Pluralidad familiar sí, aborto seguro no: Declaración de Guanajuato

Hubo anomalías, reconocen ministros y delegados Admiten que el tema de salud sexual y reproductiva fue “muy polémico” Christian Rea Tizcareño-enviado Foto: Christian Rea Tizcareño León, Guanajuato, agosto 28 de 2010. La Declaración que ayer aprobó el Foro de Gobiernos en la Conferencia Mundial de la Juventud (CMJ) acepta la pluralidad familiar pero excluye la solicitud de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) de garantizar la práctica de aborto seguro. Además, delegados y ministros que participaron en el debate reconocieron en entrevista que el proceso por el cual se elaboró el documento final, tuvo múltiples anomalías, y en la discusión, uno de los temas más polémicos fue el de salud sexual y reproductiva. Lidimar Machiques, directora de Relaciones Internacionales del Instituto Nacional del Poder Popular de la Juventud de Venezuela, refirió que el comité organizador del evento –encabezado por el gobierno mexicano–, si bien entregó con cerca de 12 horas de anticipación la versión en inglés de la Declaración, la traducción en español fue distribuida “a destiempo”, tan sólo 45 minutos antes de votarla en el pleno. Venezuela se va satisfecha con el “encuentro de la unidad”, pero hará llegar sus reservas del documento a través de la cancillería, y es que según la funcionaria chavista es necesario tomar en cuenta a la ciudadanía “desde las bases del poder popular”. En cuanto al tema de educación, Machiques consideró que Venezuela puede exportar a otros países su experiencia de haber cumplido ya la meta en este rubro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, pues en 2006, esta nación sudamericana fue declarada “libre en analfabetismo”. Entre los más de 100 delegados y los 35 ministros del mundo, el tema de salud sexual y reproductiva fue “muy polémico”, calificó la venezolana. Álvaro Quispe Pérez, secretario Nacional de la Juventud de Perú, admitió que a pesar de la “armonía de criterios”, hubo “temas muy sensibles”, tales como la salud sexual y reproductiva, así como asuntos de carácter político y religioso. Marco Antonio Midence, secretario ejecutivo de Instituto Nacional de la Juventud de Honduras, opinó que en cuanto al aborto, su país está a favor de la salud integral, “siempre con el respeto irrestricto al derecho a la vida y siempre con la promoción de estilos de vida saludables”. Simón Cazal, delegado de Paraguay, remarcó que Sudamérica metió reservas a la Declaración de León, Guanajuato, para incluir las conclusiones votadas durante la CMJ por las ONG. El activista de la organización Somos Gay denunció que la presidencia del Foro de Gobiernos, a cargo de la administración federal, “obstaculizó de manera arbitraria el proceso de discusión, se cerró absolutamente a los temas. Imponían y bajaban línea”. Rubén Pinto López, representante de la delegación de Bolivia, mencionó que la Declaración final no recoge “principios de carácter progresista”. En consecuencia, este país se reservó diversos puntos del documento, sobre todo para incluir la perspectiva de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Al referirse a las manifestaciones en contra de la interrupción del embarazo y de las uniones homosexuales, Andrés González, delegado juvenil de Costa Rica, refirió que la libertad de expresión es un derecho “de todo mundo, pero ellos no están bien informados de lo que sucedió aquí. No sólo se trataron los temas a los que ellos se oponen”. El delegado uruguayo Nicolás Iglesias Schneider, coordinador continental de la Pastoral Juvenil del Consejo Latinoamericano de Iglesias, afirmó que el aborto ilegal condena a las mujeres más pobres a interrumpir embarazos no planeados “en condiciones que atentan contra su vida”. En cuanto a los derechos del colectivo lésbico-gay, el activista sudamericano comentó que en su país existe una nueva ley de adopción que reconoce este derecho a las parejas del mismo sexo, pues lo que determina la capacidad de ser padre o madre no es la orientación sexual, sino la capacidad de criar niños “en un ambiente adecuado”. Ruth Sandel, del Consejo de la Juventud de España, consideró que la Declaración de ONG de la CMJ “está a la altura de lo que necesitamos y exigimos: los mismos derechos, seamos de donde seamos”.