miércoles, 8 de septiembre de 2010
En seis meses 398 matrimonios gays realizados en el DF
Redacción NotieSe
A seis meses de que entraran en vigor las reformas al artículo 146 del Código Civil del Distrito Federal que permiten las uniones entre personas del mismo sexo, el Registro Civil capitalino ha celebrado 398 ceremonias y recibido 415 solicitudes, señaló el Gobierno del Distrito Federal en comunicado de prensa.
El texto indica que 53 por ciento de las parejas está conformada por hombres y 47 por ciento por mujeres. El mes que más uniones ha registrado es marzo con 94, seguido por abril y junio con 64, y mayo con 60.
El comunicado explica que 41 extranjeros se han matrimoniado con ciudadanos mexicanos bajo esta modalidad. El mayor número de casos se ha dado con ciudadanos de la Unión Europea como Rumania, Irlanda, Austria, Alemania, España, Italia, Francia e Inglaterra. De América, los países de los que se han registrado matrimonios son Venezuela, Perú, Brasil, Chile, Colombia, Estados Unidos, Canadá, Panamá y Guatemala.
En este periodo se han celebrado cuatro matrimonios entre adultos mayores cuya edad fluctúa entre los 71 y 90 años. El mayor número de parejas tiene entre 31 a 40 años, con 271 contrayentes, seguido por los de 21 a 30 años con 243 personas consortes, y el tercer sitio lo ocuparon quienes acreditaron tener entre los 41 y 50 años con 173 casos.
Respecto al domicilio por delegación, destaca Cuauhtémoc con 150, le sigue Gustavo A. Madero con 135 personas y en tercer lugar se encuentra Coyoacán con 109 registros. Hasta el mes de junio Milpa Alta, Tláhuac y Cuajimalpa sólo han registrado dos casos.
De los 398 matrimonios celebrados, 259 lo hicieron bajo el régimen de sociedad conyugal y 139 bajo el régimen de separación de bienes, lo que significa que por cada tres uniones, dos deciden incluir y compartir sus bienes en el proyecto de vida común.
Esperan liberación de mujeres presas por abortar en Guanajuato
eonardo Bastida Aguilar 
México DF, septiembre 07 de 2010.
Desde anoche, decenas de activistas que defienden y promueven los derechos de las mujeres, esperan en las inmediaciones de los penales de Puentecillas y Valle de Santiago, Guanajuato, la liberación de siete mujeres condenadas por haber cometido homicidio en razón de parentesco, informó a esta agencia, Verónica Cruz Sánchez, de la asociación civil Las Libres.
La activista explicó que a pesar de esta liberación, los antecedentes penales de las siete mujeres culpadas de “homicidio en razón de parentesco” por haberse practicado un aborto, no serán modificados por lo que continuarán “fichadas”.
Indicó que en caso de que las involucradas lo decidan comenzará un proceso de apelación a las autoridades guanajuatenses para que sus expedientes sean “limpiados” y queden sin antecedentes penales.
El miércoles pasado, el Congreso estatal aprobó una atenuante al delito de homicidio en razón de parentesco con la que redujo de 35 a ocho años de prisión las penas máximas “a mujeres acusadas de quitar la vida a un hijo recién nacido”.
La modificación al artículo 156 del Código Penal de Guanajuato establece: “A la madre que prive de la vida a su hijo dentro de las 24 horas posteriores al nacimiento, y además dicha privación sea consecuencia de motivaciones de carácter psicosocial, se le impondrá de 3 a 8 años de prisión”.
Estos cambios permiten que estas mujeres fueran liberadas debido a que ya han pasado varios años en cárcel.
Por su parte, Ricardo Bucio Mújica, tras participar en el Encuentro Iberoamericano “Discriminación, Desigualdad Social y Exclusión”, señaló a los medios de comunicación que en principio se debe valorar como positiva la liberación de las mujeres.
Advirtió que en México los derechos civiles no son reconocidos en muchas ocasiones por lo que deben ser discutidos públicamente como el caso de la posibilidad de las mujeres a tomar decisiones sobre su cuerpo.
Al cierre de esta edición las autoridades de ambos penales continuaban con el “papeleo” necesario para que estas siete mujeres sean liberadas.
Leonardo Bastida Aguilar México DF, septiembre 07 de 2010. “Las acciones de las instituciones gubernamentales no son suficientes para combatir la disc
Leonardo Bastida Aguilar
“Las acciones de las instituciones gubernamentales no son suficientes para combatir la discriminación”, señaló Ricardo Bucio Mújica, presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) durante la inauguración del Encuentro Iberoamericano “Discriminación, Desigualdad Social y Exclusión”.
El titular del Conapred señaló que la igualdad establecida en las leyes no se ha traducido en igualdad de oportunidades debido a que grupos sociales como las personas con capacidades diferentes, adultos mayores, indígenas y miembros de la comunidad de la diversidad sexual, carecen de acceso a empleos formales, educación y muchos otros servicios debido a su condición.
