Exhorta CDHDF a Estado mexicano a acatar recomendaciones contra agresiones a periodistas
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ImprimirRedacción NotieSe
Ante el aumento de los índices de violencia en el país en contra de periodistas, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) exhortó al Estado mexicano a atender las recomendaciones preliminares de la Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Catalina Botero Marino, y del Relator Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y Expresión, Frank La Rue.
Por medio de la Relatoría para la Libertad de Expresión y Atención a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, la CDHDF expresó su confianza para que las autoridades competentes comiencen a trabajar en los procedimientos y mecanismos necesarios para atender la situación en la que se ejerce actualmente el derecho a la libertad de expresión en México.
Según el documento, los crímenes contra periodistas en México han sido cometidos en su mayoría en entidades federativas que tienen mayores problemas de seguridad provocados por la delincuencia organizada, lo cual impide que estos se asienten en los reportes oficiales de avances en las investigaciones y se señale tajantemente al narcotráfico como principal agresor de las y los periodistas.
La CDHDF consideró que a pesar de que algunos de esos delitos podrían haber sido cometidos por la delincuencia organizada, deben ser investigados a fondo para determinar la responsabilidad del Estado en esta grave situación.
Expuso a los Relatores Especiales su preocupación por la falta de resultados en materia de procuración e impartición de justicia en los asesinatos de periodistas en México, así como en las desapariciones que no han sido esclarecidas.
Así, el organismo capitalino y los Relatores señalaron que el problema de la violencia en México afecta a todos los sectores de la población, pero en el caso de los periodistas y comunicadores tiene efectos multiplicadores que generan zozobra y autocensura al interior del gremio, además de privar a la sociedad de su derecho a estar informada, desalentar la denuncia e incrementar la impunidad.
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