EN VERACRUZ JAVIER DUARTE NO QUIERE DEVATE

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Javier Duarte gasta más del 4000% de lo permitido legalmente..

Javier Duarte gasta más del 4000%
de lo permitido legalmente...

El Instituto Electoral Veracruzano aprobó el 29 de enero de 2010, los topes en los gastos de precampaña para la postulación de candidatos a diferentes cargos de elección popular.

El tope de gastos de precampaña para la selección del candidato a Gobernador fue de $7, 281, 233.45 (siete millones doscientos ochenta y un mil doscientos treinta y tres pesos 45/100 MN.).

El artículo 116 de la Constitución Federal establece que en todo proceso electoral se deberá fijar límites a las erogaciones en precampaña y, en su caso, se aplicarán sanciones por su incumplimiento.

La precampaña del único precandidato del PRI, Javier Duarte de Ochoa, es insultante en cuanto se advierte un gasto excesivo, sin acatamiento alguno a la Ley Electoral ni al respeto social que demanda de todos los partidos y candidatos, evitar el derroche y las campañas opulentas.

Algunos de estos gastos fueron:

Más de 5 millones de pesos en su cierre de precampaña.

2 millones de dólares para su asesor en guerra sucia J.J. Rendón.

1 millón de dólares para Gabinete de Comunicación Estratégica de Liébano Sáenz y Federico Berrueto.

67 Millones de pesos en camiones para acarreados a sus actos masivos.

48 Millones de pesos en la compra de gorras, playeras y pulseras para su precampaña.

47 Millones en renta de jets privados y helicópteros.

18 Millones en refrescos y tortas para acarreados.

15 Millones mensuales en la renta de 1500 carteleras.

5 Millones en espectáculos y conciertos (Gloria Trevi, Galilea Montijo, La Sonora Santanera y el equipo de sonido de Elton John.

El dispendio y derroche de dinero en la campaña del precandidato del PRI Javier Duarte es un insulto a todos los veracruzanos, debilita los procesos democráticos y facilita la entrada de dinero e intereses mal intencionados a las campañas políticas.

Observatorio Ciudadano denuncia públicamente que Javier Duarte ha violado la ley electoral por haber rebasado los topes de gastos de precampaña.

La información del dinero gastado en la precampaña de Javier Duarte se obtuvo de las siguientes fuentes:

• Datos proporcionados en los sitios del precandidato identificados como javierduarte.com y cuentasconduarte.blogspot.com; Medios impresos y electrónicos con cobertura regional y estatal en Veracruz.

• A partir de la información recopilada, se procedió a obtener los costos exactos de cada evento realizado por el precandidato Javier Duarte. Se contó además con los siguientes elementos legales:

Testimonios notariales de cada evento y autobús utilizado para transportar a las personas;

Video grabaciones completas del evento, incluyendo el discurso del precandidato del PRI Javier Duarte de Ochoa;

Entrevistas video grabadas a personal de las empresas contratadas para la colocación de templetes, sillería y audio, así como asistentes a los eventos en lo general;

Utilitarios físicos recolectados en cada evento como gorras, playeras, pulseras, plumas, bolsas de mano, globos, banderines y matracas, entre otros.

Propaganda física de lonas con diversas medidas;

• El costo total de cada evento comprende los siguientes conceptos: a) asistentes; b) consumibles (box lunch: agua y comida); c) movilización y autobuses; d) templete y sillería; e) sonido; f) utilitarios diversos (gorras, playeras, pulseras, etc.); g) escenario (lonas, propaganda diversa); y h) costos y traslados del precandidato y equipo de campaña.

• El Código Electoral establece que será sancionado con la negativa de su registro o cancelación del mismo, el precandidato que exceda o viole los topes de gastos de precampaña.

• La misma sanción de cancelar el registro como organización política es aplicada al Partido Político que exceda durante la precampaña los topes de gastos fijados por el Instituto Electoral Veracruzano.
  

CARTONES

Clínicas y hospitales, obligados a ofrecer la píldora de emergencia

Avaló la SCJN su uso en caso de violación; confirma la constitucionalidad de la NOM

Clínicas y hospitales, obligados a ofrecer la píldora de emergencia

Ministros declaran infundada la controversia presentada por el gobernador Emilio González

Los ministros José Ramón Cossío y Sergio Salvador Aguirre Anguiano durante la sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde se votó la constitucionalidad del uso de la píldora del día siguienteFoto María Meléndrez Parada

Jesús Aranda

Periódico La Jornada
Viernes 28 de mayo de 2010, p. 39

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) requirió de seis sesiones para confirmar la constitucionalidad de la norma oficial mexicana (NOM-046-SSA2-2005) que obliga a los servicios de salud de todo el país, públicos y privados, a proporcionar la pastilla del día siguiente a las mujeres que sean víctima de un ataque sexual.