Argumentó que los informes siempre señalan a estos grupos como los más discriminados y excluidos de la sociedad carentes de acceso a las oportunidades y a la democracia.
“Diferencias no es lo mismo que desigualdades”, indicó Bucio Mújica al explicar que en los estudios sobre desigualdad social y exclusión se debe tomar en cuenta a la discriminación.
En entrevista mencionó que debido a la antigüedad de los datos sobre discriminación en México, elaborados en 2005, se desarrollará una segunda encuesta al respecto, la cual tendrá un alcance nacional, y servirá para hacer un comparativo con los datos obtenidos hace cinco años.
Por su parte, Juan González Mijares, director adjunto de Política Internacional sobre Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, advirtió que se han escrito un gran número de tratados internacionales firmados por el gobierno mexicano para prevenir la discriminación, pero que no se han traducido en mecanismos efectivos para combatirla.
Ellis S. Juan, representante en México del Banco Interamericano de Desarrollo, señaló que la raza, la etnia y el género son los principales motivos de discriminación en América Latina, región del mundo que posee los más altos índices de discriminación.
Añadió que esta discriminación se observa en la poca movilidad social que tienen estos grupos como consecuencia de su falta de acceso a empleos bien remunerados, y en mucho de los casos, formales.
A su vez, Roberto Max Henderson, jefe de la Unidad de Planeación y Relaciones Internacionales de la Secretaría de Desarrollo Social, comentó que según la Encuesta Nacional sobre Discriminación, elaborada hace un lustro, nueve de cada 10 personas discriminadas en México pertenecen a la comunidad de la diversidad sexual, son personas con discapacidad o indígenas, lo cual impide que estos grupos accedan a oportunidades que otros sectores de la sociedad sí tienen.
Este encuentro continuará mañana con el análisis de las políticas públicas y las acciones gubernamentales en la prevención de la discriminación y la defensa del derecho a la no discriminación.
Evalúan diputados y electricistas crear empresa que dé servicio en la zona centro
Los legisladores ofrecieron puertas abiertas
a los trabajadores, dice Martín Esparza
Evalúan diputados y electricistas crear empresa que dé servicio en la zona centro
Integrantes del SME realizan mítines por el Día Internacional contra el Neoliberalismo
Integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas se movilizaron ayer frente a la Cámara de Diputados, mientras su líder, Martín Esparza, y otros miembros de la organización dialogaban con legisladoresFoto Carlos Ramos Mamahua
Patricia Muñoz Ríos
Periódico La Jornada
Miércoles 8 de septiembre de 2010, p. 41
Miércoles 8 de septiembre de 2010, p. 41
La asignación de una partida especial para crear una empresa pública que se encargue de suministrar energía eléctrica en el centro del país fue la propuesta que se discutió en la reunión que sostuvieron ayer el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Carlos Ramírez Marín, legisladores de diversos partidos políticos y dirigentes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), encabezados por Martín Esparza.
Antes de la reunión, electricistas rodearon San Lázaro con casas de campaña, lonas y mantas, porque tenían la intención de establecer campamentos, pero su plan cambió luego de la sesión en que el presidente de la mesa directiva de la Cámara manifestó su disposición a encontrar un acuerdo político para poner fin al conflicto
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Paralelamente a la movilización que llevaron a cabo los trabajadores no liquidados del SME en la Cámara, integrantes del gremio realizaron ayer mítines frente a la Secretaría de Energía y el Hemiciclo a Juárez, junto con la Federación Sindical Mundial, por el Día Internacional contra el Neoliberalismo, y posteriormente efectuaron un foro en la sede sindical con el mismo tema.
En San Lázaro, el comité central del SME fue recibido por Ramírez Marín. Fue un encuentro que duró un par de horas y en el que estuvieron el vicepresidente de la Cámara, Amador Monroy, y varios legisladores, entre ellos Alejandro Encinas, del PRD; Miguel Ángel Pompa, del PRI; Laura Itzel Castillo, también perredista, y Mario di Costanzo y Teresa Reyes, del PT. En la reunión hubo coincidencia en abonar en el Legislativo en la búsqueda de una solución al conflicto.
Martín Esparza informó a la prensa que entre los asuntos abordados destaca qué entidad gubernamental se encargará del servicio de energía eléctrica en la zona centro del país, por lo que se planteó la posibilidad de que se asigne una partida especial para conformar una compañía. En segundo lugar se trató el hecho de que está pendiente que dos comisiones entreguen su informe: la plural, que se estableció para analizar el conflicto, y la encargada de ver la constitucionalidad de la extinción de Luz y Fuerza del Centro.
