiga a quienes tienen las agarraderas o medios para comprar la justicia, lo cual es muy grave.
Aclaró: Yo no estoy diciendo con esto que la señora no tenía derecho a un juicio justo; se tenía que haber reiniciado todo el procedimiento, hay formas; la misma SCJN debió resolver en ese sentido, atraer el asunto y hacer la investigación de fondo, pero no dejarla en libertad sólo por fallas en el procedimiento, cuando los familiares de los afectados están hablando de que ella participó en todo lo relacionado con los secuestros; creo que fue una barbaridad lo que hicieron.
También, a pregunta expresa, el ex jefe de Gobierno de la ciudad de México se refirió al resolutivo del Instituto Federal Electoral (IFE) que la víspera exoneró al PRI y al PVEM de incurrir en operaciones ilícitas en el financiamiento de su campaña presidencial, por medio de Banca Monex.
Es lamentable que se actúe de esa manera, es una burla; se demuestra que (Enrique) Peña Nieto lavó dinero de procedencia ilícita y al final se exonera al PRI y no sólo eso, se le otorga el cargo de presidente de la República, manifestó.
–El resolutivo del IFE salió ayer igual que el fallo de la SCJN sobre Cassez. ¿Ve alguna relación? –se preguntó a López Obrador en entrevista.
–Pues sí, porque demuestra que en México no hay justicia, que imperan tanto la corrupción como la impunidad.
–¿Cree que por una cuestión mediática las dos cosas salieron al mismo tiempo?
–No sé, pero me llama la atención que los dos asuntos salieran al mismo tiempo; es mucha casualidad.
La visita de López Obrador a esta ciudad fue parte de una gira de cuatro días por Chiapas, para asistir a la conformación de comités municipales del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), que busca convertirse en partido político, no sólo con propósitos electorales, sino defender a la nación y transformar el país por encima inclusode ganar la Presidencia.
Ante cientos de simpatizantes, el ex candidato dijo que el requisito del IFE para otorgar el registro a Morena es que cuente con 220 mil afiliados, lo quevamos a cumplir sin problemas, porque la meta es que para finales de este año Morena tenga un millón y medio de militantes.
Al concluir el acto, López Obrador dialogó con representantes de 13 familias del ejido Galeana, municipio de La Independencia –a unos 15 kilómetros de San Cristóbal–, expulsados de su comunidad por no acatar el acuerdo de votar por Peña Nieto y Manuel Velasco Coello, hoy gobernador del estado.
Nosotros decidimos mantenernos firmes y votamos por usted, y por eso nos expulsaron el 23 de agosto pasado, dijo uno de los campesinos, quien precisó que en total se encuentran refugiadas en esta ciudad 37 personas.Nos impusieron una multa de 30 mil pesos por familia, pero no tenemos para pagarla, además de que no es justo, expresó.
López Obrador se comprometió a que un dirigente de Morena buscará una audiencia con Velasco Coello para plantearle el problema y que se resuelva, porque es una arbitrariedad.
Durante la entrevista, se le preguntó si el ex gobernador Juan Sabines Guerrero debe ser enjuiciado por la deuda pública de más de mil millones de pesos que dejó, a lo que el tabasqueño respondió:Tiene que hacerse auditorías para investigar dónde está el presupuesto, y hay que hacer una investigación apegada a la ley; nada de venganzas, solamente justicia

Los derechos de las víctimas sólo se preservan si todos en el sistema cumplen las reglas: ONG




Los derechos de las víctimas sólo se preservan si todos en el sistema cumplen las reglas: ONG
Piden que se combata la impunidad y se juzgue a los responsables de las fallas en el debido proceso
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Florence Cassez, con el abogado Frank Berton, en la conferencia de prensa tras su arribo al aeropuerto Charles de Gaulle en las inmediaciones de París, ayerFoto Xinhua
Fabiola Martínez, Ángeles Cruz y Carolina Gómez
 