Diez ministros avalaron la constitucionalidad de la norma y sólo Sergio Salvador Aguirre Anguiano votó totalmente en contra del dictamen, por considerar que dicha pastilla es abortiva.

Con la decisión, el pleno declaró infundada la controversia constitucional que presentó el gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, contra la disposición federal que protege a las mujeres víctimas de violación.

En la sesión en la que Aguirre intentó, sin éxito, alargar el debate rebatiendo cada argumento y comentario que hacían sus compañeros, quienes optaron por no seguirle el juego para no postergar más la decisión, la Corte dejó en claro que de acuerdo con la Constitución, este asunto está relacionado con la salubridad general, y no con el ámbito penal, por tanto se trata de una disposición federal que deben acatar los estados.

Las instituciones de atención médica del país deberán, aplicar u ofrecer de inmediato, y hasta en un máximo de 120 horas después de ocurrido el ataque sexual, la anticoncepción de emergencia; previa información completa a la víctima sobre la utilización del método, a fin de que la persona tome una decisión libre e informada.

A pesar de que durante las cinco sesiones previas, los ministros habían prácticamente agotado la discusión, ayer Aguirre insistió en que la NOM era inconstitucional, porque permite aplicar métodos abortivos en casos de violación, cuando esto contradice la Constitución de Jalisco, la cual en una reforma reciente (2009) reconoció y garantizó el derecho a la vida de todo ser humano, considerado como tal desde la fecundación hasta su muerte natural.

Aseguró que el ofrecimiento de la anticoncepción de emergencia en caso de violación implicará, en un número indeterminado de casos, la práctica del aborto químico por parte de las instalaciones de salud, y añadió que esto generará un estado de inseguridad jurídica en la entidad.

Cuidadoso para no abrir una rendija nueva al debate, Luis María Aguilar advirtió que de validar los argumentos de Aguirre sobre la ley de Jalisco y el derecho a la vida, resultaría en la práctica un vicio de indefinición nacional, por lo que en un estado de la República se considerara como inicio de la vida, en otro estado no lo fuera y que los habitantes de este país perdieran o ganaran esos derechos humanos según el territorio en que se encontraran, lo cual resulta insostenible y altamente peligroso.

El comentario generó un breve diálogo entre los dos ministros. Aguirre incluso lo invitó a debatir sobre los derechos de los estados de incluir en sus constituciones derechos humanos no contemplados en la Constitución general de la República. Aguilar respondió molesto: ¡tómelo como voto particular!

El ministro instructor, José Ramón Cossío, aprovechó el momento y resumió las observaciones que hicieron sus compañeros a su documento durante los días previos de debate y propuso que se votara el asunto.

Al momento de la decisión, sólo Aguirre votó por la inconstitucionalidad de la NOM. Al hacer la conclusión, el ministro presidente, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, señaló que habían terminado un asunto muy debatible y que probablemente nuestra decisión no convenza universalmente, pero es producto de la convicción personal de cada uno de los ministros, de nuestros conocimientos jurídicos personales y de nuestro leal saber y entender

Urge legalizar el aborto en todo el país: Castro

El Estado no debe poner barreras a las decisiones de las mujeres, sostiene ex ministro

Urge legalizar el aborto en todo el país: Castro

Roberto Garduño

Periódico La Jornada
Viernes 28 de mayo de 2010, p. 39

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, Juventino Castro y Castro, sostuvo la urgencia de otorgar legalidad a la práctica del aborto en todo el país, porque el número de muertes y complicaciones que afectan a las mujeres se incrementa cada día al practicar la interrupción del embarazo en forma clandestina.

Es indignante que las mujeres no se puedan practicar el aborto ni en caso de violación, expuso, y adelantó que en el Congreso federal es necesario que el aborto se circunscriba al marco de la legalidad.

Las mujeres, insistió el ex ministro de la Suprema Corte, tienen derecho a decidir qué hacer con su cuerpo y en consecuencia el Estado no puede poner barreras a las decisiones que tomen, especialmente cuando han sido víctimas de abuso y violencia física y deciden practicarse la interrupción del embarazo.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Rubén Moreira Valdés, denunció que en todo el país se sostiene una cultura que criminaliza las decisiones que adoptan las mujeres sobre su cuerpo.

El legislador coahuilense señaló que se requiere poner freno a las discusiones supersticiosas en contra de las mujeres. El debate debe ser científico para evitar fanatismos.

