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viernes, 8 de marzo de 2013

Ordena el Ifai al INM informar sobre despedidos por violación de derechos




Ordena el Ifai al INM informar sobre despedidos por violación de derechos
Karina Avilés
 
Periódico La Jornada
Viernes 8 de marzo de 2013, p. 24
El Instituto Nacional de Migración (INM) deberá revelar el número de sus empleados que han sido sancionados, procesados y dados de baja por violentar los derechos humanos de indocumentados durante el sexenio de Felipe Calderón, de acuerdo con una resolución del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai).
El INM se dijo incompetente para dar dicha información; argumentó que el solicitante debía acudir a la Secretaría de la Función Pública (SFP). Sin embargo, el Ifai señaló que la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos señala que al haberse realizado un proceso de responsabilidad administrativa que tenga como consecuencia una sanción, siempre se le notificará al jefe inmediato o al titular de la entidad, que en este caso es el INM.
Así, el instituto de migración es el que ejecuta las sanciones derivadas de procedimiento de responsabilidad administrativa sustanciado por la SFP, apuntó el Ifai.
Por otro lado, en el caso de los funcionarios procesados, el contralor interno o el titular del área de responsabilidades podrán requerir a las dependencias involucradas la información y documentación que se relacione con la presunta responsabilidad.
De este modo, el pleno del Ifai revocó la incompetencia expresada por el INM y lo instruyó a realizar una búsqueda exhaustiva de los documentos que den cuenta de los empleados sancionados por violar los derechos humanos de los migrantes.
En dichos informes se deberá detallar el año, puesto, sanción o investigación que se les haya iniciado, de 2006 al 7 de septiembre de 2012.
En cuanto a los servidores procesados, el Ifai también revocó el argumento de incompetencia y ordenó al INM entregar los datos requeridos, en los cuales no podrá omitir a la Dirección General de Administración y a la Dirección General Jurídica de Derechos Humanos y Transparencia

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