Periódico La Jornada
Viernes 25 de enero de 2013, p. 8
Los derechos de las víctimas de delitos sólo se preservan y garantizan cuando el sistema de justicia y todos sus integrantes (policías, agentes del Ministerio Público, peritos y jueces) cumplen con las reglas e integran expedientes con pulcritud, sin recurrir a la tortura y el engaño como ocurrió con el caso de la ciudadana francesa Florence Cassez, afirmaron activistas y organizaciones civiles de defensa de los derechos humanos.
Tras la liberación de Cassez, es necesario que se combata la impunidad y se juzgue a los responsables de las fallas en el debido proceso de la ciudadana francesa hasta el más alto nivel, porque de lo contrario, la decisión de la Suprema Corte de Justicia será sólo un paso mal logrado, inservible, advirtió Ricardo Sepúlveda, director del Centro Jurídico para los Derechos Humanos.
“No se trata de que con la salida de Cassez todos van a salir libres, pero lo que sí sigue es que debe haber responsabilidades administrativas, civiles, económicas, penales para quienes violaron el debido proceso.
Habría que mirar hacia quien en esa época fue procurador general de la República, de quien dependía (Genaro García Luna) el director de la Agencia Federal de Investigación (AFI); se debe seguir esa cadena y ver quién ejecutó (el montaje televisivo del arresto de la banda de secuestradores en la que se involucró a Cassez) pero también quién lo ordenó, dijo Sepúlveda.
–¿Es necesario llamar a cuentas a los ex funcionarios involucrados?
–Sí, a todos los que intervinieron, hasta el más alto nivel, porque de lo que se trata aquí es generar un precedente positivo, el cual es que llevemos el debido proceso hasta sus últimas consecuencias.
En situaciones como esta, señaló Edgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), difícilmente se puede acreditar la responsabilidad de una persona en un hecho ilícito. El desaseo en las acciones de las autoridades provoca suspicacias y dudas, y al final se violan los derechos de víctimas y acusados.
Al respecto, Adrián Ramírez, de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), señaló que a causa de la corrupción en el sistema de justicia, que busca culpables mediante la tortura, la manipulación de las víctimas y el espectáculo mediático, ocurren hechos que no hacen más que demeritarlo aún más.
Eso es lo que ocurrió con el caso de Cassez, quien sentenciada a 60 años de prisión por su responsabilidad en el delito de secuestro, obtuvo su libertad inmediata el pasado miércoles. Ramírez aseguró que de una revisión del expediente del caso, encontró una serie de contradicciones, como los cambios que hubo en las declaraciones de una de las víctimas de secuestro, que en un principio no menciona ningún dato o característica que vincule a la ciudadana francesa con la comisión del delito.
México SOS y Alejandro Martí lamentaron que en aras de lograr la justicia y la paz a la que tenemos derecho los mexicanos, ciertos vicios o errores en el proceso den como resultado que presuntos responsables de actos criminales los utilicen para obtener su libertad y regresen a las calles a seguir lacerando y violentando nuestra paz. Esta situación, además, burla la justicia, los derechos y el dolor de las víctimas.
Alto al Secuestro, que dirige Isabel Miranda de Wallace, cuestionó el resolutivo, pues sostuvo que debió ordenar la reposición del proceso para subsanar las fallas, en lugar de liberar a una secuestradora. Las víctimas son los grandes perdedores

Fepade y SAT elaboraron expedientes completossobre el caso Monex: IFE




Fepade y SAT elaboraron expedientes completossobre el caso Monex: IFE
Alfredo Cristalinas admite posible creación de empresas fantasma; debe indagarse, señala
Roberto Garduño
 
Periódico La Jornada
Viernes 25 de enero de 2013, p. 10
Alfredo Cristalinas, director de la unidad de fiscalización del Instituto Federal Electoral (IFE), informó a la comisión especial de la Cámara de Diputados que investiga el caso Monex que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) –por separado– elaboraron expedientes completos sobre el uso de tarjetas de prepago.
Todos los involucrados se encuentran registrados en esos expedientes, pero pueden ser personas que constituyan una fachada, y eso toca a la autoridad correspondiente investigarlo, dijo Cristalinas al presidente de la comisión especial, Roberto López Suárez.
El legislador negó que la comisión legislativa vaya a desaparecer, ya que fue electa por el pleno de la Cámara, y a éste corresponde decidir sobre su futuro.
No obstante, el priísta Fernando Charleston demandó que se disuelva el grupo de trabajo por no existir elementos suficientes de investigación, y porque la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras (Condusef) se declaró incompetente para coadyuvar con los diputados.
Alfredo Cristalinas acudió a la Cámara de Diputados para reunirse con la comisión encargada de la revisión –conocida como comisión Monex–, donde reiteró que el uso de las tarjetas de esa institución financiera no correspondió al día de la jornada electoral.
En el caso de las tarjetas, las erogaciones, los retiros y aplicaciones en terminales de punto de venta no corresponden con el día de la jornada electoral ni al de los dos días previos a ésta, insistió.
Incluso, en descargo de la coalición Compromiso por México (constituida por PRI y PVEM), señaló que 50 millones de pesos de los 66 cuyo destino se han cuestionado, corresponden a gastos de campaña.
La explicación del funcionario electoral en torno al escándalo de las tarjetas Monex resultó en que el IFE participó en 600 diligencias, descubriéndose que el grupo comercial Inizzio contrató directamente con Grupo Financiero Monex la utilización de tarjetas y monederos de prepago para hacer llegar recursos a través de un esquema de solicitudes de dispersión(distribución del dinero a sus beneficiarios).
El titular de la unidad de fiscalización defendió el contenido del proyecto que elaboró y fue aprobado por el Consejo General del IFE el miércoles.
Apuntó que la cadena de contratación para que el PRI utilizara las tarjetas Monex no es ilegal, pues la importadora y comercializadora Efra y el grupo financiero Monex son empresas constituidas, y si son fantasma o no, no se califica en ese sentido; son otras autoridades las que tienen esquema de fiscalización, en este caso el SAT, para determinar si son fachada, fantasma o de papel.
Con vehemencia, el titular de la unidad de fiscalización defendió sus criterios y conclusiones al reiterar queno estamos en presencia de una infracción, porque no se trata de la contratación de servicios financieros propiamente, sino de servicios de planeación y utilización de dinero, el cual no tenía que pasar por la cuenta del PRI. Lo que contrató no fue un crédito en efectivo, sino un servicio.
Al concluir el encuentro, el presidente de la comisión especial, Roberto López Suárez, expuso que el grupo de trabajo se quedó –tras el encuentro– con una serie de dudas, ya que nosotros hemos señalado reiteradamente que las transferencias electrónicas que se están planteando, desde nuestro punto de vista, siguen sin precisarse en su origen, y eso es preocupante por el método utilizado para fondear las campañas electorales.
El legislador añadió que Cristalinas le dijo que en el SAT y en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se encuentran expedientes más completos de los que tiene la misma unidad de fiscalización del IFE.
López Suárez agregó que Cristalinasnos dijo que sí existe un registro de las personas que utilizaron los monederos electrónicos, pero incluso me dijo que esos nombres pueden ser una fachada, y eso le toca a la Fepade investigarlo

