CARTONES

Regidor del PVEM en Guadalajara arremete contra la comunidad gay

Exige no desnudarse en marchas; no es una ciudad sidosa, dice

Regidor del PVEM en Guadalajara arremete contra la comunidad gay

Mauricio Ferrer

Corresponsal

Periódico La Jornada
Jueves 24 de junio de 2010, p. 34

Guadalajara, Jal., 23 de junio. El regidor del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el ayuntamiento de Guadalajara, Gamaliel Ramírez Andrade, arremetió contra la comunidad gay de Jalisco y exigió a sus miembros no realizar marchas casi semidesnudos (sic) porque no es la Guadalajara sidosa que queremos; deben manifestarse comúnmente como debe ser, respetándonos a nosotros en nuestros derechos y no que anden desfasados.

De igual manera, solicitó a la sociedad que no nos doblegáramos ante una serie de acciones, y que los derechos humanos que muchos solicitan, también a los que no somos de la diversidad sexual nos respeten (sic).

Ramírez Andrade hizo estas declaraciones durante la presentación del plan de trabajo de la nueva presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Equidad y Género del ayuntamiento de Guadalajara, la priísta Gloria Rojas Maldonado, quien lamentó las palabras del regidor y dijo no compartir su punto de vista.

El sábado pasado se realizó la 14 Marcha de la Diversidad Sexual en Guadalajara, con el lema igualdad de derechos. Acudieron cerca de 30 mil personas, según los organizadores.

No es la primera vez que Gamaliel Ramírez hace declaraciones homofóbicas. En mayo de 2009, en un debate en la estación local W Radio con el entonces candidato a la alcaldía de Guadalajara por el Partido Socialdemócrata (que perdió su registro), Miguel Galán –quien se ha declarado homosexual–, el hoy regidor del PVEM tachó a los miembros de la comunidad gay de anormales, bola de maricones y cosas nocivas, entre otros denuestos

Atrae la SCJN 2 amparos por ley antiaborto en Colima

Atrae la SCJN 2 amparos por ley antiaborto en Colima

Jesús Aranda

Periódico La Jornada
Jueves 24 de junio de 2010, p. 42

La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ejerció su facultad de atracción para conocer dos amparos en contra de la reforma al artículo primero, párrafo tercero, fracción primera de la constitución de Colima, el cual determina que la vida es un derecho inherente a todo ser humano y que el Estado protegerá y garantizará este derecho desde el momento de la concepción.

Éstos son los dos primeros amparos que atrae el máximo tribunal en contra de reformas constitucionales de los estados de proteger el derecho a la vida desde que es concebida.

La solicitud para la atracción fue presentada por el ministro Fernando Franco, quien consideró que el asunto es de trascendencia para el orden jurídico nacional. Las reformas aprobadas en el estado de Colima podrían afectar el ejercicio de otras garantías constitucionales como son las de igualdad, no discriminación, protección a la salud, de audiencia, de legalidad, de religión, de libertad reproductiva y sexual, y el propio derecho a la vida, argumentaron los ministros.

De acuerdo con los dictámenes aprobados por la sala, al resolver estos amparos la Corte determinará si el derecho fundamental de protección a la vida humana a partir de la concepción, considerada en la constitución local, produce por su sola vigencia una afectación en las mujeres en edad reproductiva que residan en la entidad.

Los ministros determinarían también si la reforma constitucional impugnada puede ser rechazada por las mujeres de Colima, mediante el juicio de amparo, con la sola promulgación de las reformas referidas, o si se requiere un acto concreto de aplicación de la ley para que se pueda solicitar el amparo.

Los amparos atraídos fueron desechados en primera instancia por un juez de distrito. En su momento, la primera sala desechó una petición de amparo similar presentada por mujeres de Jalisco en contra de la reforma constitucional que consagró la protección a la vida desde la concepción.

En aquel entonces, la ministra Olga Sánchez Cordero presentó la petición para que la Corte ejerciera su facultad y conociera el amparo; sin embargo, los cuatro ministros de la sala desecharon su petición por ser notoriamente improcedente.

El ministro Franco es el encargado de dictaminar cinco demandas admitidas por la Corte (entre acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales) contra legislaciones antiaborto aprobadas por los congresos de Baja California, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro y Oaxaca

Avalará ministro matrimonios gays y que puedan adoptar, según dictamen

La resolución llegará hoy al pleno de la Corte; se prevé que sea votada la próxima semana

Avalará ministro matrimonios gays y que puedan adoptar, según dictamen

No existe ningún elemento legal para invalidar esa unión conyugal, considera el documento

Jesús Aranda

Periódico La Jornada
Jueves 24 de junio de 2010, p. 39

El matrimonio entre personas del mismo sexo y la posibilidad de que estas parejas puedan adoptar en el Distrito Federal es constitucional, según el dictamen elaborado por el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Sergio Valls Hernández para resolver la acción de inconstitucionalidad interpuesta por la Procuraduría General de la República (PGR) contra la reciente reforma al Código Civil capitalino.

Fuentes judiciales confirmaron lo anterior, y agregaron que el dictamen será distribuido hoy entre los integrantes del pleno y subido a la página de Internet de la Suprema Corte.