En su turno, la diputada del Partido del Trabajo, Teresa Guadalupe Reyes, advirtió que la tarea del Congreso será impulsar reformas en materia de derechos humanos y salud, para evitar que las mujeres sean perseguidas por el delito de homicidio al practicarse un aborto

Celebra HRW decisión de la Corte

Celebra HRW decisión de la Corte

Dpa y De la redacción

Periódico La Jornada
Viernes 28 de mayo de 2010, p. 39

Washington/Nueva York, 27 de mayo. Human Rights Watch (HRW) celebró hoy como un hito que protege los derechos de las mujeres el fallo de la Suprema Corte de Justicia que declaró constitucional la norma oficial que manda a los hospitales del país ofrecer la denominada píldora del día siguiente a todas las mujeres violadas.

El Estado no debería obligar a las víctimas de violaciones a sufrir un embarazo impuesto, dijo el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, quien agregó que el fallo de los jueces afirma los derechos de las mujeres a la salud y la vida.

Satisfacción del GDF

Mediante un comunicado, el Gobierno del Distrito Federal (GDF) expresó su satisfacción por la resolución, ya que habilita una herramienta fundamental en el tratamiento del problema de salud pública que significa la violencia sexual contra las mujeres en México.

El gobierno capitalino remarca que la violencia sexual contra las mujeres es un acto de barbarie que ofende a la sociedad. La prevención y atención a las víctimas son asuntos ineludibles del Estado

ONG: el derecho a la salud es una de las garantías más violadas en México

Alarma la creciente violencia institucionalizada, advierten

ONG: el derecho a la salud es una de las garantías más violadas en México

José Antonio Román

Periódico La Jornada
Viernes 28 de mayo de 2010, p. 41

El acceso a la salud es uno de los derechos humanos más violados en el país, pese a que el Estado mexicano ha suscrito y ratificado todos los tratados y convenciones internacionales en la materia, según denuncia hecha en el foro La salud en México.

Los participantes de diversas organizaciones de la sociedad señalaron que, en los hechos, hay una violencia institucionalizada, de corrupción e impunidad que ha llegado también a las estructuras de las instituciones de salud. Se propuso la creación de una defensoría de los derechos de los pacientes, de forma urgente e independiente.

En el acto, realizado en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, se detalló que el problema en el sector, con falta de medicamentos, negligencia médica, inoperancia de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed), insuficiencia de recursos presupuestarios, falta de plazas, corrupción y opacidad en el manejo del presupuesto, además de hostigamiento, represión y cese de los trabajadores que se atreven a denunciar las irregularidades.

La actriz y activista en favor de los derechos humanos Ofelia Medina y el coordinador del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, José Antonio Ibáñez, inauguraron el acto. La actriz subrayó que el derecho a la salud se viola desde el momento en que 30 millones de personas que enfrentan la pobreza extrema en el país no tienen garantizado el acceso a la alimentación.

En tanto, el catedrático dijo que aunque la Universidad Iberoamericana no trabaja directamente en los litigios en materia de derechos humanos, la institución sí asume el compromiso de incursionar en la preparación especializada de profesionales que llevan estos casos, e incluso brinda asesoría y acompañan estos procesos.

También en la sesión inaugural, Ana Paula Hernández Romano, consultora del Programa de Derechos Humanos, divulgó varias datos alarmantes sobre la situación de la salud, como el que anualmente 2 millones de personas pierden su patrimonio por cubrir los gastos médicos de alguna persona de la familia, además de que cuestionó severamente el funcionamiento y los servicios aparentemente gratuitos del programa del Seguro Popular, impulsado desde la presidencia de Vicente Fox y continuado por el actual gobierno federal.

Denunció la total ineficiencia de la Conamed, que prácticamente parece tener la encomienda de proteger al médico en cualquier litigio por negligencia. La comisión forma parte del sector salud, y no se van a meter autogoles; son lo mismo, dijo en su intervención, al tiempo que detalló la total ausencia en la supervisión y control del presupuesto destinado a este sector.

Mencionó que aun cuando México ha suscrito todos los acuerdos internacionales de derechos humanos, que incluyen el derecho al acceso a la salud, en el país se viola sistemática e institucionalmente este derecho.