Consideran en el instituto que López Obador rebasó topes de campaña




Consideran en el instituto que López Obador rebasó topes de campaña
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Macarita Elizondo y Marco Antonio Baños durante la sesión del Consejo General del IFE del miércoles pasadoFoto Carlos Cisneros
Alonso Urrutia
 
Periódico La Jornada
Viernes 25 de enero de 2013, p. 10
Con el desahogo de las principales quejas en contra del presunto financiamiento ilícito a la campaña presidencial del PRI, el Instituto Federal Electoral (IFE) entrará el próximo miércoles en la última fase de fiscalización de los informes de gastos electorales.
Los dictámenes deberán incluir los casi 215 millones de pesos que la unidad de fiscalización –al resolver los casos– consideró parte del gasto de las campañas federales de la coalición PRI-PVEM.
Sin embargo, rumbo a la fase final de la revisión de los informes de gastos de la campaña presidencial, en el IFE comienza a hablarse de que, paradójicamente, el ex candidato que más riesgo tiene de rebasar los topes (con 336 millones de pesos) es Andrés Manuel López Obrador, cuyo reporte contiene inconsistencias que podrían derivar en erogaciones excesivas y, por consiguiente, en una sanción.
De acuerdo con los plazos fijados por el Consejo General del IFE, el próximo miércoles se resolverá sobre los informes de los gastos de campaña de los cuatro candidatos presidenciales.
Lo anterior, a partir de que en su momento esa instancia determinó adelantar los tiempos de fiscalización de los gastos para la elección presidencial, decisión que se realizó en medio de la intensa polémica por el caso Monex y las acusaciones de PAN y PRD de una millonaria campaña del priísta.
A menos de una semana de que se resuelvan los informes, se considera que las inconsistencias en el reporte presupuestal del Movimiento Progresista derivan, en buena parte, de las dificultades que implica la administración del gasto en coaliciones.
También se señala que faltó coordinación para el control de los comprobantes de gastos entre el equipo cercano del ex candidato y las áreas financieras de los partidos de la coalición: PRD, Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano.
Como parte del proceso de revisión, se argumentó que la coalición hizo una errónea adjudicación de los egresos en las campañas (Presidencia, diputados y senadores) en el informe entregado en octubre pasado, que concentró gran parte del gasto en la presidencial, cuando debió haber sido prorrateado en muchos de los casos.
En el caso de los más de 200 millones de pesos que la unidad de fiscalización detectó como gasto de campaña durante el desahogo de las quejas contra la coalición Compromiso por México, se espera que se realice el prorrateo correpondiente.
El propósito es determinar cuál es el monto que finalmente se canalizará al gasto de la campaña de Peña Nieto, cuánto se asignará al gasto en las campañas de senadores y cuánto a la de diputados federales.
Se espera que antes de la sesión del próximo miércoles se discutan quejas que en su momento interpuso el PRI en contra del financiamiento de la campaña de López Obrador, en particular lo relacionado con presuntas aportaciones ilícitas y triangulación financiera irregular de dinero público proveniente del Gobierno del Distrito Federal en favor de la organización Honestidad Valiente