De acuerdo con la información obtenida, el dictamen no entra al fondo de la controversia planteada por la PGR, por considerar que no existe ningún elemento legal para invalidar la unión conyugal entre dos personas del mismo sexo.

El artículo 146 del Código Civil, reformado el año pasado en el Distrito Federal, al no especificar cuál debe ser el género de los contrayentes, deja prácticamente sin materia cualquier argumento en contra de su constitucionalidad.

En cuanto al tema de la adopción, se dijo, el dictamen de Valls desecha el tema presentado por la PGR en razón de que la última modificación al artículo 391 del Código Civil data de hace más de cinco años, por lo que la demanda del procurador es extemporánea.

Esto en razón, añadieron los funcionarios, de que el artículo 105 constitucional fija un plazo máximo de 30 días después de que se promulga una ley para impugnarla ante la Corte. Y, evidentemente, en el caso del citado artículo, el plazo ya fue superado.

Según trascendió en la Corte, el dictamen de Valls no entra al fondo del asunto, al sobreseer y desechar la acción de inconstitucionalidad que presentó la PGR.

Se espera que el asunto sea discutido la semana que entra con dos escenarios: que el pleno deseche el proyecto de Valls y considere que se debe entrar al fondo del asunto, o que lo avale y los artículos del Código Civil capitalino impugnados sigan vigentes.

En caso, comentaron fuentes consultadas, de que el pleno determine que se debe analizar el fondo de la acción de inconstitucionalidad, es muy poco probable que se junten los ocho votos necesarios para invalidar las normas referidas.

En febrero pasado, Valls admitió la demanda presentada por la PGR contra diversas reformas al Código Civil del Distrito Federal que validaron los matrimonios gays y con ello la posibilidad de que estas parejas pudieran adoptar niños.

Desde entonces el mismo ministro desechó por improcedentes controversias constitucionales que sobre el mismo tema presentaron ante la Corte los gobiernos panistas de Jalisco, Morelos y Guanajuato.

En un tiempo récord, sólo cinco meses, Valls elaboró su resolutivo, para lo cual solicitó al apoyo de la UNAM con el fin de que emitiera dictámenes periciales relacionados con el tema.

Trascendió que el pleno podría dejar de sesionar el lunes y martes próximos, a fin de que los ministros analicen el asunto para que el jueves de la próxima semana comience la discusión en sesión públic

Niños desaparecidos de Casitas del Sur estarían en otros albergues o familias

El procurador Mancera hace un llamado a entregar los menores

Niños desaparecidos de Casitas del Sur estarían en otros albergues o familias

Alejandro Cruz

Periódico La Jornada
Jueves 24 de junio de 2010, p. 36

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) se congratuló por la detención de Antonio Domingo Paniagua Escandón, presidente de la asociación civil Reintegración Social, Casitas del Sur, relacionado con la desaparición de 11 niños de ese albergue; aunque, dijo el presidente del organismo, Luis González Placencia, lo mejor sería que aparecieran los menores.

El titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), Miguel Ángel Mancera, señaló que una de las líneas de investigación apunta a que los niños podrían haber sido insertados en algunas familias, por lo que hizo un llamado a esas personas a entregar los infantes.

El ombudsman capitalino señaló que es necesario impulsar una política pública que garantice que estos hechos no se repitan, por lo que que se manifestó por la desaparición del albergue temporal de la PGJDF, para que sean el DIF local y el Instituto de Asistencia e Integración Social las instancias que se hagan cargo de los niños relacionados directa o indirectamente con averiguaciones penales.

Entrevistado luego de presentar el servicio de interpretación simultánea a distancia para personas con discapacidad auditiva, González Placencia dijo que es necesario tener un mecanismo para que los los niños que se encuentran en esas situaciones sean entregados de manera expedita a los familiares, así como para darlos en adopción cuando no haya quien se pueda hacer cargo de ellos, con los controles necesarios para verificar que los menores están bien.

Por separado, Miguel Ángel Mancera informó que solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) que el Ministerio Público local pueda tomar declaración a Paniagua Escandón, con el propósito de obtener datos que permitan cumplimentar lar cinco órdenes de aprehensión contra cinco colaboradores de Casitas del Sur, entre ellos la representante legal, Vanessa Barroso, y cuatro colaboradores más de esa casa hogar.

Luego de firmar un convenio con la Secretaría de Turismo local para el combate de la trata de personas, en entrevista sobre el paradero de los infantes el funcionario del gobierno capitalino explicó que se presume que en algunos casos fueron colocados en otras casas hogar o incrustados en algunas familias, tanto en territorio nacional como en el extranjero

Ordenan arraigar a cura señalado por asesinato de edil y regidor oaxaqueños

ONG y el acusado niegan que estuviera en el lugar del atentado

Ordenan arraigar a cura señalado por asesinato de edil y regidor oaxaqueños

Octavio Vélez Ascencio

Corresponsal

Periódico La Jornada
Jueves 24 de junio de 2010, p. 33

Oaxaca, Oax., 23 de junio. La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) ordenó arraigar al sacerdote Martín Octavio García Ortiz, a quien se acusa de instigar los asesinatos del presidente municipal priísta de San José del Progreso, Óscar Venancio Martínez, y del regidor de salud, Félix Misael Hernández, perpetrados el sábado anterior, supuestamente por miembros de la Coordinadora de Pueblos Unidos por el Valle de Ocotlán en Defensa de la Naturaleza y la Autonomía Popular, que se opone a la explotación de la mina La Trinidad, propiedad de la compañía mexicana-canadiense Cuzcatlán.

