CARTONES

iega Abelleyra participación en hechos ilícitos en compras al IMSS

Con la finalidad de desactivar el escándalo generado por la denuncia sobre los presuntos actos de corrupción en las compras de medicinas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ayer Carlos Abelleyra Cordero, ex presidente de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma), negó tener participación alguna en hechos ilícitos.

Reconoció que su voz se escucha en las conversaciones telefónicas dadas a conocer en noticiero televisivo y que con su interlocutor, Rafael Castro, director de Asuntos Corporativos del Laboratorio Novartis, habló sobre una licitación del Seguro Social, cuyas bases iban a ser publicadas ayer jueves; pero aclaró: se discutieron los términos en los que una determinada empresa iba a participar, incluyendo algunas ideas sobre el costo de la distribución.

Además de puntualizar que en dichas comunicaciones no participó ningún funcionario del Seguro Social, Abelleyra sólo agrega que la llamada –interceptada ilegalmente– fue sacada del contexto original y realizada a título personal; es decir, sin relación con sus actividades profesionales en el laboratorio Stendhal.

Esta firma informó ayer que por decisión de su consejo de administración, Abelleyra Cordero fue separado temporalmente de su cargo como presidente ejecutivo, el cual había asumido hace cuatro meses. Asimismo, Alejandro Kuri, encargado de Asuntos Públicos, dejó el cargo en la empresa a fin de que puedan colaborar con las autoridades y hacer uso de sus derecho en las instancias que consideren pertinentes.

Stendhal afirmó que las actividades de negocios, en las cuales están involucrados Abelleyra y Kuri no tienen ningún vínculo comercial con la empresa.

En el IMSS se mantuvo hermetismo. No se explicó ni siquiera la razón por la que a pesar de que desde el miércoles se sabía que ningún funcionario del instituto había participado en las conversaciones telefónicas difundidas, el director Daniel Karam esperó hasta ayer para aclararlo.

Trascendió que la salida a la denuncia de presuntos actos de corrupción en su interior se planteará como un asunto entre particulares en los que el instituto no tiene nada que ver.

Y es que la intención original de las grabaciones telefónicas era descubrir los supuestos malos manejos de uno de los ejecutivos participantes (Carlos Abelleyra o Rafael Castro) y sus presuntas actividades irregulares con el IMSS y con la Secretaría de Salud, en particular con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). Sin embargo, afloraron las llamadas presentadas en la televisión, donde se menciona a César (Mora Eguiarte, ex coordinador de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios del IMSS) que ayer jueves iba a publicar una licitación de la que en apariencia sólo tenía conocimiento Abelleyra, quien avisaba a Rafael Castro sobre esto y que el concurso sería estatal, específica para eso.

Luego se refirieron a porcentajes, que, se presume, eran la comisión que pagaría el laboratorio beneficiado con el contrato, pero que Abelleyra explicó que eran por concepto de distribución.

En el comunicado que el empresario difundió ayer subrayó que en los 27 años que tiene de experiencia en la industria farmacéutica ha ocupado cargos de alta dirección y gremiales en empresas nacionales y extranjeras, además de la presidencia de Canifarma.

En ese tiempo, indicó, he hecho de la integridad y apego a la ley mi forma habitual de conducta; de ello pueden dar fe mi historial y mis logros. Dijo estar dispuesto a colaborar con las autoridades para investigar y esclarecer el origen ilegal de las grabaciones, por una invasión ilegal a mi privacidad, así como el contenido de la plática entre dos particulares

Asignó Mora desde 2008 contratos a una misma empresa: proveedores

Las compras de víveres para guarderías y hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la zona metropolitana de la ciudad de México tienen un retraso de por lo menos dos meses, por la decisión del ex coordinador de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, César Mora Eguiarte, de cambiar las bases de licitación con la finalidad de asignar los contratos a una empresa, la misma que hasta 2008 obtuvo éstos sin problema, gracias a los requisitos a modo, aseguraron proveedores.

Señalaron que en 2009 se interpusieron denuncias en la Secretaría de la Función Pública (SFP), en contra de Mora Eguiarte –entonces subdirector de Servicios Administrativos de la delegación Norte del Distrito Federal–, pues manejaba las compras como mejor le parecía y convenía. El funcionario fue separado de su cargo en el nivel central del IMSS luego de la denuncia sobre su presunta participación en actos de corrupción en la compra de medicinas para el organismo.

Por instrucciones de la SFP algunos procedimientos fueron repuestos, aunque al final Mora terminó beneficiando a la misma empresa, previa descalificación de otros candidatos.

Las irregularidades fueron conocidas en las oficinas centrales del IMSS, por lo que el entonces coordinador técnico de bienes y servicios no terapéuticos, Sergio Durán Wong, envió un comunicado a delegados, jefes de servicios administrativos y directores de las Unidades Médicas de Alta Especialidad en el cual indicó que las convocatorias para la adquisición de víveres deberían permitir mayor participación de micro y medianas empresas.

En el mismo documento, cuya copia tiene La Jornada, el ex funcionario incluyó un proyecto de convocatoria, elaborado por especialistas en el área de nutrición del Seguro Social y asesores externos. La finalidad era que en los procesos de compra se corrigieran las anomalías detectadas.

Mora Eguiarte hizo caso omiso de las recomendaciones y concluyó las licitaciones con la asignación de los contratos a una empresa grande, la única que acreditó ser propietaria de la cantidad de vehículos que se pidió en la convocatoria para transportar los alimentos a hospitales y guarderías.