Se abordó también la necesidad de contemplar la integralidad de los derechos humanos como es el derecho a la alimentación, vivienda, medio ambiente sano, al agua y demás, necesarios para el cumplimiento a la integridad de las personas, como lo exige la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Al acto, convocado por la Red Solidaria Década contra la Impunidad, y el programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, acudieron y participaron trabajadores del sector salud que fueron cesados por diferentes motivos

Guerrero, primer lugar en muertes maternas

Guerrero, primer lugar en muertes maternas

Sergio Ocampo, corresponsal

Periódico La Jornada
Viernes 28 de mayo de 2010, p. 33

Chilpancingo, Gro. Guerrero ocupa el primer lugar en muertes maternas, pues las estadísticas de 2009 a marzo de 2010 dan cuenta de 68 decesos, informó este jueves el Comité por una Maternidad Segura y la Salud de las Mujeres en Guerrero, que atribuyó esta situación a la injusticia social, la exclusión y la violencia. Ema Cerón, integrante de la organización no gubernamental, culpó a las autoridades del sector salud en Guerrero de relegar el bienestar de mujeres y niñas del estado.

Continúa la estrategia contrainsurgente en Chiapas, asegura el Centro Las Casas

Desde el levantamiento zapatista se busca debilitar las bases del movimiento, documenta

Continúa la estrategia contrainsurgente en Chiapas, asegura el Centro Las Casas

Elio Henríquez

Corresponsal

Periódico La Jornada
Viernes 28 de mayo de 2010, p. 20

San Cristóbal de Las Casas, Chis., 27 de mayo. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Cdhfbc) aseguró que está documentado y probado que la estrategia contrainsurgente en Chiapas sigue aplicándose, 16 años después del levantamiento zapatista.

Se utilizan ampliamente recursos políticos, sociales, judiciales, sicológicos y mediáticos para justificar su accionar y su implementación, señaló en su informe anual el organismo que fundó y preside el obispo emérito de San Cristóbal, Samuel Ruiz García.

Sostuvo que en Chiapas la Iniciativa Mérida ha contribuido a agudizar el conflicto armado no resuelto y si bien la “estrategia contrainsurgente derivada del ‘plan’ se tramó desde las cúpulas de la Secretaría de la Defensa Nacional, en coordinación con el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, en este último periodo se ha consolidado como política de Estado”.

Esta estrategia, continúa, se ha enfocado a debilitar las bases sociales sobre las que se sostiene la insurrección armada, además de a legitimar las arbitrariedades de los gobiernos federal y estatal ante la desconfianza general de la población.

Los rostros de la contrainsurgencia, dijo, los configuran una gama de actores cuya intervención en el escenario de guerra ha dejado al descubierto su verdadero rol, como instituciones gubernamentales de inteligencia civil y miliar, fuerzas armadas y policiacas mixtas, grupos paramilitares, operadores políticos de gobierno, dependencias oficiales y medios masivos de comunicación.

Represión

En el informe, presentado por Ruiz García, además de Diego Cadenas, director del organismo, y por Agnieszka Raczynska, secretaria ejecutiva de la Red Mexicana Todos los Derechos para Todos, manifestó que el incremento de la represión y criminalización evidencia la incapacidad de las autoridades para atender las expresiones de inconformidad de la sociedad civil.

El gobierno sustituye el diálogo y la concertación por acciones de hostigamiento, amenazas, tortura y privación ilegal de la libertad contra las y los defensores de derechos humanos, comunidades y pueblos, aseveró.

El Cdhfbc también expresó que la intrusión del gobierno mexicano en los espacios sociales para ejercer control y su interés por apropiarse del territorio de los pueblos, se deben a intereses fácticos dirigidos a beneficiar a las altas esferas del poder político y económico. Para ello el gobierno está implementando una política que desarrolló a través de una estrategia contrainsurgente y acciones represivas con vertientes políticas, culturales, sociales, judiciales y sicológicas.

La lógica del gobierno consiste en criminalizar a las personas, movimientos sociales o comunidades que se organizan y se oponen al sistema económico, indicó.

Abundó: En Chiapas la imposición de este sistema de exclusión se ha traducido en muertes violentas, desplazamientos forzosos, cateos ilegales e incursiones militares y policiacas a comunidades, vinculación de defensores y líderes sociales con supuestas organizaciones delincuenciales.

Según el Centro de las Casas, al defender su autonomía, territorio y recursos naturales, las comunidades y organizaciones representan un obstáculo a los intereses del gobierno mexicano que busca implementar proyectos que considera de gran visión, como el México 2030, que contempla la privatización de la energía, el agua, los minerales e incluso las zonas de reserva de la biosfera.

Ruiz García dijo que se tiene que acompañar a aquellos que sufren violaciones a sus garantías para que haya no solamente el reconocimiento de esos derechos sino el cambio de las situaciones dentro de las cuales se violan.

Añadió: no solamente es la constatación de cosas que pasaron y se han sufrido sino las expectativas de un cambio al denunciar esas violaciones. Esperamos de esta manera ir contribuyendo poco a poco a la construcción de una nueva sociedad donde haya justicia, verdad y fraternidad