El subprocurador Netolín Chávez Gallegos informó que el clérigo fue arraigado por 30 días, a partir de acusaciones presentadas por priístas afiliados a la organización San José, Defendiendo Nuestros Derechos.

Explicó que la PGJE investigará las imputaciones y recabará pruebas para determinar si el sacerdote es consignado a un juez.

Destacó que el clérigo manifiesta que no estaba en el lugar de los hechos.

La Comisión Diocesana de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Antequera-Oaxaca, el Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco Briseño y la Iniciativa Ciudadana Oaxaca condenaron la agresión de priístas a Martín Octavio García, negaron que el religioso esté implicado en los homicidios y responsabilizaron del incidente al gobernador Ulises Ruiz Ortiz y a la minera.

Los organismos expusieron en un comunicado que los priístas iniciaron en noviembre de 2009 una campaña contra el sacerdote e incluso dijeron a la Procuraduría General de la República que era miembro del Ejército Popular Revolucionario (EPR).

Explicaron que el día de los homicidios el clérigo y el coro de su parroquia se dirigían al templo de San José del Progreso a celebrar una misa a las 19 horas, pero un grupo de personas armadas les bloqueó el paso y los obligó a bajar del vehículo en que viajaban.

Sostuvieron que los desconocidos le dieron una golpiza al cura y lo llevaron al domicilio de Servando Arango, donde lo retuvieron hasta la madrugada del domingo, para luego entregarlo a la PGJE, en cuyas instalaciones permaneció supuestamente por su seguridad, pero se quedó en calidad de presentado y lo acusaron de ser el autor intelectual de los asesinatos

Duarte y Yunes intercambian descalificaciones en Veracruz

Duarte y Yunes intercambian descalificaciones en Veracruz

Javier Duarte de Ochoa (PRI-PVEM-PRV), Dante Delgado Rannauro (PRD-PT-Convergencia) y Miguel Ángel Yunes Linares (PAN-Panal), candidatos a la gubernatura de Veracruz, durante el debate efectuado la noche del martesFoto Sergio Hernández Vega

Andrés Timoteo Morales, corresponsal

Periódico La Jornada
Jueves 24 de junio de 2010, p. 32

Jalapa, Ver., 22 de junio. Los candidatos a la gubernatura Javier Duarte de Ochoa, de la coalición formada por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) y Revolucionario Veracruzano (PRV), y Miguel Ángel Yunes Linares, de la alianza que integran los partidos Acción Nacional (PAN) y Nueva Alianza (Panal), intercambiaron descalificaciones en un debate efectuado la noche del martes, el cual se retrasó ante la amenaza de los abanderados de retirarse si no se permitía la entrada a la prensa, como amagaron los organizadores.

Yunes Linares acusó a Javier Duarte de usar recursos estatales en su campaña; además, criticó su desempeño como secretario de Finanzas estatal y su relación directa con el actual gobernador, Fidel Herrera Beltrán.

Miguel Ángel Yunes retó al priísta a someterse a una prueba de polígrafo para responder si desvió recursos públicos a su campaña y si incurrió en actos de corrupción cuando fue titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación estatal. Yunes contrató a un perito del Instituto Latinoamericano de Poligrafía de México, quien esperaba fuera del recinto donde se desarrolló la reunión, convocada por el Instituto Electoral Veracruzano (IEV).

Duarte de Ochoa replicó que aceptaría el reto si alguna autoridad realizaba la prueba y ésta no se hacía con métodos amañados, porque a Yunes nadie le confía ni una bolsa con aire.

El candidato panista aceptó acudir a otros peritos, menos con la mafia de las autoridades de Veracruz.

Javier Duarte pidió a Yunes Linares que explicara su imposición como abanderado del PAN. Recordó que el ex diputado federal Gerardo Buganza renunció al blanquiazul tras la designación del ex director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Dante Delgado Rannauro, candidato de la alianza Para Cambiar Veracruz, en la cual participan los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Convergencia, se unió a Miguel Ángel Yunes para fustigar a Duarte de Ochoa por la bursatilización del impuesto sobre la tenencia y uso de vehículis, que generó una deuda de 40 mil millones de pesos a pagar en los próximos 30 años, y el uso de fondos públicos para las campañas electorales, imputación sustentada en grabaciones de conversaciones telefónicas de Fidel Herrera.

El debate comenzó con media hora de retraso porque el IEV ordenó a última hora impedir la entrada a periodistas, lo que desató un jaloneo a la puerta principal del hotel, la cual fue resguardada por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública que se liaron a golpes con algunos comunicadores. Luego que Yunes y Delgado amagaron con irse, se permitió el acceso.