Durán Wong dejó el cargo una vez que Mora, su nuevo jefe, llegó a la coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, en marzo de 2010, y éste buscó legalizar las licitaciones para la compra de víveres en todas las delegaciones del IMSS. Del área a su cargo se giró un oficio a los delegados en el país en cual les indican que deberían utilizar los nuevos formatos para las convocatorias de adquisición de víveres.

Según algunos proveedores, Mora Eguiarte seguía controlando las adquisiciones en la capital del país, e incluso, a su libre arbitrio en la delegación Norte

Denuncian a ex delegado por asegurar "lealtad" de funcionarios con pagarés

Ex colaboradores afirman que Faustino Soto los hizo firmar documentos en 2009

En una grabación se le escucha decir que son controles internos

Faustino Soto, en imagen de archivoFoto Luis Humberto González

Aspecto de la delegación Xochimilco, la zona de trajinerasFoto Jesús Villaseca

Josefina Quintero M.

Periódico La Jornada
Viernes 12 de noviembre de 2010, p. 39

Para asegurar sus cargos en la estructura delegacional de Xochimilco, 30 por ciento de funcionarios de la actual administración firmaron un pagaré por 18 meses de salario que los obliga a tener lealtad al ex jefe delegacional Faustino Soto Ramos, actual diputado local en Chilpancingo, Guerrero, a quien le deben el puesto, denunciaron ex colaboradores del servidor público.

El ex delegado rechazó la acusación y afirmó que se trata de un intento de chantaje. Aunque aceptó conocer a la denunciante, dijo que todo se trata de una difamación.

En una conversación grabada entre Soto y los hermanos Nancy y Juan Carlos Pineda, de la cual La Jornada tiene copia, se escucha la voz de Soto Ramos asegurar: “tan sencillo como que si Manuel –González González, actual jefe delegacional– dice ‘yo sostengo a fulanito aunque Faustino diga que se va’, tengo el pagaré y que él lo pague y se lleve al funcionario que quiera. No me va a pasar lo de hace tres años, donde entramos con 50 y tantos funcionarios y acabamos con 20 por ciento”.

El legislador guerrerense explica en la grabación que hacer que la gente firme el pagaré son controles internos convenidos con su equipo político para mantener las riendas en Xochimilco, pese a que reside y trabaja en otra entidad.

La plática, grabada por Nancy Pineda, ex colaboradora del legislador, se llevó a cabo en la ciudad de México en febrero pasado a solicitud de la mujer, quien buscaba arreglar el caso de su hermano, Juan Carlos Pineda, quien estaba inconforme con haber firmado el pagaré.

En la plática se escucha a Nancy Pineda reclamar a Soto Ramos por no tomarle las llamadas, a lo que él responde: no acostumbro contestar mensajes comprometedores.

Pese a que la firma de los pagarés se dio hace un año –el actual periodo de gobierno en Xochimilco empezó en octubre de 2009–, Nancy y Juan Carlos Pineda decidieron hacer la denuncia pública del caso hace tan sólo algunos días.

Señalaron que la demora se debió a que tuvieron que pasar por un largo proceso interno en el Partido de la Revolución Democrática, instancia que hizo caso omiso de la queja, a pesar de que Juan Carlos firmó uno de los pagarés.

En entrevista telefónica, Faustino Soto rechazó los señalamientos en su contra y aseguró que las denuncias de los hermanos Pineda son mentiras para difamarlo ya que no pudo darles más espacios en la estructura del gobierno de Xochimilco, e incluso aseguró que intentaron extorsionarlo, ya que Nancy le pidió dinero para no dañar su imagen, a lo cual también se negó.

Admitió conocer a Nancy Pineda, pues se coló a mi equipo durante mi campaña, y reconoció que sostuvo algunos encuentros con ella, pero que jamás trató el tema de los pagarés, dijo.

Sobre la grabación que le fue entregada a La Jornada expresó: niego cualquier versión y grabación. Las que se presenten que sean sometidas a prueba de peritajes.

El legislador guerrerense afirmó que no se puede comprobar lo que no existe y Nancy Pineda actúa bajo la premisa de que palo dado ni Dios lo quita. Por ello mis abogados ya preparan una demanda en su contra.

Sobre el porcentaje de funcionarios afines al legislador y que en la grabación él reconoce tener, indicó que no es porque sea una cuota. Hay gente que me es cercana en Xochimilco.

Las acusaciones, dijo, se dan después de “mi nombramiento como presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso del estado, desde entonces empiezan a saltar esas cositas de la gente que tiene mala vibra

Después del jueves" actuaría la PGJDF contra Onésimo Cepeda

La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) ejercitará acción penal contra el obispo de Ecatepec, Onésimo Cepeda, o el ex administrador de la empresa Arthinia Internacional, Jaime Matute Labrador, si a más tardar el próximo jueves no interponen un recurso de revisión contra el amparo en el que un juez federal ordena a la dependencia solicitar orden de aprehensión contra ellos por fraude procesal.

El procurador del DF, Miguel Ángel Mancera, explicó que se espera que se cumpla el plazo de 10 días hábiles para que los afectados se inconformen con la resolución de la justicia federal de dejar sin efectos el no ejercicio de la acción penal en este caso.

De no hacerlo, agregó, la PGJDF cumplirá con la resolución, y solicitará la orden de aprehensión contra los implicados al juzgado 30 penal del fuero común, el mismo que en 2008 se la negó en dos ocasiones.

Arthinia Internacional acusa al obispo de apropiarse, con la complicidad de Matute Labrador, de una colección de pinturas.