El líder del SME sostuvo que el conflicto sigue y hay un problema delicado en cuanto al suministro de energía y criminalización de los trabajadores cuando falla el servicio, pues se echa la culpa de ello a los miembros del SME, así como el hecho de que la población está pagando las consecuencias de la decisión gubernamental con tarifas altas, servicio pésimo y la imposición de medidores de prepago. Por ello y ante la falta de acuerdos con la Secretaría de Gobernación, se pidió la intervención del Congreso de la Unión.
Afuera del recinto los trabajadores se mantuvieron en plantón con pancartas, en las cuales exigían el cumplimiento de los acuerdos ofrecidos para levantar la huelga de hambre, como la toma de nota al comité central, pago de prestaciones devengadas y empleo para los empleados no liquidados. Trabajadoras y esposas de integrantes del SME se colocaron mandiles con la leyenda mi familia está en lucha
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En tanto, en el palacio legislativo Martín Esparza dijo que en la reunión se ofreció a los trabajadores puertas abiertas
para que se busquen con el gremio caminos de solución. Uno son las juntas de coordinación política para revisar la parte jurídica de quién será el encargado de dar el servicio de energía eléctrica en la zona donde operaba LFC y la posibilidad de asignar presupuesto para crear una empresa, tema que necesariamente tendrá que abordar el Legislativo. Otro son las mismas comisiones, porque en la de energía se tiene que abrir el debate sobre el servicio, aseveró.
Más tarde, ante los trabajadores, el secretario de interior del SME, Humberto Montes de Oca, sostuvo que hay reconocimiento en la Cámara de que se tienen que emprender acciones legislativas para resolver el conflicto. Incluso, no se descarta que se retomen acciones, como la controversia sobre la constitucionalidad del decreto de extinción y auditar a la Comisión Federal de Electricidad ante las denuncias de corrupción, entre otros.
En cuanto al foro que se llevó a cabo en el SME, se abordó la situación de cómo el neoliberalismo ha afectado los derechos laborales de los trabajadores en los países donde se ha aplicado, como en México. Ha reducido los niveles de vida de los empleados y ja llevado a la pobreza a millones de ciudadanos en todo el mundo, a la par que ha generado empresarios más ricosEn indígenas y afroamericanos se sitúa 70% de pobreza, señala el BID
Ambos grupos representan 48% de la población de América Latina
En indígenas y afroamericanos se sitúa 70% de pobreza, señala el BID
Mariana Norandi
Periódico La Jornada
Miércoles 8 de septiembre de 2010, p. 39
Miércoles 8 de septiembre de 2010, p. 39
Indígenas y afroamericanos en América Latina representan 48 por ciento de la población. Sin embargo, debido al alto grado de discriminación y exclusión social, en esos grupos se concentra 70 por ciento de la pobreza de la región, aseguró el representante en México del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ellis J. Juan.
Al participar en el Encuentro iberoamericano discriminación, desigualdad social y exclusión, organizado por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), señaló que en América Latina los mayores índices de desigualdad se originan principalmente por razones de etnia y raza.
Indicó que 8 por ciento de la población es indígena, cifra que equivale a 35 millones de personas, y 40 por ciento afroamericana, es decir, unos 150 millones. No obstante, a pesar de representar casi la mitad de la población, concentran la mayor parte de la pobreza, lo cual se traduce en falta de trabajo digno.
En materia de género, afirmó, ha habido avances en los últimos 30 años, pero a pesar de algunas mejoras en participación laboral o política en 2009, las mujeres ganaban entre 10 y 12 por ciento menos que los hombres por realizar igual trabajo.
Si hacemos una segmentación por raza y etnia el porcentaje se eleva a 40 por ciento, con lo cual ese grupo tampoco accede a trabajos dignos. En consecuencia, como no pagan impuestos, tampoco tienen derecho a servicios, como seguridad social. Esto es una situación insostenible, que además desvincula a esos sectores de la población del Estado y la sociedad.
En México no están incluidos en el censo: Conapred
Ricardo Bucio Mújica, titular del Conapred, entrevistado en el contexto del encuentro, manifestó que un indicador de que en México la discriminación hacia indígenas y afrodescendientes es similar al resto de América Latina, es que los negros en el país ni siquiera están incluidos en el censo de población.
Los afrodescendientes en el país, que podrían ser hasta 450 mil, no están incluidas en el censo de población que se acaba de levantar. Eso es una expresión de falta de importancia, de visibilidad, que se quiere dar a ese grupo, que habita en tres o cuatro entidades y que tiene ciertos mecanismos de exclusión que pueden ser incluso peores que para comunidades y pueblos indígenas
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Agregó que la exclusión y marginación de los indígenas en México es similar a la de la región, ya que en la nación más de 90 por ciento de esa población vive en municipios de alta marginación.
En la ciudad de México, por ejemplo, hay más de 500 mil indígenas y más de 70 por ciento carece de servicios básicos. Los indicadores de marginación, pobreza y exclusión tienen un aspecto absolutamente diferenciado para los indígenas y para las no indígenas en el país, y sobre los afrodescendientes ni siquiera tenemos información
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