Christian Rea Tizcareño
México DF, agosto 31 de 2010.
Diversos tribunales de derechos humanos en el mundo han coincidido que los embriones no son personas, y por ende, aún no son sujetos del marco jurídico existente, señaló Bernard Dickens, profesor de la Universidad de Toronto.
Durante el seminario “Protección a la vida, aborto y derechos humanos”, efectuado ayer en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el académico canadiense sostuvo que los nonatos carecen de derechos como personas.
Según las leyes que defienden la vida desde la concepción hasta la muerte natural, “resulta que ahora tenemos a una persona incrustada en el cuerpo de otra persona. Nunca antes habíamos tenido eso”, comentó el experto.
De las reformas constitucionales antiaborto aprobadas en 17 estados de México durante los últimos meses, la ley vigente hoy en Baja California considera a los embriones como nacidos, de manera tal que de acuerdo con la Convención sobre los Derechos del Niño –firmada por el gobierno mexicano–, la cual, ordena registrar la identidad de cada persona, todos los productos en gestación tendrían que ser dados de alta como integrantes de la sociedad, en calidad de infantes, ironizó.
En la conferencia magistral “Personalidad jurídica del embrión/feto: implicaciones jurídicas”, el doctor canadiense mencionó que las reformas opositoras a la interrupción del embarazo, además de provocar décadas de cárcel a la población femenina, científicos y servidores de la salud, podría ser pretexto para prohibir viajar a las mujeres, en virtud de que un niño requiere del permiso de sus padres para salir a otra jurisdicción. Si hay divorcio o separación, la custodia del nonato tendría que ser asumida por uno de los dos miembros de la pareja, analizó.
Si el feto es una persona, se tendría que prohibir entonces a las embarazadas de los 31 estados de la República viajar al Distrito Federal, debido a que en la capital del país la ley sobre aborto “es más liberal”. Si una mujer interrumpe su preñez en el DF, ¿puede ser enjuiciada cuando regrese a su estado?, cuestionó.
Por su parte, el abogado mexicano Pedro Morales Aché, indicó que detrás de la penalización del aborto no está la defensa de la vida, sino “un problema de misoginia institucional”.
Las leyes que penalizan el aborto pretenden construir sujetos subordinados únicamente a la reproducción de la especie, argumentó.
“Necesariamente tendrán que prevalecer los derechos fundamentales de las mujeres, sin que esto implique un desconocimiento de que la vida en gestación es un valor constitucional digno de toda protección”, destacó Morales Aché.
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